La Audiencia Nacional imputa al expresidente chino Hu Jintao por genocidio en el Tíbet

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente chino Hu Jintao por el genocidio perpetrado en el Tíbet en los últimos 50 años. Considera que su cargo de secretario general del Comité del Partido Comunista en el Tíbet, que desempeñó entre 1988 y 1992, le confería "la competencia y capacidad orgánica suficientes para dirigir acciones y campañas tendentes a hostigar a la población".

Hu Jintao abandonó la secretaría del Partido Comunista chino (PCCh) en noviembre de 2012 y en marzo de este año dejó su cargo como presidente del país. La Sección precisa en un auto que el papel de Jintao en los hechos no implicaba "una participación directa en el acoso al pueblo y la nación tibetana". En la causa, que investiga el juez central de Instrucción número 2 Ismael Moreno, está también imputado otro expresidente, Jiang Zemín y seis dirigentes chinos.

El auto describe el genocidio tibetano y asegura que las autoridades chinas llevaron a cabo durante aquellos años acciones destinadas a "eliminar la idiosincrasia y existencia del país" a través de la imposición de la ley marcial. Entre las prácticas habituales chinas en el Tíbet los magistrados describen los desplazamientos forzosos de población y la "eliminación paulatina de la población autóctona". La Sección Cuarta precisa, además, que la investigación encaja en las competencias de la Audiencia Nacional porque una de las víctimas tiene nacionalidad española. Agrega que no existe constancia de "que las autoridades chinas hayan iniciado ningún tipo de investigación sobre los hechos objeto de la querella".

Ismael Moreno investiga el presunto genocidio sufrido por el pueblo tibetano tras admitir a trámite la querella que presentaron el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y la Asociación Thubten Wangcheg Sherpa Sherpa contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros seis ex responsables comunistas en el Tíbet o el Gobierno chino.

En abril de 2011, el magistrado accedió a la petición de las acusaciones para ampliar la querella por delitos de genocidio contra este pueblo, de modo que ahora también se les investiga como presuntos crímenes de guerra al suponer una violación grave de Convenciones de Ginebra de 1949, ratificadas por España. En este caso, los hechos denunciados por la ONG de apoyo al Tíbet supondrían violaciones graves del citado convenio internacional en relación con los artículos 608 y 611.5 del Código Penal español.