Nadie quiere especular en el Gobierno ni en el PSOE de qué pasaría si el Tribunal Supremo decide investigar al vicepresidente segundo y secretario general de Unidas Podemos, Pablo iglesias, por el llamado “caso Dina" y pide el suplicatorio al Congreso de los Diputados. Y es más, existe el convencimiento mayoritario de que eso no va a ocurrir.

Sin embargo, tampoco se oculta que si eso pasa finalmente, el presidente del Gobierno tendrá que tomar una difícil decisión en torno a si mantiene o no en su Ejecutivo a un miembro al que se pide investigar por uno o varios delitos, y que cualquier postura que adopte convulsionará al Ejecutivo.

En el Gobierno de Sánchez nunca se ha dado una situación similar. Aunque hay que recordar que por escándalos de otro tipo, como los que afectaron al primer ministro de Cultura de su Gobierno, Maxim Huerta; y a la ministra de Sanidad, Carmen Montón; Sánchez no dudó en forzar su dimisión.

Sin embargo, como líder del PSOE, Sánchez sí ha tenido que tomar decisiones ante dirigentes investigados de su partido, en su mayoría por casos de corrupción (lo que no es la situación por la que el Supremo podría pedir investigar a Iglesias) y, en todos ellos, el dirigente socialista optó por apartarlos del partido.

Una de sus primeras y más controvertidas decisiones fue cuando estalló el escándalo de las “tarjetas black”. Sánchez llevaba pocos meses como secretario general del PSOE, pero tomó la contundente decisión de que los diez dirigentes socialistas, que ya estaban empezando a ser investigados por la Justicia por el uso fraudulento de estas tarjetas, fueran expulsados de forma inmediata del partido.

Sánchez, además, ni siquiera argumentó el proceso judicial para justificar su expulsión, sino que indicó que la aceptación y el uso que dieron a esta tarjeta ya suponía un comportamiento poco ético para un socialista.

La decisión tuvo su polémica interna, porque entre los expulsados estaba el ex ministro y rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Virgilio Zapatero, un histórico del PSOE que contaba con todo el apoyo de la vieja guardia socialista.

El pacto del "caso ERE"

También estuvo tajante cuando el “caso ERE” empezó a avanzar por la vía judicial y se vieron investigados dos presidentes de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sánchez pactó con ellos y con la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, que ambos deberían dimitir si eran imputados (sinónimo ahora de investigado) en el caso. Y así lo hicieron a finales de junio de 2015. Chaves dejó su escaño en el Congreso, y Griñán en el Senado. Además, también dimitieron de todos sus cargos otros consejeros y altos cargos del partido, entre ellos, otro histórico del PSOE como Gaspar Zarrías.

  Un año después, cuando se les abrió juicio oral por este mismo caso, ambos renunciaron a su militancia en el PSOE para evitar que se les abriera un expediente de expulsión, tal y como marca el Código Ético del PSOE para estos casos, un Código que impulsó el propio Sánchez nada más llegar a la dirección del partido.

Pero ha habido más casos. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE también expulsó al alcalde de Linares en agosto de 2018 por presuntas irregularidades económicas en el ayuntamiento; o al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que estaba siendo investigado por una caso de malversación y prevaricación.

Todas estas decisiones fueron impulsadas directamente por Sánchez, aunque ni en el Código Ético del PSOE se contempla la expulsión o pedir la dimisión de un dirigente investigado en una causa judicial, y sólo se debe adoptar esta decisión si se abre juicio oral.

Por todo ello, y con estos precedentes, dirigentes socialistas consultados por Público, admiten que ven difícil que Sánchez opte por mantener en el Gobierno a Pablo Iglesias si el Supremo ve indicios de delito en su actuación en el “caso Dina” y pide el correspondiente suplicatorio al Congreso, aunque no se trate de un caso de corrupción, lo que no deja de ser un matiz muy importante. No obstante, nadie se atreve a vaticinar qué haría el presidente.

De momento, ahora sí hay un apoyo claro al vicepresidente, tanto en el Gobierno como en el PSOE, y existe el convencimiento mayoritario -al igual que el que tiene Iglesias- de que el Supremo devolverá la exposición motivada al juez y dejará fuera de la causa al vicepresidente. De hecho, el propio presidente del Gobierno ratificó este jueves, por segunda vez,  su apoyo a Iglesias.

El problema y la preocupación es que, de no ser así, el Gobierno de coalición se tambaleará gravemente y habrá serias turbulencias, sea cual sea la decisión que tome Sánchez.