Isabel Díaz Ayuso está a punto de culminar su ofensiva por el control de Telemadrid. Este próximo jueves la Asamblea de Madrid debatirá y aprobará por vía de urgencia la primera ley de la legislatura recién iniciada y no será otra que reformar la norma que regula la televisión y la radio públicas de la Comunidad de Madrid. La propuesta, impulsada por el PP, saldrá adelante gracias a la abstención de Vox y contará con el rechazo del bloque de la izquierda, conformado por Más Madrid, PSOE y Podemos.

La reforma supone una clara involución respecto a la actual ley, en vigor desde 2015. Por casualidades de la vida, la encargada de defender la ley de 2015 en nombre del PP fue la propia Isabel Díaz Ayuso. La que por entonces no pasaba de ser una diputada rasa en las filas del PP defendió con vehemencia la reforma de Telemadrid y la consideró entonces un referente para otros medios públicos en España al suponer "el fin del partidismo". Es más, ante los recelos de la izquierda, que no terminaba de creerse que el PP estuviera dispuesto a renunciar al control de televisión pública madrileña después de haber estado en las garras de Esperanza Aguirre, Ayuso dijo: "Les da miedo porque no lo pueden controlar, pero tienen que estar tranquilos porque nosotros tampoco".

Palabras que apenas seis años después se lleva el viento. Con la reforma que ahora impone el PP, el mandato del director general será de cuatro años, renovables, contados desde su nombramiento, frente a los seis años previstos en la ley de 2015. Tal como recordaba a Público hace unas semana Luis Lombardo, presidente del comité de empresa de Telemadrid, "el mandato de seis años se estableció para desvincularlo de los ciclos electorales". Los trabajadores de Telemadrid llevan ya tiempo denunciando la injerencia por parte del Ejecutivo que encabeza Ayuso.

De hecho, la aprobación de la reforma del PP supondrá la salida de la dirección de Telemadrid de José Pablo López, cuyo mandato finalizaba en 2023, y que mantiene buenas relaciones con los trabajadores.

De momento, el modo de elección del director general no varía, ya que debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de la Asamblea tras un concurso público de méritos. Pero hecha la ley, hecha la trampa: la nueva reforma contempla que si llegada la fecha de la finalización de su mandato no se hubiera podido completar su nombramiento, el Gobierno de Ayuso nombrará un administrador provisional con las mismas funciones y competencias, y deberá ser sometido a ratificación por parte de la Cámara regional. Mientras no haya consenso el administrador seguirá en el cargo. Y el consenso en la actual Asamblea de Madrid, con Vox de por medio, es imposible.

La reforma de Ayuso llega en un momento en que la cadena pública madrileña ha recuperado los datos de audiencia de hace una década. Además cerró el pasado ejercicio 2020 con un superávit en sus cuentas de 4,61 millones de euros.

Los partidos de la izquierda ven un intento de control por parte del Gobierno regional para convertir a la cadena pública en teleayuso y cesar a la dirección actual. Tanto el grupo parlamentario socialista como Más Madrid han planteado la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad, mientras que asociaciones de periodistas, sindicatos y partidos han elaborado ya el manifiesto En defensa de Radio Televisión Madrid y la libertad de información, en rechazo a la modificación de la ley.

Una disputa que viene de antiguo

El PP defiende que el objetivo es que Telemadrid funcione con "independencia, neutralidad y objetividad", y que se eliminen "serias disfuncionalidades y rigideces en los procedimientos" que hay en la ley vigente de 2015, aprobada bajo el mandato de Cristina Cifuentes.

Sin embargo, desde que llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso no se ha cansado de embestir contra Telemadrid. Los choques entre su Gobierno y la dirección, encabezada por su director general, José Pablo López, han sido frecuentes.

La falta de interlocución y los desencuentros se remontan al inicio de la anterior legislatura, cuando Ayuso afirmó en una entrevista que era "la única presidenta autonómica y del Gobierno de España que tiene una televisión que le es crítica".

La dirección de Telemadrid llegó incluso a denunciar "una campaña de descrédito" emprendida desde "diversos sectores", mientras que desde la Puerta del Sol se han quejado en reiteradas ocasiones del trato recibido por el medio público.

El último choque se produjo por la toma de posesión de Ayuso como presidenta madrileña en la Real Casa de Correos el 19 de junio, cuando se prescindió de los servicios de Telemadrid para la producción y realización de la señal institucional, al igual que ocurrió con los actos del Dos de Mayo, lo que motivó las críticas del Consejo de Administración de la cadena.

Objetivo: cesar a la actual dirección

El Consejo de Administración y la Dirección General de Telemadrid han propuesto en una misiva a los grupos de la Asamblea que antes de "cualquier modificación" de la ley, se constituya un grupo de trabajo que defina en un documento una serie de actuaciones de cumplimiento "obligado" para el medio.

A su juicio, en el texto de la proposición del PP "no se contempla ninguna medida para mejorar la gestión y dotar de mayor eficiencia el uso de los recursos públicos" y tampoco "para garantizar la independencia y la neutralidad de la cadena".

Según Telemadrid, "el único fin y motivación" de la propuesta "parece" ser "sustituir" al director general "y eliminar competencias del propio Consejo de Administración para transferirlas a un administrador provisional.

Y sostienen que el futuro de Telemadrid y Onda Madrid "no puede limitarse a modificar la forma de designación del director general, reducir la vigencia del mandato de quien actualmente ostenta dicho cargo o retirar competencias al propio consejo".

Colectivos sociales y profesionales presentan un manifiesto 

Colectivos sociales y profesionales presentaron este miércoles un manifiesto "en defensa de Telemadrid y de la libertad de información", una llamada de atención contra la modificación que ha impulsado Isabel Díaz Ayuso. El manifiesto dice que es para "menoscabar la independencia" de la cadena y deteriorar "la calidad de los servicios que presta".

El manifiesto fue presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid y está apoyado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el Sindicato Internacional de Medios y Espectáculos (UNI-MEI),la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Federación Europea de Periodistas (EFJ), Foro de Organizaciones Periodísticas (FOP), así como por Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Adspm).

También por las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Comisiones Obreras de Madrid (CCOO), Confederación General del Trabajo de Madrid (CGT), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Madrid (UGT), y las formaciones Más Madrid, PSOE-M y Podemos Madrid.

El manifiesto dice que "la existencia de medios de comunicación públicos que actúen con independencia, neutralidad y objetividad, es la garantía del derecho a la información y, por tanto, de la participación social fundamentada en la libertad y la capacidad para acceder a esos contenidos. En la sociedad de la información, los medios de comunicación públicos cumplen una función esencial para el desarrollo de la democracia, el debate de las ideas y la participación de la ciudadanía".

"Una radiotelevisión basada en criterios de pluralidad, transparencia, independencia y en la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras es el mejor aval para conseguir esos objetivos", criterios que la modificación de Ayuso pretende revertir, explicaron los firmantes del manifiesto.

"Por todo ello, nos parece innecesaria esta reforma de la ley 8/2015 y ratificamos la defensa de Radio Televisión Madrid como un servicio público esencial para la sociedad madrileña fundamentado en la pluralidad, neutralidad, objetividad, transparencia y profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras, frente a los intentos de menoscabar su independencia y el deterioro de la calidad de los servicios que presta", concluye el manifiesto.