El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha declarado este martes durante dos horas ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, en relación a la supuesta adjudicación fraudulenta de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles (Madrid). Tras oír su declaración, el fiscal del caso, Carlos Yáñez, ha decidido no pedir ninguna medida cautelar para él, según las fuentes.

Villar Mir ha llegado sobre las 09:30 horas a la Audiencia Nacional acompañado de su abogado para declarar en calidad de investigado en relación a la tercera pieza del caso Lezo,en la que se investiga la adjudicación del citado tren, una obra que nunca se llegó a realizar.

Según han informado fuentes jurídicas, el expresidente y máximo accionista de la constructora ha dado su versión sobre los hechos en una declaración que se ha prolongado alrededor de dos horas y de la que de momento no ha trascendido nada al encontrarse bajo secreto de sumario.

También están citados para este martes en calidad de investigados el exdirector del departamento de construcción de OHL Rafael Martín Nicolás y Jesús Trabada, ex consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), encargada de valorar los candidatos que optaban a la obra.

García Castellón investiga el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren y en el que, según la investigación, podrían estar involucrados el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid (también imputado) e Ignacio González, encarcelado por este caso.

En unas anotaciones de López Madrid que obran en la causa figura que el yerno de Villar Mir, que estaba en OHL cuando la constructora optaba al concurso, tendría que dar unas indicaciones a Trabada acerca "de un tercero llamado Nacho", que podría referirse al expresidente madrileño.

Sobre esa presunta dádiva, en dos conversación pinchadas, Ignacio González asegura que López Madrid le había dicho que se había pagado una comisión por la operación y que desde la dirección de OHL pensaban que iba destinada al expresidente madrileño, pero que luego descubrieron que no.

"Javier López Madrid le habría dado a Ignacio unos detalles muy concretos sobre el pago de la comisión: se habría pagado desde México a una cuenta en Suiza relacionada con Adrián de la Joya (un empresario imputado en la causa)", relata el juez en un auto.

OHL niega trato de favor en la adjudicación

OHL ha asegurado este martes que no hubo ningún trato de favor en la adjudicación y desarrollo de la construcción de la línea ferroviaria entre las localidades madrileñas.

Tras recibir un requerimiento de información por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), OHL abrió una investigación interna que le permitió identificar dos transferencias que sumaban 2,5 millones de dólares a Lauryn Group, sociedad a la que se relaciona con el supuesto pago de la comisión.

Pese a que dichas transferencias no presentaban indicios de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales, OHL decidió ampliar la investigación.

"Del examen de los antecedentes que obran en OHL en relación con el proyecto de Cemonasa se deriva con claridad y rotundidad que no hubo ningún tipo de indicio de trato de favor en la adjudicación y desarrollo de este proyecto", han asegurado hoy fuentes de la compañía, que han defendido que la sociedad siempre actúa con total transparencia y sujeción a la ley.

En ese sentido, fuentes conocedoras del procedimiento de licitación de la línea ferroviaria, han asegurado que OHL no recibió "exceso de puntuación" en relación al resto de ofertas en lo que respecta a los criterios "subjetivos" -organigrama, proyecto de obras y programa de explotación-, en los que quedó segunda.

Por contra, fue la única que sacó la máxima puntuación en la valoración de criterios objetivos al presentar la mejor oferta en términos de asunción de riesgos y condiciones de reequilibrio.

En la actualidad, Cemonasa se encuentra en liquidación y OHL reclama a la Comunidad de Madrid el pago de 370 millones por la inversión ejecutada (320 millones) y daños y perjuicios (50 millones).

Por su parte, la Comunidad de Madrid abrió un expediente de resolución de contrato a Cemonasa por incumplimiento de las obligaciones en las obras de ampliación y soterramiento de la línea C5 de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, por la que prevé reclamar más de 300 millones de euros.