El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha cursado un total de 21 requerimientos a distintas empresas e instituciones de Catalunya para investigar la conexión de la productora audiovisual Triacom con el llamado caso 3% de presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya, el extinto partido liderado por Jordi Pujol y Artur Mas.

Entre los requerimientos se ha pedido información relacionada con los contratos realizados entre 2008 y 2016 con la empresa audiovisual a TV3,  y también documentación a diversos departamentos de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y diversas empresas y entidades que han trabajado con la productora investigada.

De esta forma, agentes de los Mossos y de la Guardia Civil han acudido las sedes de todos los organismos requeridos por la Audiencia Nacional para que se haga entrega de una serie de documentos en lo que sería una operación para estrechar el cerco judicial a las operaciones de Triacom que supuestamente están relacionadas con el caso 3%.

Según confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press, los cuerpos de seguridad han actuado este martes en cumplimiento de un auto del 29 de septiembre dictada por el titular de Juzgado Central de Instrucción número 5. El magistrado encargó a los agentes que reúnen documentación que estaría en manos de varias empresas.

Según fuentes de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), de la que forma parte TV3, y de otras empresas consultadas, los agentes no han hecho ningún tipo de registro y se han llevado parte de la información solicitada. El resto que no era accesible en el momento será remitida por los requeridos a las instancias judiciales.

Triacom es una conocida productora audiovisual dirigida por el exgerente de TV3 Oriol Carbó, que según la instrucción judicial supuestamente habría recibido la consigna del exconseller i dirigente de CDC, Germà Gordó, de derivar a la financiación irregular del partido parte de los ingresos por sus projectos, entre los que hay diversos programas de TV3, por un valor de 750.000 euros.

Carbó compareció ya ante la Audiencia Nacional en febrero de 2020 como imputado por los delitos de organización criminal, cohecho, falsedad documental y financiación ilegal de partidos políticos. Y en su día ya se procedió al registro de la sede de Triacom.