Carles Puigdemont JxCat, ERC y CUP piden un pleno urgente para "garantizar" la investidura de Puigdemont

JxCat, ERC y la CUP han pedido la celebración de un pleno urgente para aprobar dos propuestas de resolución conjuntas para que el pleno del Parlament se comprometa a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar" que el expresidente Carles Puigdemont pueda "ejercer sus derechos políticos",incluido "el derecho a someter a debate y votación plenaria su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat"

Las iniciativas también piden las mismas medidas para garantizar los derechos parlamentarios y la investidura del actual candidato a la investidura, Jordi Turull, y del excandidato y exdiputado Jordi Sànchez.

La propuesta de resolución sobre la "liberación y garantía de los derechos políticos de los diputados procesados", registrada hoy en el Parlament con la firma de Elsa Artadi (JxCat), Sergi Sabrià (ERC) y Carles Riera (CUP), reclama la "puesta en libertad inmediata" de los diputados y exdiputados soberanistas encarcelados.

La resolución podría votarse esta misma semana en un pleno extraordinario que el presidente del Parlament, Roger Torrent, podría convocar en las próximas horas.

La portavoz de JxCat, ha explicado este lunes que su grupo parlamentario busca ahora la fórmula para que Carles Puigdemont sea un presidente no "simbólico" sino "de verdad".

Después de que el domingo la CUP se ofreciera a incorporarse a la Mesa del Parlament para "facilitar" una investidura a distancia de Puigdemont, pese a las medidas cautelares que impuso el Tribunal Constitucional para impedir tal posibilidad, hoy Artadi ha abierto la puerta a que el líder de JxCat, detenido en Alemania, sea reconocido como president.

"Con los elementos que tenemos, tenemos que ver cómo hacemos presidente a Puigdemont. Presidente no solo simbólico, presidente de verdad", ha afirmado en una entrevista en TV3.

Artadi ha dicho que ahora hay "elementos nuevos" sobre la mesa y ha hecho referencia a un escrito del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que pide al Estado español que "tome todas las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos", a la espera de resolver el fondo de la denuncia cursada el pasado 21 de marzo por el abogado de Sànchez.

"Estas actuaciones judiciales constituyen una clara vulneración de sus derechos fundamentales a la participación y la representación políticas y de las prerrogativas de este Parlament", añade.

JxCat, ERC y la CUP señalan que "los mismos criterios" que se apuntan en las "medidas cautelares" planteadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con Sànchez son "aplicables a todos los diputados" que se encuentran privados de libertad.

"El presidente Puigdemont es el candidato de JxCat y siempre lo ha sido", ha agregado Artadi, que ha sentenciado que "es evidente" que "siempre" será su candidato a la presidencia de la Generalitat. Ha recordado así que Puigdemont renunció "de forma provisional" a ser investido para el cargo cuando propuso a Sànchez como candidato.

ANC pide "reacción política"

La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha considerado hoy que es necesaria "una reacción política" que encuentre "los mecanismos" para que la mayoría parlamentaria independentista "ratifique" a Puigdemont como presidente de la Generalitat.

En una entrevista en TV3, Paluzie ha dicho que investir como president al líder de Junts per Catalunya (JxCat) sería "un mínimo gesto de dignidad y responsabilidad", y ha remarcado el "clamor" que hubo en este sentido en las manifestaciones independentistas de ayer.

"Si se convocaran elecciones, o lo que fuera, al menos iríamos desde una posición de fuerza. Ahora no se ponen de acuerdo y nos encontramos en una debilidad absoluta", ha señalado en referencia a las fuerzas independentistas y en el supuesto de que finalmente no fuera posible investir a Puigdemont.

Por otra parte, Paluzie ha indicado que las movilizaciones de este domingo buscaban "apelar a los valores europeos", ya que "querían enviar un mensaje muy claro: que la euroorden no debe utilizarse para tener presos políticos".