La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra ha propuesto este sábado "atar en corto" a Ferrovial y exigirle que "devuelva hasta el último euro que le dieron los españoles y las españolas" tras el anuncio de la compañía de trasladar su sede social a Países Bajos.

En un acto organizado por Podemos en Madrid con motivo del Día de la Mujer, Belarra ha tildado a Ferrovial de "empresa pirata" y ha criticado que "se ha llevado 1.000 millones de euros" en contratos públicos esta legislatura

"Vio como se nacionalizaban su salarios con los ERTES y les rescatamos con dineros de todos los españoles, y ahora decide llevarse su sede social fuera de España", ha recriminado Belarra a la compañía.

Garzón también se suma a las críticas contra Ferrovial

El ministro de Consumo y dirigente de izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha asegurado que Ferrovial, al anunciar el traslado de su sede social a Países Bajos, pone de manifiesto que siempre "está dispuesta a recibir dinero (de contratos públicos) pero nunca está dispuesta a sufragar derechos sociales como la sanidad, la educación y las pensiones públicas".

En un acto preelectoral de Izquierda Unida (IU)-Esquerra Unida (EU) celebrado en Valencia, en el que se han presentado los candidatos del partido a las próximas elecciones autonómicas, Garzón ha añadido que Ferrovial "representa, mejor que ninguna otra empresa, el modelo clientelar y caciquista que ha imperado durante demasiado tiempo en España".

"Fue pensada para crecer con contrataciones de obra pública, del dinero de nuestros impuestos, pero cuando llega el momento de contribuir más, entonces deciden irse", ha subrayado.

Garzón ha añadido que los "falsamente llamados liberales españoles siempre están dispuestos a recibir dinero público, pero nunca están dispuestos a contribuir a sufragar la sanidad, la educación y las pensiones públicas".

Este tipo de empresa, ha añadido el dirigente de IU, representa además "a las mismas familias económicas de siempre, a las élites dominantes desde el franquismo, y por eso aún queda mucho para modernizar nuestro país, para tener empresas a la altura de los ciudadanos, que contribuyan al sostenimiento de los pilares que hacen posible una vida digna, porque sin servicios sociales públicos no hay libertad ni democracia".

"Es el momento de blindar los derechos sociales conquistados en los últimos años", ha concluido Alberto Garzón.