Lo que empezó como un juego puede convertirse en un grave problema. La proliferación de las máquinas de apuestas deportivas supone un nuevo riesgo que las instituciones analizan cómo atajar. El Parlamento vasco dará este jueves otro paso en ese camino: a partir de una propuesta inicial de EH Bildu, la Cámara autonómica llamará a tomar medidas de control para evitar que la ludopatía se confunda con la pasión por el deporte.

Se trata de una industria floreciente: diez años después de que se abriera la primera casa de apuestas deportivas del País Vasco, el negocio está extendido hoy a lo largo de la comunidad autónoma, aunque tiene sus limitaciones: el Gobierno Vasco fijó que solo tres empresas pueden ofrecer este tipo de apuestas. El propio Ejecutivo reveló que durante 2017 hubo en Euskadi la friolera de 36 millones y medio de apuestas deportivas, lo que supuso un gasto de 340 millones de euros.

Crecen las apuestas y también los problemas. En las asociaciones que trabajan a diario en este ámbito comprueban cómo aumentan las personas jóvenes que requieren ayuda debido a su adicción a las apuestas deportivas. A falta de datos concretos, un estudio elaborado en 2010 por el Gobierno Vasco hablaba ya de un 2,5% de la ciudadanía afectada por esta adicción.

En ese contexto, la Cámara vasca abordará este jueves una proposición no de ley presentada por EH Bildu para tratar de atajar este asunto. En el texto, la coalición independentista propone instar al Gobierno Vasco a que “estudie, en el plazo de tres meses, la viabilidad de adoptar medidas de control para utilizar máquinas de apuestas y máquinas tragaperras y, en caso de ser viable, que proporcione mandos para activar las máquinas, para impedir su uso por parte de menores”.

Además, la coalición abertzale plantea que el Gobierno “realice una campaña de concienciación acerca de los efectos negativos que puede acarrear el uso de máquinas de apuestas y máquinas tragaperras, entre otros, en todos los centros docentes y universidades de la Comunidad Autónoma vasca”.

Por su parte, Elkarrekin Podemos ha presentado una enmienda de adición en la que propone también “establecer limitaciones de publicidad, promoción y patrocinio de empresas vinculadas a las apuestas deportivas en los medios de comunicación públicos de la Comunidad Autónoma vasca, en actividades institucionales que cuenten con financiación pública o que se realicen haciendo uso del espacio público, y en terrenos o estadios deportivos así como en las indumentarias de los equipos deportivos vascos”.

Del mismo modo, Elkarrekin Podemos plantea “estudiar la posibilidad de limitar el aumento desregulado de máquinas de apuestas deportivas y máquinas tragaperras en las inmediaciones de centros escolares, culturales, juveniles y en otros similares que puedan requerir protección derivada de las condiciones personales de sus usuarios”.

Plan de acción

Por su parte, los grupos parlamentarios de PNV y PSE –que gobiernan en coalición en Euskadi- han formulado otra iniciativa, dirigida a que “una vez constituido el Observatorio Vasco del Juego”, el Gobierno autonómico “elabore en el plazo de ocho meses un estudio sobre la situación del juego en Euskadi, con especial consideración a su afección a las personas menores de edad”. Dicho informe “será remitido a los órganos de participación del ámbito del juego y de las adicciones en Euskadi”.

En función de los resultados, PNV y PSE plantean que el Ejecutivo elabore posteriormente un plan de acción orientado a “evitar el acceso al juego a personas menores y a aquellas que lo tengan prohibido”, así como a “reducir los riesgos asociados a uno uso inadecuado del juego”. Para ello, ambas formaciones proponen también “concienciar y sensibilizar sobre los riesgos del juego y de las adicciones sin sustancia en general, especialmente en el ámbito educativo”.

Fuentes parlamentarias indicaron a Público que los distintos grupos políticos están trabajando en torno a un acuerdo que permita sacar adelante una serie de medidas de control “en el sentido que plantea la iniciativa original” de EH Bildu. Euskadi se sumará así a las distintas comunidades autónomas que actualmente debaten o impulsan acciones para tratar de frenar este grave problema.