El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declara este lunes en Buenos Aires como testigo en la causa abierta contra la dictadura franquista por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio en la Justicia argentina. Lo hará tres años y diez días después de ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por presunta prevaricación al investigar los crímenes de la dictadura y, frente a él, tendrá a la misma juez, María Servini, a la que las víctimas acudieron cuando él fue, finalmente, inhabilitado por las escuchas de la Gürtel.

Así lo anunció el domingo el propio exjuez de la Audiencia Nacional a través de una carta dirigida a los asistentes del acto celebrado en Madrid de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, tal y como adelantó la magistrada María Servini en declaraciones a Público.

La comparecencia de Baltasor Garzón como testigo, solicitada por los abogados de la acusación, tiene un doble objetivo de cara al proceso abierto en Argentina. Por un lado, se prevé que el exjuez de la Audiencia Nacional ratifique todas las resoluciones que adoptó en la investigación de los crímenes franquistas antes de ser inhabilitado por el CGPJ y que han sido incorporadas a la causa argentina.

Por otra parte, la acusación también espera demostrar con el testimonio de Baltasar Garzón que la Justicia española no está investigando los crímenes de la dictadura franquista, muy al contrario de lo reiterado hasta en dos ocasiones por parte de la Fiscalía española a la Justicia argentina cuando esta ha solicitado información al respecto.

'Es importante que Garzón hable de su experiencia y de su procesamiento por prevaricación en la Justicia española por abrir una causa contra el franquismo y que dé cuenta del estado que se encuentran la 'no-investigación' que hay aquí y las imposibilidades que hay para que se haga justicia', ha explicado a Público el abogado de las víctimas del franquismo Carlos Slepoy, quien también estuvo presente en el acto celebrado el domingo en Madrid que reivindicaba la creación de una Comisión por la Verdad. 'Todos tenemos el mismo objetivo: que la verdad salga a la luz y que se haga justicia', ha asegurado Ana Messuti, abogada de las víctimas, a este respecto.

En otro orden de cosas, los abogados de la querella contra el franquismo han remitido a la juez argentina María Servini un escrito en el que solicitan nuevas fechas en el mes de junio para celebrar las doce videoconferencias de víctimas de la dictadura franquista que tuvieron que ser canceladas a última hora el pasado 8 de mayo ante las presiones del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

En este sentido, también han solicitado a la juez que si algún funcionario del consulado o la embajada argentina 'interfiere u obstaculiza' la realización de estas videoconferencias sea llamado a declarar por el delito de 'desobediencia al poder judicial' a fin de evitar que se repita la misma situación.

Asimismo, los letrados también han solicitado a la juez que reciba en Buenos Aires en el mes de junio y tome declaración como testigos a varios querellantes. Entre otros: Cecilio Gordillo (CGT-Trabajo Esclavo); Soledad Luque (Bebés Robados); Merçona Puig Antich (hermana de Salvador Puig Antich); Ángela Fernández (Preventorios); José Luis Martínez Ocio (Vitoria 3 de marzo), Jon Arrizabalaga (sacerdote de Euskadi) y Paqui Maqueda (plataforma andaluza).

Los ocho querellantes viajarán a Argentina acompañados de una delegación de alcaldes y diputados del Congreso que han mostrado su apoyo a la querella. Entre ellos, se encuentra el diputado de ERC Joan Tardá, quien ha anunciado recientemente que su formación se personará en la causa contra el franquismo por el asesinato del expresident de la Generalitat Lluís Companys.