La jueza instructora del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, Mercedes Alaya, ha acusado al PP y al PSOE de haberla apartado de esta y del resto de las macrocausas que juzgaba por "el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación". Asimismo, la magistrada ha señalado que recibió "presiones políticas" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y del exvicepresidente Alfonso Guerra.

En una entrevista en ABC, la jueza cuenta que cuando instruía varias macrocausas -el juicio de los ERE, los cursos de formación, el juicio del Betis- se planteó la posibilidad de aspirar a una plaza en la Audiencia de Sevilla, por lo que recabó "el compromiso expreso" de "todos los órganos jurisdiccionales" de que se le iba a mantener la comisión de servicio para poder acabar la instrucción.

"Sobre todo (el compromiso) del CGPJ y de la Presidencia de la Audiencia Provincial", ha señalado Alaya, pero se dio cuenta posteriormente de que "todo fue un burdo engaño" porque tanto los vocales del PSOE como del PP en el Consejo "votaron" de manera unánime "para que yo no siguiera" con dichos procedimientos.

A su juicio, la causa real de que no se le concediera la comisión de servicio no fue el caso de los ERE "porque la pieza principal estaba íntegramente instruida" sino "el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación", algo sobre lo que, en su opinión, existía "un acuerdo político" entre PSOE y PP.

El acuerdo, según Alaya, consistía en que el PSOE se mantuviera "fuerte" en Andalucía y, a cambio, "dejar al PP en el resto de las comunidades autónomas", e incluso la magistrada admite que se puede llegar a plantear que "las ilicitudes" de los cursos de formación se pudieran estar produciendo también en otras autonomías.

Durante la instrucción de las macrocausas, Alaya dice que "por supuesto" recibió "presiones políticas". ¿Cómo? "A través de las manifestaciones constantes en prensa por parte de los políticos, como cuando Alfonso Guerra dijo que yo estaba vinculada al PP, o que tenía una relación especial con Juan Ignacio Zoido, extremos totalmente alejados de la realidad, o como cuando Susana Díaz contactó con el CGPJ para sugerir o protestar en relación al caso de los ERE", ha relatado la jueza.

La magistrada añade que "lo de la presidenta de la Junta de Andalucía fue muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE, y que ya venía evidenciándose en las diferentes macrocausas que instruía al denotarse un menor interés acusatorio.

Por último, subraya que Díaz "podría incurrir en un delito de malversación si no reclama" el dinero malversado en el caso de los ERE.

Tras estas declaraciones, el PSOE-A ha negado rotundamente las acusaciones de la jueza Mercedes Alaya sobre las presuntas presiones políticas al CGPJ de Susana Díaz, mientras que el PP-A también ha rechazado que pidieran apartarla de la investigación de los cursos de formación, garantizando que querían que continuara.