Hace semanas que en Brasil no se habla de otra cosa. Ni el verano del mes de enero, ni las vacaciones en la playa, ni los ensayos de Carnaval han hecho que los brasileños se olvidaran de la fecha señalada: el 24 de enero. Como si de una final de Champions se tratara las hinchadas a favor y en contra se preparan para el que se ha definido como “juicio más esperado del año”. Los medios desmenuzan cada detalle: la seguridad del evento, los actos antes y después del juicio, los intelectuales que apoyan y los que condenan, el perfil de los jueces, y en definitiva, la gran pregunta: ¿Qué se puede esperar de la sentencia del próximo miércoles? Como si en esa respuesta se pudiera entrever el futuro de Brasil. Y en parte, eso también está en juego.

El 24 de enero el ex presidente Lula da Silva será juzgado en segunda instancia ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Porto Alegre (TRF4) donde tres jueces tendrán que analizar la sentencia a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero con la que el pasado mes de julio el magistrado Sergio Moro condenó al ex presidente. Este miércoles tanto Lula como Moro serán juzgados. El primero por los crímenes que le imputan: es acusado de ser el supuesto dueño oculto de un apartamento en la costa de Guarujá que le habría dado la constructora OAS a cambio de que intercediera para conseguir tres contratos entre la constructora y la estatal Petrobras.

Pero Moro y su polémica condena también serán observados con lupa. Desde que el juez de Curitiba dio a conocer su parecer los más de 600 folios de sentencia han sido analizados por juristas de diversos tendencias políticas que coinciden en un mismo adjetivo: frágil. Falta de pruebas, un excesivo protagonismo del magistrado, contradicciones y “vicios” legales son algunas de las críticas. Los tres jueces de Porto Alegre tendrán que optar por anular la sentencia o ratificarla, pudiendo aumentar o disminuir la condena. En sus manos también está el futuro electoral del país, ya que una condena en segunda instancia puede sacar de la carrera presidencial a Lula da Silva, por ahora el candidato favorito en las encuestas para el próximo mes de octubre. Analizamos las seis claves que han hecho de este juicio no sólo el “más esperado del año” sino también el más polémico.

Un "juicio político"

Las formas del juez Moro, encargado de la investigación de Lava Jato, han sido cuestionadas a lo largo de estos dos años. Para algunos son incuestionables, mientras que para otros están muy alejadas del campo jurídico y mucho mas cercanas al mediático e incluso al del espectáculo. Su relación con los medios y el constante goteo de filtraciones de informaciones de sus procesos han provocado que los reos fueran juzgados antes en las portadas de los periódicos que en la sala de la judicatura. La defensa del ex presidente denuncia que ante una “total falta de pruebas” para inculpar a Lula da Silva, el juez habría optado por usar a los medios de comunicación tradicionales (conocidos por ser nada afines al petista) como aliados. A su vez el magistrado antes de anunciar su decisión habría dado a entender en entrevistas ser proclive a la condena del ex mandatario, además de dedicar un tercio de los más de 600 folios de sentencia a explicar que no tendría ninguna animadversión contra el ex líder del PT, una justificación entendida como “absurda e innecesaria” para juristas como Carol Proner, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ).

A su vez, a medida que las acusaciones de corrupción han caído sobre Luiz Inácio Lula da Silva más ganas le han entrado al ex mandatario de volver al ruedo político: “Por limpiar mi imagen”,“porque el pueblo me quiere y puedo volver a sacar adelante al país”, ha repetido en casi todos sus mítines. Pero el momento en que el juez Moro le envió un mandato de detención coercitiva y a la policía a su casa para que el petista testificara (sin necesidad alguna de llegar tan lejos y con todos los medios haciendo la cobertura de la detención) fue cuando el ex metalúrgico de San Bernardo anunció por primera vez la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones de 2018, casi como una respuesta ante la afrenta del magistrado. Pero la condena en manos de Moro y hoy en manos de los tres jueces de Porto Alegre es el camino más rápido para retirar al petista de la carrera presidencial, otro motivo que hace que este juicio se plantee más como un proceso político que jurídico.

La celeridad del proceso

Como si de una partida de ajedrez se tratara los tiempos han sido claves en este proceso, justamente por lo que se juega políticamente el reo. Desde que el pasado mes de julio se dio a conocer la condena en primera instancia de Moro se empezó a especular con posibles fechas en las que el ex presidente podría ser juzgado en segunda instancia. Cuanto más demorara, más posibilidades de que no afectara a la candidatura presidencial. Teniendo en cuenta el histórico del TRF4 algunos apostaban por los meses de abril y mayo en el caso de que los jueces quisieran acelerar el proceso, lo que nadie esperaba es lo aceleraran para el mes de enero. La sentencia de Lula ha pasado por delante de otros siete procesos vinculados con Lava Jato que supuestamente se analizarían antes. Según un análisis de la revista Veja, el TRF4 suele demorar en revisar las sentencias de Lava Jato una media de 390 días, en el caso de Lula da Silva han conseguido estudiarla en 154. La velocidad de esta tramitación ha sido denunciada por los abogados del ex presidente como otra muestra más del cariz político del juicio. El presidente de la Corte del TRF4,Carlos Eduardo Thompson Flores, aseguró que la rapidez era una de las características de su tribunal.  

Protestas en Sao Paulo por la condena de Lula da Silva a 9 años y medio de cárcel /REUTERS

Los vicios de la sentencia

Hay unanimidad entre los juristas en relación a los tres puntos más frágiles de la sentencia del juez Moro. El primero tendría que ver con la incapacidad del magistrado para demostrar que el apartamento de Guarujá perteneciera al ex presidente. El jurista Antonio Carlos da Ponte, de la Universidad Católica de Sao Paulo (PUC) recuerda que “para hacer una sentencia de corrupción pasiva y lavado de dinero se necesitan datos concretos y en ninguna parte hay unas escrituras a nombre de Lula o cualquier otra prueba que lo relacionen como dueño del inmueble”.

Otra de las debilidades que más han llamado la atención ha sido cómo el magistrado no ha logrado señalar cuál sería el acto de oficio, de corrupción pasiva, practicado por Lula a favor de la constructora OAS. Según la sentencia serían “actos indeterminados”, por lo tanto condenaría al ex mandatario por actos que el propio juez desconocería.

El tercer punto más polémico ha sido el hecho de que la culpabilidad del reo se haya basado en la declaración del ex ejecutivo de OAS, Leo Pinheiro, preso desde 2014, y que ya había cambiado su declaración tres veces. Tras firmar un acuerdo de delación premiada que le reduciría la pena, Pinheiro reconoció que el apartamento de Guarujá pertenecería a Lula da Silva. Sin embargo, no presentó pruebas de lo declarado.

El juez Gebran

La defensa de Lula puso el grito en el cielo al saber que uno de los tres jueces que analizarían la sentencia de Moro en Porto Alegre era el magistrado Joao Pedro Gebran Neto, amigo de su homólogo de Curitiba. Los abogados del ex presidente solicitaron diversos pedidos de suspensión para que Gebran no se hiciera cargo y exigieron copias de los certificados de casamiento de Moro y Gebran así como del bautismo de sus hijos, ya que sospechaban que el juez de Porto Alegre fuera padrino de uno de los hijos del de Curitiba. El pedido fue denegado y Gebran alegó que amistad entre jueces de primero y segundo grado no puede llevar a una suspensión.  

El día 24

La sesión la abrirá el juez Leandro Paulsen a las 8.30 de la mañana. Le seguirá el juez Joao Pedro Gebran Neto quien hará la lectura del proceso. Después será el turno del Ministerio Público Federal que hará sus alegaciones en un tiempo máximo de treinta minutos. Luego los abogados de Lula da Silva, cada uno dispondrá de quince minutos para hacer su defensa. Si ninguno de los tres jueces hiciera un pedido de vista que supusiera el aplazamiento del juicio para analizar alguno de los puntos sin fecha de reinicio, la sentencia del TRF4 se sabría en el mismo momento cuando cada uno de los jueces emitieran su voto a favor o en contra. Todavía no está confirmada la presencia del ex presidente en el juicio, puesto que su defensa solicitó que tuviera un tiempo de palabra pero le fue denegado.

Desde el domingo una veintena de autobuses fletados por el Partido de los Trabajadores (PT) desde diversas ciudades del país han partido hacia Porto Alegre para que los afiliados puedan demostrar su apoyo a Lula da Silva. A su vez grupos contrarios al petista como el Movimiento Brasil Libre (MBL) también han organizado excursiones a la capital de Rio Grande del Sur para “celebrar la condena”. El 24 se prevé que coincidan ambos movimientos por lo que la Secretaría de Seguridad de Porto Alegre ha duplicado el número de agentes en la calle y desde el lunes se implantará un esquema de seguridad especial en las inmediaciones del juzgado.

¿Sentencia anunciada?

El pasado mes de agosto más de cien juristas brasileños publicaron un ensayo bajo el nombre de Comentarios de una sentencia anunciada donde daba a entender que la condena del juez Moro era un secreto a voces. La celeridad de los jueces del TRF4 para analizar este proceso “sigue el mismo camino”, asegura la abogada Carol Proner, organizadora de la publicación mencionada. Los medios de comunicación también dan por hecho la condena y lo que se pone en discusión es es si será por unanimidad o si habrá algún voto que inocente a Lula.

Si hubiera unanimidad el ex presidente podría hacer campaña presidencial y anotarse el próximo 15 de agosto como candidato presidencial, pero después su candidatura pasaría a ser analizada por el Tribuna Superior Electoral (TSE) que con la Ley de la Ficha Limpia (que considera inelegibles a los candidatos condenados por crímenes contra la administración pública como el de corrupción) podrían eliminarle de la carrera presidencial. Si la condena tuviera al menos un voto a favor de Lula, el TSE lo tendría más difícil para dar su veredicto ya que podría plantear dudas razonables sobre la inocencia del candidato.

El cumplimiento de la condena sólo se llevará a cabo una vez que se agoten todos los recursos de la sentencia. Los abogados de Lula no quisieron informar sobre qué estrategias se plantearían pero confirmaron a este periódico que se valdrían de la justicia nacional como de la internacional para demostrar la inocencia de su cliente.