Anticorrupción pide casi 7 años de cárcel para dos excargos de Pujol por la trama 'Pretoria'

La Fiscalía Anticorrupción solicita multas millonarias y penas de prisión de casi 7 años de cárcel para dos exaltos cargos de CiU durante la presidencia de Jordi Pujol: el exsecretario de la Presidencia Lluis Prenafeta y el exconsejero de Economía Macià Alavedra, vinculados con la trama de corrupción 'Pretoria', que operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

En concreto pide una pena de 6 años y 10 meses de prisión para Prenafeta y Alavedra. Reclama para el primero una multa de 13,7 millones más el decomiso de la ganancias ilícitas obtenidas, por importe de 5,8 millones. Por su parte, Alavedra se enfrenta a una multa de 10,3 millones más el decomiso de 3,2 millones suplementarios.

El Ministerio Público solicita, además, para el exdiputado socialista Luis García, 'Luigi', presunto líder del grupo, 8 años de prisión y una multa de 22,6 millones y el decomiso de otros 5,8 millones de forma solidaria con cinco empresas.

En cuanto al exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, la petición alcanza los seis años y 10 meses de prisión, multa de 4,1 millones y el comiso de 1,1 millones y una vivienda de Barcelona. El exconcejal de Urbanismo Manuel Dobarco se enfrenta a una petición fiscal de un año de cárcel y una multa de 4,1 millones de euros.

Todos ellos fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009. 

Según indicaba el juez de la Audiencia Nacional en un auto hecho público el 18 de diciembre, ha quedado "indiciariamente acreditada" la existencia de una trama dirigida a "la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal" de Barcelona que habría operado bajo la "intervención principal" del exparlamentario socialista Luis García.

Su labor se centraba en conseguir adjudicaciones de terrenos en los tres municipios barceloneses, tras lo cual se modificaba el titular de la adjudicación, se recalificaban los terrenos y se vendían a un precio superior. A cambio de estas operaciones, los mediadores recibían "cuantiosas" comisiones ilegales que trataban de ocultar mediante la utilización de complejos entramados societarios y financieros.