ExclusivaLa capitana expulsada del Ejército tras denunciar acoso de género usa su última bala recurriendo a la ministra Robles

Denunció a altos mandos militares intocables amparándose en el Protocolo de Actuación Frente al Acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, y acabó siendo ella la que se encontró imputada penalmente (porque la acusaron de delitos de injurias, calumnias y deslealtad por denuncia falsa, buscando enviarla a prisión), pese a que los hechos denunciados quedaron probados como ciertos por Auto del Juzgado Togado Militar Nº32.

Recurrió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien le reconoció que la situación que padecía era "una barbaridad" y prometió arreglarlo, indicándole que "cumplió con su deber", animándola a seguir denunciando y comunicándole, junto con la Directora de Personal de las Fuerzas Armadas, que toda mujer militar tiene el deber de denunciar hechos así.

Pero finalmente no le fue reconocido el acoso laboral sufrido y la enviaron a retiro por "insuficiencia de condiciones psicofísicas ajena a acto de servicio por enfermedad diagnosticada de trastorno adaptativo ansioso depresivo", mediante un informe de la Junta Médico Pericial en el que se admite que eso "guarda relación en su génesis, con estresores del ámbito laboral".

Es decir, tras 28 años de carrera intachable en las Fuerzas Armadas (por la que fue galardonada con la Medalla al Mérito Militar y contó con acreditación para tramitar material clasificado como encargada la Sección Segunda del Regimiento de Caballería España 11), la capitana Lourdes Cebollero termina ahora su trayectoria militar saliendo del Ejército por la puerta trasera, con su reputación y honor dañados, y sin el reconocimiento que merece. Y todo porque "cumplió con su deber", según la ministra de Defensa.

Hoy, tras cuatro años de calvario judicial en el que, según denuncia, ha visto violados sus derechos constitucionales fundamentales, obstruidas todas las vías jurídicas a su alcance, denegado el acceso a la Información Previa archivada, y vulnerados los principios legales del propio Protocolo de Actuación frente al Acoso, a la capitana Cebollero no le queda más que un última bala, antes de acudir al Tribunal Constitucional y después a la Justicia Europea: el recurso extraordinario de revisión contra la resolución que dictó en 2018 la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, poniendo fin a la vía administrativa y disponiendo que la intrusión de varones en los vestuarios de mujeres no es motivo de reproche ninguno.

Se conculcan los tres principios básicos del Protocolo de Acoso

Público ha tenido acceso a ese recurso extraordinario, presentado ante la hoy ministra Robles (que debe emitir respuesta antes del próximo 10 de julio), en el que se detallan todas las irregularidades procesales, e incluso actuaciones ilegales, cometidas para encubrir a los mandos que denunció ante la Unidad de Protección al Acoso: el coronel F.A.F., delegado de Defensa en Aragón, y el teniente coronel R.F.S., responsables de autorizar que los hombres accedieran a cualquier hora del día a los vestuarios femeninos de la unidad para dejar allí sus bicicletas particulares, pese a que el acuartelamiento tenía sus propias instalaciones para aparcar bicicletas. Porque les era más cómodo que subir unas escaleras y eso era más importante para el coronel que la privacidad de las mujeres militares en sus vestuarios.

En este recurso final, la capitana Cebollero expone cómo en su caso se conculcaron los tres principios fundamentales del Protocolo frente al Acoso en las Fuerzas Armadas ("confidencialidad, indemnidad frente a las represalias y celeridad en las actuaciones") con el fin, según sostiene, de encubrir al coronel F.A.F., quien fuera protegido del recientemente fallecido teniente general Juan Antonio Álvarez Jiménez (exdirector de la Academia General Militar).

Para empezar, se incumplió el tratamiento reservado de las denuncias que dispone el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, infringiendo así la Resolución de 28 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se establece el Protocolo de Actuación frente al Acoso en la Administración General del Estado:

"Las personas que intervengan en el procedimiento tienen obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deben transmitir ni divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en proceso de investigación de las que tengan conocimiento" (Apartado II, punto 2.4)

El instructor alertó a los denunciados antes de investigarlos

Todo lo contrario, el instructor (coronel Díaz Santos Morales) entregó materialmente la denuncia a cada uno de los denunciados, identificando a la denunciante y entregándoles además su número de teléfono particular, dos días antes de iniciar su investigación y tomarles declaración. En esas 48 horas, los dos altos mandos interrogaron a los suboficiales que eran los testigos de la denuncia y que estaban jerárquicamente bajo sus órdenes directas.

De hecho, el coronel instructor se arrogó unas atribuciones para las que no estaba facultado y, además, cometió un delito de revelación de secretos al entregar todos los datos a los denunciados, puesto que en esa fecha no se había abierto ningún procedimiento administrativo en el cual ellos pudieran comparecer como interesados, existiendo únicamente en ese momento una Información Previa o reservada.

Más aún, ambos denunciados aportaron esa copia del escrito de la denuncia interpuesta por Cebollero contra ellos como prueba documental en el procedimiento penal que después interpusieron contra ella, intentando que la capitana acabara en prisión. Y eso que meses antes se les había denegado de forma expresa el acceso a esa documentación, al no haberse abierto ningún tipo de procedimiento contra a ellos y haberse decretado el archivo de la Información Previa.

El subsecretario de Defensa negó el principio de confidencialidad

Aunque lo más grave es que el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, acabaría emitiendo una resolución (el 1 de febrero de 2019) en la que conculcaba directamente tanto los principios básicos del Protocolo frente al Acoso como la propia Ley Orgánica de Igualdad, al dictaminar que "la información que se facilitó no es constitutiva de secreto oficial ni de información clasificada" porque "el deber de confidencialidad y el derecho a la intimidad de la dadora del parte ceden ante los derechos e intereses legítimos de las partes implicadas", en flagrante contradicción con lo que disponen el protocolo y la ley citadas.

En su resolución (de la que aquí reproducimos su segunda página), el subsecretario De la Torre argumentó que "el único motivo de entregar a los denunciados una copia de la denuncia fue que pudieran presentar alegaciones ante los hechos que se les imputaba, razón sensata a fin de garantizar sus más elementales derechos de defensa", cuando sabía perfectamente que los denunciados no estaban imputados en absoluto, ya que sólo se había abierto una información reservada, y por tanto no tenían que defenderse de nada en ese momento.

Lo que sí tuvo que reconocer el subsecretario de Defensa es que "se facilitó a los denunciados (Coronel F.A.F. y Teniente Coronel R.F.S.) el teléfono particular de la Capitán Cebollero Andrés. Tal acción, si bien realizada por descuido, no puede quedar incluida en ese derecho a la defensa al que se hacía referencia en el apartado anterior".

Sorprendentemente, Alejo de la Torre daba por supuesto que sólo se ha tratado de un "descuido", por lo que resolvía que no era más que "una infracción de carácter leve" y, por tanto,"tal infracción se hallaría prescrita, lo que es causa de extinción de la responsabilidad disciplinaria". .

“Prevarica al negar que las denuncias de género sean materia protegida”

"El subsecretario prevarica –pero me lo guardo porque tengo diez años para denunciarlo– al decir que las denuncias de género no son materia protegida y que se les pueden entregar a los señores para ejercer la legítima defensa cuando no hay imputación contra ellos", afirma a Público la capitana Cebollero, refiriéndose a que De la Torre dictó una resolución injusta y es difícil creer que no lo hiciera a sabiendas.

"Porque el tema de fondo radica en la evidencia de cómo se trata la denuncia de género cuando se imputa a determinados elementos. Y a este señor, el coronel F.A.F., que venía de donde viene y que tiene los amigos que tiene, había que taparlo", continúa la capitana.

"Que protejan a quien tengan que proteger, pero que no se lleven por delante a tanta gente, porque yo he visto muchos más casos así durante los 18 años en los que he estado tramitando expedientes, que eran el paso previo para echar a cualquier persona que había ido contra el sistema. Porque era capitana instructor de expedientes administrativos y todo aquel que tiene que desaparecer de las Fuerzas Armadas, tanto militar de carrera como soldado profesional, y es cesado por lo que sea, se tapa el asunto con una cuestión médica disfrazada de motivos psicológicos".

La capitana Cebollero subraya que "éste es el último recurso posible que tengo dentro del Ejército, dentro del propio Ministerio de Defensa, porque yo ya tengo que dejar el Ejército como consecuencia de las dos resoluciones militares sobre mí, que son caóticas. Y quien manda en el ministerio es el Asesor Jurídico de la Defensa, porque son los jurídicos los que están tapando las tropelías de determinados elementos. Así que una vez tenga lo que diga la respuesta de la ministra tendré que irme al Constitucional y después, diga lo que diga el TC, saltaré a la Comisión Europea o al Tribunal de Justicia de la UE".

“Al denunciante se le ahoga laboral, económica y psicológicamente”

Lourdes Cebollero está dispuesta a llegar hasta la Justicia europea porque, dice, "es necesario evidenciar cuál es el verdadero tratamiento de la igualdad en el Ejército. Estamos vendiendo unas Fuerzas Armadas integradoras de la presencia de la mujer y eso es mentira. La igualdad se trata en un protocolo que no se respeta, y que no respeta la Asesoría Jurídica del Ministerio. Tanto la resolución de Cospedal (asesorada por el jurídico coronel Antonio Afonso, en la que dice que allí no había pasado nada, y que la intromisión de los hombres dentro de un vestuario femenino no merece ningún tipo de reproche), como la del subsecretario Alejo de la Torre, están poniendo a los pies de los caballos a los políticos".

"Los asesores jurídicos del Ministerio de Defensa se están saltando a sabiendas la Ley de Igualdad, que es Orgánica. Y yo llegaré hasta donde tenga que llegar, porque Defensa tiene un modus operandi devastador: al denunciante, hay que ahogarlo laboral, económica y psicológicamente, hasta que cae. Yo, lo único que quiero ya es que quede de manifiesto el tratamiento de las denuncias de acoso que se hace en el Ejército español".