La Audiencia Nacional tumba la estrategia de Villarejo, de su socio y del comisario García Castaño de suspender el juicio

Tenso rifirrafe en la sesión inaugural del macrojuicio por tres piezas separadas de la causa 'Tándem' o caso 'Villarejo', en la Audiencia Nacional este miércoles. El abogado del comisario Villarejo, Antonio José García Cabrera, ha solicitado la suspensión de la vista en base a una supuesta indefensión al haberse añadido a la causa un informe policial "fuera del plazo de la instrucción". Otras defensas, como la del comisario Enrique García Castaño, ejercida por el bufete de Baltasar Garzón, han secundado la solicitud de suspensión, alegando no haber tenido tiempo suficiente para estudiar las agendas de Villarejo en el juzgado, en base a la decisión del juzgado instructor de no entregar el contenido fotocopiado y solo permitir su acceso en sede judicial. 

También se han quejado los letrados de los principales acusados de que la integridad de la actuaciones no consta en la aplicación 'cloud' de la Audiencia Nacional, algo que el tribunal ha negado. El abogado de Villarejo ha llevado la voz cantante en cuanto a las protestas producidas en esta sesión contra la no suspensión de la vista; se ha quejado de la incorporación fuera de plazo de un informe policial que analiza las anotaciones que hay en los cuadernos manuscritos del comisario sobre las piezas separadas 'Iron' y 'Land', que se juzgan  junto a la llamada pieza 'Pintor'.

García Cabrera ha reclamado acceder a las agendas originales de Villarejo y tener más tiempo para estudiar el informe policial, procedente de la Unidad de Asuntos Internos. "Necesitamos saber el contenido completo de ese informe, no la selección que le interesa a la parte acusadora", ha dicho García Cabrera. 

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesto por los magistrados Ángela Murillo, Fermín Echarri y Carmen-Paloma González, no ha accedido a la petición de nulidad, alegando que hasta diciembre, cuando hay previstas varias sesiones del juicio, no tendrán lugar los interrogatorios de los 24 acusados y de los responsables de cuatro mercantiles. "Tienen tiempo de ir al juzgado y consultar las agendas", ha dicho Ángela Murillo, que ha negado que se haya producido indefensión respecto a algún procesado. No obstante, el tribunal ha acordado suspender las sesiones previstas para el 27 y el 28 de octubre en base a la petición del letrado de García Castaño que tiene en esas fechas el juicio en Reino Unido al cofundador de Wikileaks Julian Assange.

El letrado de Villarejo ha indicado que va a solicitar que se incorpore toda la documentación de la pieza principal de la causa 'Tándem', conocida como 'King', en esta vista oral. Las defensas de algunos de los acusados en las tres piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor', las primeras que se juzgan, se han pronunciado a favor de la suspensión. 

La estrategia del letrado de Villarejo, quien tiene autorización para participar en su propia defensa como abogado en activo, para retrasar todo lo posible el juicio se ha desmoronado en la primera sesión del juicio, en el que la Fiscalía le pide casi 110 años de prisión por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, extorsión y revelación de secretos. Antes de entrar en la Audiencia Nacional, Villarejo se ha mostrado "confiado en la Justicia" y en "la independencia de jueces y fiscales". 

La sesión, que ha comenzado con casi una hora de retraso, ha arrancado con la lectura de los cargos y de las propuestas de penas de los 28 acusados, lo que ha supuesto unos 60 minutos. Las penas más altas son propuestas para Villarejo (109 años y diez meses de prisión); su socio Rafael Redondo, que se enfrenta a 102 años; el comisario García Castaño, a 87 años; y la la esposa de Villarejo, Gemma Alcalá, a 86.

Acreditar las anotaciones de las agendas

La Fiscalía y la acusación popular ejercida por Podemos no han apoyado la suspensión de la vista oral, alegando que no se ha producido ninguna indefensión. El fiscal Miguel Serrano ha solicitado que se le permita aportar nueva documentación sobre el registro en la residencia de Villarejo que permitó incautar una decena de agendas, el 23 de octubre de 2020. Al respecto de la queja planteada por el letrado de Villarejo sobre el contenido del informe policial sobre las agendas, el fiscal ha explicado que existe una certificación del letrado de la Administración de Justicia que acredita que las anotaciones contenidas en dicho informe policial concuerdan con las originales.

Los clientes de Villarejo, en el banquillo

En la pieza separada número 2, 'Iron', que trata del espionaje en un bufete de abogados, el Ministerio Fiscal acusa a Villarejo de cuatro delitos de cohecho, quince delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de falsedad documental; y solicita una pena de 57 años de prisión. En esta causa, tanto Villarejo como su socio, Rafael Redondo, fueron contratados presuntamente por el despacho Herrero y Asociados para espiar a exempleados que habían abierto un bufete nuevo. 

En la pieza 'Land', el Ministerio Público pide 38 años y 10 meses de prisión para Villarejo como presunto autor de cuatro delitos de cohecho, seis delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de falsedad documental. Esta pieza investiga la contratación de Villarejo por parte de los herederos del creador de la urbanización de lujo 'La Finca' con el objetivo de hacerse presuntamente de manera irregular con una herencia familiar. 

En la pieza separada número 6 ('Pintor'), los hechos serían constitutivos de dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, el segundo de ellos de carácter agravado, y dos delitos de extorsión en grado de conspiración, según la Fiscalía, que solicita por ellos 14 años de prisión. En esta pieza están investigados, además de Villarejo, los empresarios Juan y Fernando Muñoz —el primero es el marido de la presentadora Ana Rosa Quintana—. Se les imputa haber puesto en marcha, junto a dos abogados, un plan de extorsión contra un excolaborador de los Muñoz y el letrado de este con el objetivo de que revocara su declaración de insolvencia y afrontara el pago de una deuda de más de 1,5 millones de euros que Hacienda les reclamaba de forma solidaria.