La jueza María Servini de Cubría, que lleva adelante la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo, firmó este lunes el pedido de extradición para cuatro exfuncionarios de seguridad de la dictadura acusados de torturas en Argentina, según han confirmado a Público fuentes del juzgado. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz había solicitado la formalización de las órdenes de arresto, así que ahora es el turno de España para decidir si da curso o no al requerimiento de la Justicia argentina.

Las peticiones de captura internacional cursadas a través de Interpol son contra el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño. Aunque España confirmó el fallecimiento de Giralte González (muerto en 2007), y de Galván Abascal (en 2009), la Justicia argentina no ha recibido ningún documento que acredite el deceso de ambos, así que la solicitud de extradición se mantiene para los cuatro españoles.

El texto firmado por la magistrada debe todavía pasar un último control antes de ser remitido. 'Falta que la Cámara Federal certifique la firma de la doctora para que nosotros podamos enviar el oficio a la Cancillería', comentan las fuentes a este diario. Una vez sorteada esta diligencia, la Cancillería argentina enviará el expediente al ministerio de Justicia español. El Consejo de Ministros, entonces, será quien tenga la última palabra para decidir si accede a la extradición y el caso pasa a manos de la Audiencia Nacional.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires, al que pertenece Servini de Cubría, tendrá que esperar a que el Gobierno se pronuncie. 'Ahora tenemos que esperar a que contesten', aseguran desde allí. 'Los tiempos van a ser los que decida España'.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz aseguró, el 25 de septiembre, que citaría a Muñecas Aguilar, de 77 años, González Pacheco, alias Billy el Niño, de 66, apenas Argentina formalizara las peticiones de detención. Un día antes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideraba 'innecesarias, habida cuenta la antigüedad de los hechos' las detenciones de los españoles imputados.

La Fiscalía indicó, en un escrito enviado al juez Ruz, que el Convenio Bilateral sobre Extradición y Asistencia Judicial España Argentina exigía que las órdenes vinieran acompañadas de 'un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión' de los delitos. El Ministerio Público, que también se escudaba en la Ley de Amnistía de 1977, solicitaba a Ruz que, no obstante, requiriera a Argentina 'la solicitud de extradición y la documentación necesaria para tal fin'.

En Argentina, la tortura está tipificada con penas que oscilan entre los ocho y los 25 años de prisión.

El pasado 18 de septiembre, la magistrada dictaba orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para los cuatro presuntos torturadores, que convirtieron en los primeros imputados de la causa. Los españoles procesados, de acuerdo con la Justicia argentina, deben ser extraditados 'a efectos de recibir declaración indagatoria'.

La resolución de Servini de Cubría de septiembre reconocía su incumbencia en los pedidos de extradición. 'Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención', decía el texto, añadiendo que se debía comunicar 'el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)'.

El próximo 2 de diciembre una delegación de víctimas del franquismo, integrada tanto por querellantes como por políticos, será recibida por Servini de Cubría en un acto que tendrá lugar en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, encargada de gestionar la lista de asistentes, ha confirmado la presencia de Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich, el militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) asesinado a garrote vil el 2 de marzo de 1974 en una cárcel de Barcelona.

Por otro lado, al menos 230 personas viajarán el próximo 29 de noviembre a Madrid para tramitar ante la embajada argentina, de manera individual o colectiva, 172 denuncias de crímenes del franquismo.

Mientras tanto, el Parlamento andaluz tramita una Proposición No de Ley de respaldo a la querella argentina, que cuenta ya con más de 150 denunciantes particulares. Por el momento, el único Parlamento autonómico que ha mostrado su apoyo a la causa es el vasco, gracias a los votos de PNV, EH Bildu y PSE.

Bajo el principio de justicia universal, que reconoce desde 1853 la Constitución argentina, el juzgado de Servini de Cubría se declaró competente para investigar los crímenes franquistas a raíz de una querella que se presentó en abril de 2010 por 'delitos de genocidio y/o de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977', fecha en la que se celebraron las primeras elecciones democráticas tras el franquismo.

La única causa que hay abierta en el mundo para investigar los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina.