Todo por Baltar

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar (PP), cumplió el último fin de semana una década al frente del organismo que heredó de su padre celebrando los logros de sus tres mandatos mientras sus rivales siguen denunciando la red de corruptelas y clientelismos que ha tejido en la provincia. Al tiempo, el PP de Casado y de Feijóo parece haberse rendido ante la evidencia de que Baltar júnior es los pocos barones que pueden desafiarles a ambos y salir victoriosos del envite.

Baltar llegó a la presidencia de la Diputación en febrero del 2012 de la mano de su padre, José Luis, quien la presidió durante 27 años. Fue casi dos años justos después de que su progenitor le legara también la presidencia del PP provincial, en un congreso en el que padre e hijo dejaron en evidencia a las direcciones de Madrid y de Santiago con toda una oda al nepotismo político que ni Feijóo ni Rajoy pudieron contener: presentaron un candidato afín al aparato autonómico y estatal que salió escaldado y acabó de senador.

Una década después, Baltar presume de presidir del Gobierno provincial más transparente de España, de que su provincia es "la más segura del Estado", de que ha dejado en cero la deuda de la institución y de que el futuro de los ourensanos pivota mucho más en torno a la Diputación que en torno a cualquier otra administración gallega, ya sean la Xunta o los ayuntamientos. "Diez años, tres mandatos. Creo que el futuro está por escribir, pero ahí está el legado de este tiempo", dijo el día de su aniversario.

Para sus detractores, sin embargo, lo que ha hecho ha sido "involucionar" la provincia y la institución que preside, en palabras de Rafael Rodríguez Villarino, secretario provincial del PSdeG y portavoz en el Ayuntamiento y en la Diputación. "No es una opinión, son datos comprobables", subraya.

Villarino asegura que el informe del Consello de Contas de Galicia (el organismo encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones gallegas) sobre el gasto de la Diputación de Ourense entre el 2003 y el 2019 demuestra que la gestión de Baltar "no es eficaz, ni eficiente ni útil para le vertebración territorial de la provincia", y, lo que es "más intolerable aún desde el punto de vista democrático", a su juicio, el reparto de de fondos "se hace con criterios clientelares".

"El 80% de las adjudicaciones se hacen por contratos menores [es decir, por importes que justifican que se pueden asignar a dedo y sin concurrencia]; el 85% de las subvenciones son nominativas; el 90% se las llevan Ayuntamientos del PP [que tiene 57 de las 92 alcaldías de la provincia, es decir el 72%], y el 70% de las obras de la Diputación se las reparten entres sólo cinco empresas", afirma el líder socialista.

La Diputación de Ourense tiene un presupuesto de 85,7 millones de euros para este año. La ley de Bases del Régimen Local establece que a las diputaciones les corresponde coordinar la prestación de servicios municipales, especialmente a los ciudadanos que viven en los municipios más pequeños. En Ourense, 88 de los 92 concellos tienen menos de 10.000 habitantes, y según la oposición a Baltar decenas de los que no están gobernados por el PP sufren graves carencias de financiación.

"Un municipio que por su población recibiría una ayuda básica de una diputación de 800.000 euros en A Coruña, medio millón en Pontevedra y 400.000 euros en Lugo, en Ourense no recibe de ese organismo más de 90.000", denuncia Bernardo Varela, concejal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Gobierno local de Allariz y portavoz de esa formación en la Diputación.

Varela recuerda que hace unos meses presentó ante el pleno del organismo una moción para reclamar un plan único de financiación que incluyera criterios objetivos para el reparto de fondos entre los ayuntamientos de Ourense. "Presenté la misma iniciativa que había presentado el PP en la Diputación de Lugo [gobernada por el PSOE]. Sólo cambié mi nombre por el de la portavoz del PP que la había presentado. Y el PP de Ourense la rechazó", explica.

Los plenos de las diputaciones provinciales se eligen en función de los resultados de cada formación en las elecciones municipales. En las del 2019, la suma de PSOE y BNG -70.296 sufragios- prácticamente igualó al PP -70.489-, lo que dejó a Baltar por primera vez sin mayoría absoluta en la Diputación.

En la capital, el PSOE de Rodríguez Villarino ganó las elecciones municipales en la capital, con más de 2.000 votos sobre el PP, pero Feijóo prefirió votar de alcalde a Gonzalo Pérez Jácome a cambio de que Baltar pudiera conservar la Diputación. Y eso a pesar de que el presidente de la Xunta, había alertado siete días antes de los comicios en La Región, el diario con mayor influencia en la provincia, que Jácome sería lo peor para Ourense. Según Feijóo, un "histrión" que convertiría cada pleno municipal "en un show" y que daría muy "mala imagen" de Galicia en el exterior.

Dos años después, con el histriónico alcalde denunciado por la Fiscalía e imputado por el juzgado por un delito de malversación de fondos, Feijóo no sólo sigue apoyándole en la Alcaldía, sino que ha forzado que su partido gobierne en coalición con él porque el voto personal del regidor, también diputado provincial, es clave para que el PP no pierda la presidencia de la Diputación.

El antecesor de Jácome, Jesús Vázquez, quien dimitió el año pasado como portavoz del PP local cuando supo que su partido iba a entrar en el Gobierno de Jácome, explicó hace una semana en otra entrevista que había dejado su cargo porque el PP había condicionado la acción del partido en el Ayuntamiento a la continuidad de Baltar en la Diputación:  "Las decisiones no las tomaba yo. Todo me venía impuesto", declaró.

A finales de enero pasado, cuando celebró sus doce años como presidente provincial del PP, Baltar pronunció en discurso que sonó como aviso a los navegantes que osen cuestionar su estrategia dentro del partido: "No somos una sucursal. Si tenemos que defender una postura defendiendo los intereses de Ourense por encima de cualquier otra, lo hacemos, aunque a nivel autonómico o nacional no tengamos esa misma postura", dijo.

La contestación a los manejos del presidente provincial y del alcalde de Ourense ha provocado una incipiente contestación social que se ha articulado en torno a la plataforma SOS Ourense, formada por decenas de asociaciones cívicas, sociales, culturales y ambientalistas que reunieron en noviembre pasado a 3.000 personas que quisieron manifestar en las calles de la capital su hartazgo ante los cambalaches políticos que condicionan el futuro de la ciudad y de su provincia. Muchas de ellas portaban caretas carnavelescas de Baltar, Feijóo y Jácome.

"Sí, Ourense vive una situación de emergencia", relata Natalia Figueiras, miembro de la plataforma Non ao Peche da Universidade Popular de Ourense (UPO) y portavoz de SOS.

La UPO es, o era, una institución educativa que ofrecía cada año 140 cursos de infinidad de materias, desde informática, idiomas y tecnología a cuidados sociosanitarios, pasando por la danza, el teatro y otras disciplinas artísticas. Dependía del Ayuntamiento y cada año contaba con alrededor de 3.000 personas matriculadas. Estudiantes y profesores fueron desalojados del centro el año pasado sin que ni siquiera les dejaran acabar sus cursos, cuando el Ayuntamiento decidió cederle a la Diputación el edificio donde se celebraban.

Figueiras cree que el cierre de la UPO, como tantas otras cosas en Ourense, tiene mucho que ver con ese laberinto de clientelismos y favores en el que se ha convertido desde hace lustros la política ourensana.

Mientras tanto, Baltar sigue presumiendo de logros en sus mandatos. El pasado 2 de febrero, tres días antes de su aniversario, la Diputación envió una nota de prensa en la que se jactaba de ser la más transparente de España, según Dyntra, una organización que se autodefine como una "plataforma colaborativa, no partidista y objetiva" que mide la transparencia de gobiernos, administraciones, partidos, cargos electos y actores sociales.

Sucede en realidad que Dyntra forma parte del conglomerado de sociedades a las que la Diputación de Ourense ha contratado por 22.000 euros para, precisamente, asesorarle en materia de transparencia. Todo por Baltar.