Cañete mantiene engrasadas las puertas giratorias: dos de sus asesores,vinculados a las energéticas

MADRID.- Miguel Arias Cañete sabe bien qué es verse acusado de incurrir en un conflicto de intereses. De hecho, sus vinculaciones con empresas petrolíferas le hicieron merecedor del rechazo de varias formaciones en la Eurocámara desde el minuto cero, lo que sumado a sus exabruptos machistas casi le cuesta el sillón de comisario europeo de Acción por el Clima y Energía.

Esta es una de las denuncias del nuevo estudio del Observatorio Corporativo Europeo (CEO), al que Público ha tenido acceso en primicia en España. El documento advierte de los esfuerzos de las multinacionales de la energía por lavar su imagen con iniciativas cosméticas, por presionar “en contra de la actuación eficaz en materia de cambio climático”, y por obstruir políticas que habrían podido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hace años.

Guy Lentz es consejero de una firma que no aparece en el Registro de Transparencia de la UE, a pesar de que opera en cuatro países y sólo en 2014 tuvo un volumen de negocios de 1.774 millones.

En el caso del asesor especial del comisario Cañete, Guy Lentz suma al salario pagado por los ciudadanos europeos un sueldo como miembro del Consejo de Enovos Luxemburg, aunque también está en plantilla del Ministerio de Economía del Gran Ducado. Lentz, que previamente pasó ocho años en nómina de la petrolera Shell, es consejero de una firma que no aparece en el Registro de Transparencia de la UE, a pesar de que opera en cuatro países de la Unión y sólo en 2014 tuvo un volumen de negocios neto de 1.774 millones.

De la petrolera a la Comisión

París apenas ha tenido tiempo para cubrirse las heridas de los brutales atentados del viernes cuando ya debe prepararse para acoger la próxima Conferencia del Clima (COP 21). Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre la capital gala será el escenario de una cita decisiva para intentar sellar acuerdos que permitan frenar el cambio climático. Sin embargo, distintas organizaciones de la sociedad civil rebajan las expectativas depositadas en el encuentro, con el precedente de otras citas anteriores en la memoria, y con la suspicacia que les despierta la tolerancia de instituciones y gobiernos a las exigencias de las multinacionales del sector.

Portada del informe.

Mención especial merece también el excomisario de Competencia Joaquín Almunia (de la II Comisión Barroso, saliente en 2014), que ha participado –cobrando- en el Comité Científico responsable del estudio Construyendo la Unión Energética para alimentar el Crecimiento Europeo, encargado por la energética italiana Enel (dueña de Endesa), que también imprimió su logo en cada una de las páginas del documento, y que “posiblemente también lo financió”, según el CEO.

Los eurodiputados, VIPs de las puertas giratorias

Entre los casos resaltados por el Observatorio Corporativo Europeo aparecen también los de un par de eurodiputados, que demuestran que los parlamentarios apenas tienen limitaciones para saltar al sector privado desde sus escaños. Baste el ejemplo del liberal Chris Davies, que hasta 2014 y durante sus 15 años como diputado formó parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Europarlamento (ENVI, por sus siglas en inglés). Es la comisión clave para desarrollar legislaciones medioambientales, la que redacta informes y plantea enmiendas sobre la materia, pero eso no ha servido para que se disparase ninguna alarma cuando Davies montó su propia consultoría en temas medioambientales, aunque entre sus clientes figuren tres empresas que este año han facturado entre 10.000 y 24.999 euros cada una en los servicios de lobby del eurodiputado, o a pesar de que una de ellas, Lexmark International, dedicase entre 300.000 y 399.999 euros a distintas tareas de lobby en 2014.

El caso de varios diputados demuestra que los europarlamentarios apenas tienen limitaciones para saltar al sector privado desde sus escaños

Para luchar contra esta situación, el CEO pide una moratoria de dos años antes de que los eurodiputados puedan aceptar trabajos remunerados como lobbistas que puedan llevarles a incurrir en conflictos de interés, y otra moratoria de tres años para excomisarios y funcionarios de alto rango que les impida ejercer actividades de lobby en casos que puedan siquiera arrojar dudas sobre sus intenciones.