La Audiencia Nacional investigará por estafa el chiringuito financiero relacionado con Alvise

El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha aceptado tres denuncias contra la plataforma de inversiones Madeira Invest. Esta organización está dirigida por Álvaro Romillo, quien entregó 100.000 euros al eurodiputado ultra Alvise Pérez en el contexto de una presunta estafa piramidal.

En un auto fechado este viernes, el juez ha dado curso a las denuncias presentadas por la Asociación de Consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Además, la Fiscalía había expresado su apoyo a la investigación sobre las actividades de Madeira Invest.

El juez Calama rechazó la petición de una de las partes para que se inhibiera ante el Tribunal Supremo en la investigación de Pérez. Según la doctrina del Alto Tribunal, es necesario presentar una exposición razonada que indique indicios de responsabilidad para poder investigar a un aforado.

Evidencias claras de estafa

En su auto, Calama concluye que hay evidencias claras de posibles delitos de estafa, señalando que el perjuicio alegado por las acusaciones podría superar los 11 millones de euros, cantidad que excede el umbral mínimo de siete millones requerido para que el caso sea competencia de la Audiencia Nacional.

El magistrado señala que el caso implica una red delictiva compuesta por numerosas sociedades instrumentales y vínculos internacionales, con domicilios en países como Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania. La investigación, según indica, probablemente necesitará comisiones rogatorias internacionales para su desarrollo.

El número de personas afectadas por la estafa piramidal podría superar los 27.000

El número de personas afectadas podría superar los 27.000. En cuanto a la cantidad defraudada, aunque actualmente se han reportado 11 millones de euros, se estima que el total podría ascender a más de 300 millones de euros.

Morillo admite haber financiado a Alvise con 100.000 euros

En relación con Pérez, Morillo presentó una autodenuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) para promocionar su plataforma.

Después de conocer estos hechos, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas amplió su denuncia inicial, pidiendo al juzgado que se inhibiera en favor del Tribunal Supremo debido a la condición de eurodiputado y, por lo tanto, de aforado de Pérez. Sin embargo, Calama sostiene que esa solicitud no puede ser aceptada sin que se presente la debida exposición razonada que justifique las razones por las cuales se considera que el Tribunal Supremo tiene competencia en el caso.

El fundador de Madeira Invest se presentaba como un especialista en elusión fiscal, persuadiendo a cerca de 30.000 personas para que se unieran a su exclusivo club de inversión. Este ofrecía rendimientos exorbitantes, superiores al 50%, a través de inversiones en relojes, vehículos de lujo e inmuebles.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había alertado en mayo de 2023 sobre Madeira Invest

Para unirse al club, los interesados debían realizar un ingreso inicial de 2.000 euros, que luego se compensaría con transferencias bancarias en criptomonedas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había alertado en mayo de 2023 sobre esta plataforma de inversión, que cesó sus operaciones hace unas semanas.

El eurodiputado ultra puede declarar de forma voluntaria

Calama ha desestimado la solicitud de remitir el caso del eurodiputado ultra al Tribunal Supremo por su presunta vinculación con Madeira Invest. Sin embargo, le ha señalado que tiene la opción de personarse en el proceso y declarar de forma voluntaria.

El juez aclara que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la exposición razonada que se remita a esta instancia "solo será adecuada cuando existan indicios de responsabilidad" y debe ser lo suficientemente detallada para definir, en un contexto provisional, "el alcance objetivo y subjetivo de los hechos".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia menciona la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que "permite la apertura de diligencias de investigación en casos que involucren a un aforado". Sin embargo, también señala que es necesario informar al aforado "sobre la admisión de una denuncia o querella y cualquier acción procesal que derive en la imputación de un delito".

Esta ley otorga al aforado la "facultad" de "asumir la condición de parte, conocer todas las actuaciones y obtener copia de la denuncia o querella, si corresponde; declarar de forma voluntaria ante el juez, presentar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias de prueba".

Calama señala que la norma estableció estas opciones al darse cuenta el legislador de que en ocasiones senadores y diputados, que son aforados ante el Supremo, no estaban al tanto de los procedimientos que les involucraban hasta que el alto tribunal solicitaba un suplicatorio al Congreso para actuar en su contra o, incluso, a través de los medios de comunicación.

"Esta situación hacía de peor condición a los senadores y diputados en el ejercicio de los derechos y garantías de defensa", continúa el juez, y "facilitaba la remisión no justificada al Tribunal Supremo de procedimientos que afectaba a los aforados y la consiguiente elevación de suplicatorios, que podrían evitarse si aquellos hubieran podido ofrecer su versión de los hechos".