La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que abrirá una investigación interna en la Comunidad de Madrid tras la polémica desatada por  la publicación "por error" en su Portal de Contratación de un contrato adjudicado, también "por error", a la cadena hotelera Room Mate, propietaria del apartahotel donde se aloja durante la pandemia.

Según ha expuesto Ayuso este jueves en el pleno de la Asamblea, la publicación de este contrato, que primero apareció adjudicado a Room Mate para luego cambiarse el nombre del adjudicatario por el de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, ha sido "lo único raro" entre la polémica por dicho apartamento.

"Ha sido un contrato que se ha subido casualmente mal puesto, y que se ha enterado justo un periodista y en el momento en que lo ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas", ha dicho Ayuso en respuesta a una pregunta del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

Aunque la oposición sigue pidiendo explicaciones a la presidenta después de que el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, avisara de un posible nuevo caso de corrupción en el PP por el apartamento si lo paga un empresario. 

Según publicó el lunes la revista Vanity Fair, Ayuso está instalada desde el 16 de marzo pasado en un apartahotel de lujo de la capital propiedad del empresario Kike Sarasola, presidente de Room Mate.

Esta cadena hotelera ha cedido a la Comunidad de Madrid sus seis hoteles en la capital durante la pandemia, cuatro para personal sanitario y otros dos para personas mayores sin coronavirus.

De los dos hoteles destinados a personas mayores sólo se ha puesto uno en marcha, sobre el que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid firmó un contrato en el que figura como adjudicatario la Coordinadora del Tercer Sector, encargada de prestar los servicios socisanitarios.

Un contrato fantasma

Sin embargo, en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid llegó a figurar como adjudicatario del contrato Room Mate por un importe de 565.749,58 euros con IVA incluido.

Un "error" según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, que posteriormente cambiaron en el Portal de Contratación el nombre del adjudicatario por el de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y redujeron el importe a 240.443,57 euros IVA incluido.

El contrato firmado, con fecha de 16 de abril, cifra en 157.393,47 euros el coste total del servicio, un importe inferior a la estimación inicial de 240.443,57 que hizo la Consejería, que justifica esa diferencia en la necesidad de hacer "una retención de crédito" en una situación de emergencia