Baltasar Garzón: "Hice un informe para la Banca Privada de Andorra en 2012"

El despacho Ilocad S.L no es un bufete de abogados cualquiera. Lo fundó en 2012 el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y es su socio y administrador único. Su hija es la directora financiera y gerente, pero aunque todo queda en casa, hay serias confusiones entre lo que son clientes del ahora abogado Garzón y clientes del despacho, según las aclaraciones a los medios que hace el otrora juez, y de las informaciones que van apareciendo en diferentes sumarios. 

La marca de la casa son los Derechos Humanos, debido a que "ILOCAD mantiene un contacto permanente con figuras destacadas del ámbito jurídico que, siendo referentes jurídicos a nivel internacional, se encuentran además identificados con los valores del despacho y comprometidos con la protección de los Derechos Humanos", se explica en su propia web, y por eso mantiene relación con despachos en Brasil (Alino & Robert e Adbogados), Londres y Qatar (Del Canto Chambers), Paraguay (Camino, Brelles & Asociados y Estudio Villamayor y Asociados) o Francia (Juan Branco).

Sin embargo, al ser una sociedad limitada el despacho de Baltasar Garzón hace también inversiones financieras y además de los servicios de Derecho Penal, Mercantil, Laboral, etc, tiene una rama especializada en derecho ruso y español, con el fichaje de Alexander Mashtaler que "es el asesor legal de cabecera para nuestros clientes rusohablantes", como se explica en la propia web de Ilocad. 

La Banca Privada de Andorra, entre sus primeros clientes

Lo sorprendente es que en diferentes causas judiciales y desde la fundación del despacho, los clientes del despacho del que es administrador único Baltasar Garzón poco o nada tienen que ver con los Derechos Humanos. 

Hace unas semanas, Público desveló que el ex juez Baltasar Garzón había trabajado para la Banca Privada de Andorra, entidad donde guardan más de 2.000 millones de euros ex funcionarios y empresarios huidos de Venezuela y que se habían hecho ricos al calor de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). 

El exjuez Baltasar Garzón, el exfiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, y el juez Javier Gómez Bermúdez, en un conferencia sobre blanqueo de dinero en Andorrra, acompañados del abogado Jose María Fuster-Fabra, en una fotografía de octubre de 2009.

En una rectificación, Garzón y su despacho explicaban a Público esta diferenciación entre el ex juez y la sociedad de la que es fundador y socio y administrador único, también en referencia a otra información de este medio (EEUU y España utilizan al exjuez Garzón para que los militares de la petrolera de Venezuela abandonen a Maduro), y explicaba que "el Sr. Baltasar Garzón Real, ni personalmente ni como miembro de Ilocal, S.L, jamás ha asesorado a la Banca Privada de Andorra (BPA) sino que prestó asesoramiento jurídico a un cliente de la BPA cuya identidad está bajo secreto de sumario".  

Este medio decidió no difundir este párrafo con la rectificación, debido a que Ilocad y el ex juez se estaban contradiciendo respecto a la primera explicación que dio en su día en 2016 en la presentación de su libro el Fango, incluso con la respuesta que el propio Garzón dio a Público al ser preguntado y que fue esta, como se puede escuchar a continuación: 

Tu navegador o dispositivo no soporta HTML5 audio

Periodista: Pero es cierto que con la Banca Privada de Andorra...

Ilocad facturó 2 millones con sus primeros clientes

Las conversaciones de la Operación Clotilde las obtuvo la Guardia Civil investigando a Adrei Petrov, quien finalmente fue detenido en 2013 en Lloret de Mar y que tenía cuentas en la entidad de la que son propietarios los hermanos Cierco. Según publicó El Confidencial: "El superior de Petrov en Moscú, un general conectado con el Kremlin, Viktor Kainikin, llegó a alojar 44,2 millones de euros en BPA. Esos fondos también están siendo investigados por la justicia del Principado. En el verano de 2015, tras la intervención de la entidad, Garzón realizó gestiones para interesarse por la situación de los depósitos relacionados con Petrov".

La Guardia Civil llega a intervenir en diciembre de 2012 hasta cuatro conversaciones en las que Pablo Laplana, un gestor de la BPA, habla con varias personas sobre el recurso que hay que poner para desbloquear los 200 millones que tiene en el banco Diego Salazar, que presuntamente creó la red para sacar los fondos del petróleo de la empresa estatal que dirigía su primo, Rafael Ramiréz. 

Según información mercantil, la empresa Ilocad SL facturó 2.486.667,67 euros en el año 2013. Con estos ingresos, Ilocad declaró un beneficio antes de impuestos de 1.116.873,36 euros, que se quedaron en 859.530 euros tras pagar el Impuesto de Sociedades. Además, estos beneficios casi multiplicaron por diez los obtenidos entre junio y diciembre del año 2012. En 2017 facturó 5.378.724 euros. En total,  14,1 millones de euros que han entrado en caja.

Tanto los dueños del banco como algunos de sus clientes, entre ellos Salazar y Villalobos, colaboraron con la brigada política del ministerio del Interior para dar información falsa o ilícita contra Podemos o la familia Pujol. En la actualidad, el despacho del que es administrador único, socio y fundador Baltasar Garzón lleva a quien era número 2 de la Policía y presunto jefe operativo de la Brigada Política, Eugenio Pino, y a los comisario Carlos Salamanca -que estuvo relacionado con la mafia de Gao Ping que también guardaba el dinero en la BPA- y con el comisario Enrique García Castaño.

Garzón además lleva también a PDVSA en España la acusación contra dos de estos "capos huidos" a los que se les acusa en Andorra de llevarse 2.000 millones de euros de Venezuela, junto al abogado Manuel Ollé. Para ello fue contratado por el despacho de Estados Unidos que antes llevaba a la filial de PDVSA allí y ahora a los ex ejecutivos fugados.