Los aspirantes a juez deben invertir un mínimo de 25.000 euros para preparar las oposiciones y la mayoría necesita ayuda de la familia

La respuesta a la pregunta de si en España existe igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial tiene matices. La Constitución indica que dicho acceso ha de respetar los principios de mérito, capacidad e igualdad, pero los 25.000 euros que supone dedicarle entre cuatro y cinco años a la preparación de la oposición, incluido el coste mensual de un preparador, no son asequibles para todos los bolsillos, teniendo en cuenta que el estudio de los más de 300 temas que incluye el temario requiere de un mínimo de ocho horas diarias. Es muy difícil, pues, poder compaginar esa preparación con un trabajo remunerado. 

El pasado mes de diciembre, la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) presentaba en el Ministerio de Justicia una propuesta minuciosa de becas públicas para los aspirantes a juez y fiscal con menos recursos económicos. Calculaba la asociación que las becas debían ser de 600 euros al mes para poder cubrir el mínimo de gastos que conlleva la preparación de la oposición. Este jueves, la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció en el Congreso que el Gobierno está ultimando un sistema de becas en este sentido, que, según ha podido saber Público, está inspirado en la propuesta de JJpD. 

La última vez que se convocaron becas estatales en este sector fue en 2008, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fueron 120 becas con una dotación anual de 3.000 euros. También se facilitaron préstamos de hasta 10.000 euros a un tipo de interés del 0% para opositores a la judicatura. En Euskadi existen en la actualidad becas para aspirantes a juez empadronados en esa comunidad autónoma. El año pasado se concedieron cuarenta becas. 

El desequilibrio entre aspirantes con escasos recursos y otros con una situación económica solvente parece evidente. Tras acabar la carrera de Derecho, con 22 años de media, el 98% de los aspirantes de la última promoción de jueces han declarado que necesitaron la ayuda económica de la familia durante la preparación de la oposición para jueces y fiscales, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha calculado el coste mínimo que han de invertir los opositores a la carrera judicial: en torno a 25.000 euros. Para el cálculo, la entidad ha tenido en cuenta un coste medio de 250 euros al mes para el preparador --normalmente son jueces, abogados del Estado o secretarios judiciales--. El precio de los manuales y las actualizaciones del temario puede rondar, según esta asociación, en 800 euros. Para su cálculo, JJpD cifra La manutención y los gastos mínimos personales del opositor en 260 euros al mes. Para los dos primeros años de estudio, el candidato a juez necesitaría desembolsar en torno a los 550 euros al mes; el tercer año, 400 euros mensuales; y el cuarto y quinto año, en torno a los 250. 

La preparación de la oposición, que consta de tres ejercicios teóricos de carácter eliminatorio, un test y dos pruebas orales en las que hay que exponer de memoria cinco temas, requiere una preparación muy concienzuda y muy personalizada. Es por ello que la figura del preparador se convierte en imprescindible. Su precio se sitúa entre los 150 y los 300 euros al mes. 

Son cifras muy difíciles de encajar en la precaria economía de muchas familias españolas, azotadas aún más por la crisis del coronavirus. Ya antes de la pandemia, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 36,9%  de los hogares sufría en 2019 algún nivel de dificultad para poder llegar a fin de mes.

La oposición para jueces y fiscales es un sistema de acceso igualitario, pero no es baladí facilitar económicamente la igualdad de condiciones a las clases más desfavorecidas. "También es importante que en la judicatura estén representados los diferentes sectores y estratos sociales --alega Fernando de la Fuente Honrubia, portavoz de JJpD--. No cabe duda de que las personas tienen diferentes sensibilidades según su procedencia, formación, situación socioeconómica, y todas ellas deberían tener acceso y estar representadas en el Poder Judicial al igual que lo han de estar en el Parlamento. No sería aceptable que solo los ciudadanos con posibilidad de sufragar los costes de la oposición pudieran llegar a ejercer la función jurisdiccional". 

"Es importante que en la judicatura estén representados los diferentes estratos sociales"

¿Pertenecen los jueces y las juezas a familias de la élite económica? "No, es un prejuicio, no es real", dicen desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). Esta asociación recuerda que "nadie ha ofrecido ningún dato que avale una afirmación que, mientras no se demuestre lo contrario, sólo parece sustentarse en prejuicios, ya de entrada porque no hay ni un solo dato objetivo sobre el nivel de renta de quienes preparan o aprueban estas oposiciones. Lo que más permite aproximarse al perfil socio económico de los aspirantes a juez es un detalle que sí tiene cierta influencia en la renta de sus familias, como es el nivel de estudios de los padres: una de cada tres personas que aprobaron las últimas oposiciones procede de familias cuyos progenitores no tienen estudios superiores (33,1%) y los que pertenecen a familias con ambos padres licenciados o graduados son apenas el 43,5%", consta en un estudio de AJFV, la segunda asociación con más afiliados entre los jueces (845).

Para la jueza María Jesús del Barco, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --la principal asociación judicial (1.345 asociados)--, en la actualidad "la carrera judicial es un reflejo de la sociedad española". "La mayoría de los jueces representamos a la clase media española. Lo que nos iguala a la mayoría en la carrera judicial es un gran vocación y la capacidad de estudio. Con mucho sacrificio aprobamos unas oposiciones y somos gente normal. Yo nunca me he encontrado a un compañero juez que sea hijo de un banquero", dice Del Barco. 

"Nunca me he encontrado a un compañero juez que sea hijo de un banquero"

Esta jueza nacida en 1970 recuerda el "gran sacrificio" que hicieron sus padres para que pudiera prepararse las oposiciones. "Pagaban 10.000 pesetas (60 euros) al mes al preparador en 1993, cuando yo empecé a opositar", cuenta. "Mis padres tenían estudios primarios, no eran de ninguna élite. Y mis compañeras tenían familias también modestas y trabajadoras: el padre de una de ellas era taxista, otro mecánico, otro profesor... Un reflejo fiel de la sociedad", dice María Jesús del Barco. 

"El juez actual es un juez vocacional y muy preparado", asegura Concepción Rodríguez, portavoz de la Asociación Foro Judicial Independiente (FJI), que niega que los jueces actuales procedan de clases altas. "Al contrario, quien tiene posibilidades económicas se coloca directamente en otro tipo de puestos", dice. Sin embargo, para Fernando de la Fuente Honrubia, de JJpD, "lo que parece claro es que los posibles opositores de clases bajas casi nunca son jueces".

No superar los 80.000 euros brutos

Las asociaciones coinciden en señalar la necesidad de dotar de becas públicas para los aspirantes más desfavorecidos económicamente. "Es el Estado es el debería articular las becas con unas bases objetivas para todo el territorio nacional a fin de respetar la igualdad de todos los ciudadanos", sostiene Concepción Rodríguez, de la Asociación Foro Judicial Independiente, con 336 asociados. Parece que en esta legislatura, a tenor del anuncio de la ministra de Justicia, podría ponerse en marcha ese sistema estatal para que todo el mundo pueda acceder a la judicatura "en igualdad de oportunidades".

La propuesta de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia --con 451 afiliados--, en la que se ha basado Justicia para su plan de ayudas públicas, contempla para este ejercicio 150 becas, de cinco años de duración, de 600 euros al mes durante los dos primeros años, 300 euros mensuales durante el tercer año y 150 euros al mes durante el cuarto y quinto año. Uno de los requisitos para optar a una beca es no tener ingresos superiores a 80.000 euros brutos por parte de las personas de las que dependa la solicitante o 20.000 euros brutos si depende de ingresos propios.