Ayuntamientos y diputaciones provinciales pagan a sus funcionarios y empleados primas de varios miles de euros, a menudo de varias decenas de miles, como premios por anticipar su jubilación sobre la edad ordinaria, que se encuentra en pleno proceso de retraso hasta los 67 años para el conjunto de los trabajadores y que ministros como José Luis Escrivá responsable precisamente de la Seguridad Social, son partidarios de atrasar más todavía, hasta los 75. 

La medida, que supone anualmente un coste de varios millones de euros para las arcas públicas, choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que una sentencia de 2018 ya dictaminó que se trata de gratificaciones que suponen "una alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las Administraciones Locales que carece de cobertura legal y de justificación" y que en otra de 2019 añadió que "el premio o recompensa" no se vincula con "una circunstancia sobrevenida" sino con "un hecho natural, conocido e inevitable de la relación funcionarial" como es la jubilación. 

Sin embargo, la existencia de estas bufandas  o gratificaciones extraordinarias son de uso tan corriente que incluso el Ministerio de Hacienda mantiene vigente desde hace más de una década una orden en la que determina en qué apartado del presupuesto deben reservar las entidades locales los fondos destinados a pagar "Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas". 

El argumento en el que se fundamentaban originalmente este tipo de pagos era el de la conveniencia de renovar las plantillas, de forma que las primas se utilizaban como incentivo para que los empleados laborales y públicos de diputaciones y ayuntamientos adelantaran su retiro. 

Sin embargo, en la práctica se han convertido en una especie de complemento salarial que se entrega en función de la antigüedad en la plantilla y del tiempo que se adelanta la jubilación, aunque por lo general con independencia de que ese adelanto, por la carrera de cotización y la cuantía del salario, reduzca o no la prestación a la que tiene derecho el jubilado por superar el máximo legal y resultarle inocuos el recorte correspondiente. 

El medio millón largo de la Diputación de Guadalajara

El último episodio llamativo de este tipo de prácticas, registrado en la Diputación Provincial de Guadalajara, que hace unas semanas aprobó repartir 576.395,06 euros entre 19 de sus funcionarios, que recibieron bufandas de entre 2.286 y 75.060 euros brutos como premio por la jubilación anticipada. 

Casi dos terceras partes de esa cifra (366.096 euros) fue para siete de los jubilados, cuyas gratificaciones se situaron entre los 39.714 y los 75.050 euros brutos, con tres por encima de 50.000: una de 56.274 y otra de 61.589, junto con la que marcó el tope. 

La resolución por la que la Diputación de Guadalajara aprobó esos pagos, fechada el 3 de julio de este año y a la que ha tenido acceso Público, deja pocas dudas acerca de la naturaleza de derecho adquirido que en algunas instituciones se da a los mismos, ya que el procedimiento se pone en marcha "vistas las solicitudes presentadas por diversos empleados que se jubilaron anticipadamente sin haber percibido los incentivos por jubilación anticipada". 

Esos incentivos, instaurados en 2007, habían quedado suspendidos a partir de 2018 tras un informe en el que la Intervención advertía de su ilegalidad. Y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ratificó ese criterio en el dictamen que le solicitó la Diputación en septiembre del año pasado y que entregó a principios de este, aunque abría la puerta a aplicar medidas de ese tipo, si bien en ningún caso con carácter retroactivo, siempre que estuvieran vinculadas a un plan de ordenación del empleo. 

El pleno de la Diputación aprobó el 21 de mayo un plan laboral que incluye entre sus "objetivos operativos" el de "rejuvenecer la plantilla de la DPG bajando la edad media al menos un 10%", lo que se tradujo en "un programa para la jubilación voluntaria incentivada, incardinado dentro de la acción social" de la corporación y "dirigido al personal funcionario y laboral". Habían resucitado las bufandas. 

Lo cierto es que entre 2018 y la primavera de 2021 se fueron produciendo jubilaciones anticipadas en la plantilla sin que hubiera ningún incentivo vigente, aunque quienes se retiraron los han acabado recibiendo en las últimas semanas.

Una práctica extendida pese a los dictámenes y sentencias en su contra

"Existe desde hace años. El premio corresponde cada año a los que se jubilan anticipadamente, y depende de la antigüedad y del número de trimestres de adelanto", explican fuentes de la Diputación alcarreña. 

El requisito principal para acceder a las gratificaciones consiste en llevar al menos diez años trabajando para la diputación, mientras que el máximo a percibir en función de los trimestres de adelanto (entre uno y ocho) es el equivalente al sueldo bruto de doce mensualidades. 

Esta práctica es habitual en otras instituciones manchegas, caso del ayuntamiento de Guadalajara, cuyo Acuerdo Económico y Social contempla primas de 14.000 a 35.000 euros por adelantar el retiro según la antigüedad, y de la comunidad autónoma, cuyo convenio las prevé de entre 5.223 y 20.492 en función de la edad. 

En cualquier caso, el pago de este tipo de remuneraciones está muy extendido entre los ayuntamientos y las diputaciones provinciales españoles, alguno de los cuales, como Medina del Campo (Valladolid), acordaron hace unos meses eliminar las suyas por considerarlas, con base en un dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, al concluir que vulnera la legislación.

Un informe del Tribunal de cuentas recoge cómo en 2017, el año previo a la primera sentencia del Supremo sobre esta materia y a la suspensión de los pagos en la de Guadalajara, cinco de las siete diputaciones cuyas comunidades autónomas carecen de organismos de control propios, las extremeñas y las castellanomanchegas, se gastaron casi 900.000 euros en premios a la jubilación anticipada: 279.371 en nueve gratificaciones en la corporación alcarreña, 265.024 en nueve en la de Albacete, 165.353 en la de Ciudad Real, 131.331 en cinco en la de Cuenca y 47.067 en siete en la de Badajoz.

De todas ellas, que arrojan una media de 21.662 euros por cese, solo una, pagada en Albacete, fue para un empleado de carácter laboral.