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El caso de Íñigo Errejón evidencia que las víctimas de violencia machista lo son incluso si no denuncian

La exigencia social y mediática de que exista una denuncia penal para poder considerar a una mujer como víctima de agresión sexual o maltrato machista choca con lo que dice la ley.

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Manifestación convocada por la Plataforma 8M en la Plaza Tarraco, en Tarragona, el 8 de marzo de 2023. — Fabián A. Pons / Europa Press

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Si a una persona la atracan en la calle y decide no denunciarlo, ¿deja de ser víctima de un atraco? "La respuesta es que no. Lo mismo ocurre con una víctima de violencia machista, que no pierde la condición de damnificada por el hecho de no denunciarlo ante la Policía o en un juzgado".  

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Este ejemplo que expone la jueza Gloria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), sirve para entender lo que ha sucedido en el caso de Íñigo Errejón, en el que varias mujeres, entre ellas la actriz Elisa Mouliaá, han contado en una red social anónimamente su experiencia de violencia machista y han señalado al exportavoz parlamentario de Sumar.

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Esos testimonios, en concreto el de Mouliaá, que posteriormente dio a conocer su identidad, han servido para que Errejón dimitiera la mañana de este pasado jueves y que queden al descubierto las violencias machistas que haya podido infligir. 

Esa misma noche, después de que algunos medios de comunicación plantearan dudas sobre la veracidad de unas acusaciones sin el sustento de una denuncia formal, la actriz presentó finalmente una denuncia ante la Policía

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La denuncia, que describe un episodio de agresión sexual —penado en este caso concreto con entre uno y cuatro años de cárcel —, sucedido en septiembre de 2021, ya está en manos de un juez.

No todas las víctimas denuncian

"La decisión de una víctima de no denunciar no la convierte en menos víctima que otra que sí denuncia", dice Gloria Poyatos en relación a que una mujer agredida sexualmente sigue siendo víctima aunque decida no denunciar penalmente a su agresor. Y pone el foco en los motivos por los que en algunos casos estas víctimas deciden no denunciar formalmente: el riesgo de revictimización [cuando la víctima vuelve a revivir el trauma a través de interrogatorios inquisitivos] y la tolerancia social de ciertos comportamientos sexuales masculinos que inciden en que estas mujeres no sean creídas. 

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"El riesgo de revictimización actúa de repelente y las víctimas no se atreven a denunciar"

La magistrada considera que el sistema penal español "no está pensado para la víctima, no representa a todas las víctimas". El recorrido judicial —y, en paralelo, el mediático, en muchos casos—, con la exposición de la víctima a los interrogatorios y a la pérdida de su intimidad, además de los largos plazos judiciales, no es el medio idóneo para una mujer víctima de violencia machista. "Ese riesgo de revictimización institucional y social actúa de repelente y las víctimas no se atreven a denunciar ante la Policía o un juzgado", explica la jueza. 

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¿Quién es víctima, según la ley?

La legislación española indica que para ser reconocida como víctima de violencia machista no es imperativo interponer una denuncia en un juzgado. La resolución de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género de 11 de noviembre de 2021 reglamentó las condiciones para el reconocimiento a efectos de las Administraciones Públicas de la condición de víctima de violencia machista; la situación de no haber presentado una denuncia penal figura entre ellas. 

"Ser víctima no depende de una denuncia, sino de que exista una base fáctica de que los hechos han ocurrido"

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De cara a poder obtener recursos económicos y sociales, como asesoría jurídica, este reconocimiento público es esencial para las víctimas que hayan decidido no acudir a los tribunales, expone la abogada Laia Serra, abogada penalista especializada en violencias machistas y en derechos humanos. 

"Más allá de los servicios públicos, ser víctima no depende de una denuncia, sino de que exista una base fáctica de que los hechos han ocurrido", aclara Serra, que advierte de que "no se puede mezclar la condición de víctima jurídica, con la condición de víctima social o la condición de víctima de cara al circuito administrativo. Es importante distinguir esos planos". 

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El poder de los testimonios

Para el abogado Isaac Guijarro, confundador de Olympe Abogados, un bufete feminista, "a nivel social, una denuncia anónima en una red social tiene tanto poder como una denuncia penal y puede desencadenar la dimisión de un político, como ha ocurrido en este caso". 

"Son denuncias que se hacen en canales alternativos porque las víctimas tienen miedo"

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En el caso de Íñigo Errejón, existen en torno a una docena de testimonios de mujeres recogidos por la periodista Cristina Fallarás, colaboradora de Público, en su cuenta de Instagram, que refieren conductas de violencia machista por parte del ya exdiputado de Sumar. "Son denuncias que se hacen en canales alternativos porque las víctimas tienen miedo y no confían en los canales oficiales o institucionales", indica Isaac Guijarro.

Hace más de un año, en junio de 2023, una usuaria anónima denunció en X (antes Twitter) haber sufrido un episodio de acoso por parte del político durante la celebración de un festival, en esa ocasión citándole directamente. En el hilo, que fue eliminado posteriormente, la mujer denunciaba tocamientos no consentidos.

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"El pasado sábado 17 de Junio viví una situación muy incómoda con Íñigo Errejón (...) que se podría clasificar como agresión sexista. No sé si esto llegará a algún sitio, pero yo me siento con el deber de contarlo. También agradecería mucho la difusión", apuntaba entonces. 

La periodista Cristina Fallarás explica a este diario que todos los testimonios recabados apuntan a comportamientos sexuales que denotan una posición de abuso de poder y maltrato psicológico.

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