El año en el que Sánchez compró las tesis de Marruecos y abandonó el Sáhara Occidental

Era una tarde de viernes del mes de marzo aparentemente tranquila en cuanto a actualidad informativa se refiere. Pero alrededor de las 16.00 una alerta iba a provocar un terremoto político tanto a nivel nacional como internacional. La Casa Real de Marruecos, con Mohamed VI, revelaba una carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que avalaba los planes de autonomía del país vecino para el Sáhara Occidental. La política exterior española ha estado marcada principalmente por este acontecimiento durante todo 2022. 

El desconcierto de los primeros minutos fue total. El Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares confirmaba la existencia de la carta pero se centraba en que se abría una nueva etapa con Marruecos. Se daban pistas sobre qué suponía esa aceptación de la autonomía, como por ejemplo reforzar la cooperación con "los flujos migratorios en el Mediterráneo y en el Atlántico". Desde Unidas Podemos, socios de la coalición, y desde el Frente Polisario, representantes legítimos del pueblo saharaui ante la ONU, se rechazó tajantemente el giro de Sánchez. 

La relación entre España y Marruecos estaba rota desde tiempo atrás. Para la historia de las relaciones internacionales quedará cómo el país vecino usó la acogida humanitaria del líder del Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño durante 2021. Más inaudita y a cara descubierta fue la acción emprendida por el país vecino enviando miles de civiles a Ceuta como manera de presión. "Es inaceptable que se ataquen nuestras fronteras por desavenencias en política exterior", dijo un Sánchez visiblemente enfadado. 

Había que solucionar las relaciones bilaterales. Para ello se sacrificó en el verano de 2021 a la ministra Arancha González Laya. Sánchez le encargó a Albares la tarea de recuperar las relaciones. El nuevo ministro trabajó con mucha discreción durante meses hasta llegar a la famosa carta de marzo de 2022. El contenido concreto de la misma, por cierto, solo se hizo público mediante una filtración a El País cuatro o cinco días después de que lo comunicara Mohamed VI.

El peaje, por tanto, para recuperar las relaciones con Marruecos e iniciar una "nueva etapa" fue abandonar los postulados clásicos de la política exterior española durante más de 40 años. Gobiernos de todos los colores habían mantenido una suerte de neutralidad activa en el conflicto del Sáhara Occidental y nadie se había posicionado de parte desde el Ejecutivo.

Durante aquellos primeras días se intentó desde el PSOE y Moncloa convencer a la opinión pública de que no había cambio alguno. Un argumentario que fue variando con el paso del tiempo. En las propias filas socialistas hubo voces que no entendían el paso dado por Sánchez en un conflicto con un gran componente emocional en la izquierda española. 

Albares y Sánchez tuvieron que esforzarse en el Congreso para explicar lo que habían decidido. Tuvieron enfrente a la práctica totalidad de los grupos parlamentarios. La "nueva etapa" se cristalizó en el mes de abril con una visita de Sánchez a Mohamed VI en Rabat. De ahí salió una declaración conjunta que oficializaba las intenciones de acercamiento de ambos mandatarios. La decisión concreta más relevante fue la reapertura de las fronteras con Ceuta y Melilla, cerradas desde el inicio de la pandemia y que efectivamente abrieron en mayo.

También se incluyeron otros puntos como la apertura de aduanas comerciales en ambas ciudades autónomas, un hecho que todavía no ha llegado. Tampoco la negociación de las aguas territoriales, algo que afecta de pleno a las Islas Canarias. Ni la Reunión de Alto Nivel (RAN) comprometida para antes de final de año. Los últimos anuncios de Albares y su homólogo, Nasser Burita (con quien se ha visto en múltiples ocasiones estos últimos meses) son que se celebrará la última semana de enero o la primera de febrero. 

¿Qué ha pasado con los saharauis desde entonces? 

Todas estas decisiones del Gobierno de Sánchez se producen además en un contexto donde el territorio del Sáhara tiene un frente de guerra abierta desde noviembre de 2020 aunque los focos no estén puestos sobre este asunto. Tras la decisión del líder del Ejecutivo, el Frente Polisario decidió romper relaciones. Eso, no obstante, no ha impedido que volvieran a España los niños y niñas pertenecientes al programa Vacaciones en Paz, un programa de acogida histórico. 

Sánchez y el Gobierno han destacado que España es el principal donante de ayuda humanitaria a los campamentos de población refugiada saharaui de Tinduf (Argelia). El presidente lo verbalizó incluso en la ONU, donde obvió cualquier referencia a los planes de autonomía de Marruecos. La situación en Tinduf, como alertan las principales organizaciones humanitarias, es muy delicada. Los socialistas rechazaron aumentar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la aportación económica a los campamentos en una enmienda que salió adelante con el voto de otros grupos políticos. 

En materia de Derechos Humanos destaca especialmente un nombre propio, el de la activista Sultana Jaya. La mujer saharaui fue asediada durante más de un año en su casa de los territorios ocupados. Pudo finalmente venir a España, desde donde denunció su situación y la de otros tantos saharauis que sufren la represión por parte de las autoridades policiales y políticas de Marruecos.

Como, por ejemplo, su propia sobrina, a la que el Gobierno ha impedido participar en un programa de acogida de activistas de DDHH, como publicó este medio. El PSOE, además, no participa desde hace mucho tiempo en las reuniones parlamentarias con otros grupos sobre el conflicto del Sáhara y no recibió a Jaya. 

Otros hechos significativos desde las filas del PSOE tienen que ver principalmente con el papel que juegan algunos exdirigentes de máxima relevancia como José Bono o José Luis Rodríguez Zapatero. El exministro y el expresidente participaron en un evento de una organización saharaui que el CNI relaciona directamente con Marruecos para desprestigiar al Polisario. En este evento también participó el actual eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Bono fue poco tiempo después más allá que ningún político español de alto nivel siendo recibido por las autoridades marroquíes en la ciudad ocupada de El Aaiún. 

Las consecuencias y el papel de Argelia o la ONU

Dos actores relevantes tendrán mucho que decir también en este conflicto durante el próximo año. En primer lugar, la ONU. Es bajo esta organización donde se debería encontrar una solución que acepten las dos partes. Algo que también defiende el Gobierno de Sánchez pese a haber apostado de forma clara por la postura que defiende precisamente una de las partes. El nuevo enviado especial, Steffan de Mistura, no ha conseguido prácticamente avances. De hecho, no ha podido ni siquiera viajar al territorio ocupado del Sáhara Occidental, clave y origen del conflicto. 

Por otro lado, Argelia. El país magrebí está enemistado de forma histórica con Marruecos y son aliados del Polisario y los saharauis. Con la decisión de Sánchez se rompieron unas relaciones que no se han recuperado desde entonces. Se dejó sin efecto además el Tratado de Vecindad y se retiró a su embajador en Madrid. El suministro de gas ha estado en el candelero, aunque los argelinos han asegurado en todo momento que se cumplirían los contratos firmados. Los argelinos tienen ahora como socios preferentes a Italia y también han intensificado intercambios con Francia. 

"España necesita salir de la lógica de juego de suma cero en la que están instalados sus dos vecinos magrebíes más próximos y buscar un nuevo equilibrio en sus relaciones con ellos", opina en su informe anual el investigador Haizam Amirah-Fernández, del Instituto Elcano. "Cualquier posicionamiento se debe ajustar a las disposiciones de la ONU y al derecho internacional, puesto que eso es lo que garantiza que se respete un orden internacional basado en normas", añade.

Para este think-tank, se pondrá a prueba a lo largo de 2023, cuando el Tribunal de Justicia de la UE emita su sentencia de casación sobre los acuerdos comerciales y de pesca entre la UE y Marruecos, en lo referente a su alcance territorial y su aplicación a los recursos del Sáhara Occidental. "El reto para España no es fácil debido a las presiones que suele ejercer Marruecos, pero es necesario que haya claridad y consensos en esa política de Estado. Las decisiones del Gobierno serán más efectivas cuanto más respaldo político y social reciban dentro de España y cuanta más coordinación busquen en el ámbito europeo e internacional", consideran en Elcano.