El PP de Madrid manejó un sistema de recompensa para sus donantes, a los que favorecía con contratos públicos con el fin de financiar sus excesos electorales cercanos a los 5 millones de euros. Así se desprende de un informe de las fiscales del caso Púnica, en el que asumen el famoso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tan denostado por Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Siempre que Arturo Fernández, restaurador y vicepresidente de la patronal madrileña, realizaba una donación a la fundación del PP Fundescam, se producía una adjudicación de “diversos contratos públicos de vicepresidencia y de la Asamblea de Madrid”. Así ocurrió en los años 2007, 2009 y 2011. Y esa es la conclusión de las fiscales del caso Púnica que en un escrito fechado el pasado marzo en el que destacan este sistema de recompensa de donantes.

El propio juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, sostiene el 6 de marzo de 2017 que existen "sólidos indicios" que acreditan que Arturo Fernández y otros empresarios "fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes". Contratos "donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas", aunque no alude a la propia Cifuentes.

Cristina Cifuentes, que perteneció al patronato de Fundescam, defiende su honorabilidad y desautoriza el informe de la UCO, que la prensa difundió como si fuera una resolución judicial cuando en el sumario no consta que se haya adoptado decisión alguna sobre el informe.

El mismo martes, cuando se conoció, la presidenta de Madrid consiguió algo insólito: que el propio juez hiciera llegar a la prensa que no tenía intención de investigarla, por ahora. Consiguió lo mismo de la Fiscalía Anticorrupción, que con nuevo jefe, Manuel Moix, parece que ahora no aprecia lo que hace menos de dos meses sí que asumieron las fiscales del caso.

El famoso informe de la UCO revela una serie de arbitrariedades que se habrían cometido por el comité de expertos de la Asamblea de Madrid del que Cifuentes era miembro y que abordó las licitaciones del servicio de restauración. También cometidas por la mesa de contratación que Cifuentes presidió como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

Estas son las arbitrariedades principales detectadas en los contratos de 2009 y 2011 adjudicados a favor de Arturo Fernández para el servicio de restauración de la Asamblea de Madrid:

.- 2 de marzo de 2007. Arturo Fernández transfirió 100.000 euros a la fundación del PP Fudnescam que provenían de la patronal madrileña CEIM, de la que era su vicepresidente, el 2 de Marzo de 2007. El 29 de marzo del mismo año, transfiere 60.000 euros transferidos desde Ia Fundación Arturo Fernández Álvarez. (El informe recuerda que Fernández aportó 60.000 euros en 2003 y que ganó la licitación inmediatamente posterior para el servicio de restauración de la Asamblea de Madrid, que es del año 2005).
.- Los contratos resueltos por la mesa de contratación que presidía Cifuentes dan más importancia a los criterios basados en juicios de valor frente a los objetivos, como son las ofertas económicas. Así, los juicios de valor absorben 80 de los 100 puntos. Los 20 restantes son para las fórmulas automáticas. Este criterio va en contra de la legislación sobre contratos públicos, que indica expresamente que se deben priorizar criterios medibles mediante cifras o porcentajes.
.- Este cambio de valoración provocó que en 2009 no ganara la oferta más ventajosa económicamente y que en la de 2011 la diferencia fuera mínima.
.- En los expedientes se incluyeron criterios de solvencia y adjudicación que para la Guardia Civil son contrarios a derecho.
.- El Gabinete de la Presidencia de la Asamblea de Madrid y la Dirección de Gestión Administrativa incluyeron criterios de adjudicación que valoraban las mejoras ofertadas, sin concretar a las empresas qué se tenía que ofertar como mejora ni cómo se iban a valorar, lo que supone una “discrecionalidad absoluta” y puede dar lugar a una “arbitrariedad preconcebida”.
.- Los informes jurídicos eran exiguos y no hacen mención a irregularidades. En la licitación de 2011 el letrado realiza aseveraciones que se contradicen con los preceptos legales que invoca.
.- En la licitación del año 2009 existían parámetros de valoración que no eran conocidas por las empresas que concurrían en el concurso. Fue un subcriterio introducido de manera sobrevenida y que daba más valor a la experiencia adquirida en contratos con el sector público que con el sector privado. Con este sistema el Grupo Cantoblanco obtuvo 30 puntos, cuando en la licitación anterior –que Fernández- perdió fue de sólo 2,78 puntos.
.- Cifuentes perteneció al comité de expertos de ambas concursos y presidió la mesa de contratación, situación que es vista como “irregular y anómala” por la Guardia Civil: “únicamente puede corresponderse con Ia intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento, es decir, ejercer un control en Ia valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas valoraciones eran finalmente aprobadas”.
.- En el concurso de 2011 la empresa competidora Clesa obtuvo cero puntos en los apartados “calificación de los alimentos” y “otras mejoras”. El comité de expertos sostiene en el expediente que esta compañía no presentó documentación alguna para responder a estos criterios, mientras que la Guardia Civil ha comprobado que Clesa presentó la documentación y que respondía a los criterios exigidos.

La UCO concluye que los concursos pudieron ser decididos “de antemano” y que se cometieron “actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles en cuanto al resultado presumible de su realización, de Ia que puede inferirse el pleno conocimiento y voluntad a Ia hora de ejecutar los mismos”.

La declaración de una de las personas que participó en la comisión de expertos de las licitaciones de 2009 y 2011 es reveladora. Se trata de la jefa de relaciones externas y protocolo de la Asamblea de Madrid, María Merino, quien compareció ante la Guardia Civil días después de este informe.

María Merino explica que encontró un día en su despacho cuatro cajas cerradas. Contenían los pliegos de 2009. "Se asustó y no sabía qué hacer", pero sostiene que ella nunca valoró la ofertas. Admite que participó en una reunión "muy corta" y "meramente expositiva" en el despacho de Cifuentes junto a la letrada de la Asamblea Tatiana Recoder. La letrada aportó sus razonamientos jurídicos y "no hubo deliberación". "Nadie expuso nada, no había nada que discutir", añadió sobre la reunión, que se repitió en la adjudicación de 2011.

Preguntada acerca de algunas de las irregularidades detectadas en el proceso, como penalizar a una empresa por presentar mal las certificaciones y no penalizar a Cantoblanco cuando no presentó ninguna, afirmó que ella no realizó ninguna valoración y que fueron Tatiana Recoder en 2009 y Arturo Zubiri en 2011 quienes las hicieron.

Tatiana Recoder, por su parte, afirmó el pasado 9 de marzo a la Guardia Civil que ella hizo la recomendación respecto a una incompatibilidad de Cifuentes como miembro del comité de expertos y presidenta de la mesa de adjudicación, pero que no volvió a ver el pliego de 2009 que resultó definitivamente aprobado. Ella se limitó a hacer un informe jurídico sin entrar a valorar los criterios de adjudicación. No le "chocó", añadió, que entre los criterios se valorara más a las empresas que tenían experiencia en el sector público, pero que "en ningún caso hubo mala fe".

Por su parte, Zubiri, declaró que recibió las ofertas e hizo las valoraciones, tras lo que se reunió con Cifuentes y Merino, quien criticó alguna de las puntuaciones, que se modificaron, aunque ello no varió la empresa que él había puntuado en primer lugar, Cantoblanco. "Cristina Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones. Una vez terminado, dijo que muy bien y que se firmase el acuerdo", explicó el funcionario.

Zubiri se mostró extrañado cuando los agentes le mostraron unos documentos presentados por otra empresa licitadora: "No lo entiendo, no me consta que esta documentación" "sea la que examiné en el expediente que me remitió la Secretaría General", pero agregó que "la oferta de Arturo era mejor".

El juez Velasco enfila un nuevo destino hacia la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y será el nuevo responsable del juzgado central de instrucción 6 el que tome la decisión definitiva, en el caso de que las acusaciones pidan que se abra una investigación a Cifuentes. Mientras, las espadas siguen en alto en la Fiscalía Anticorrupción.