Andalucía tomará la iniciativa estatal con su próxima Ley de Memoria Democrática

Andalucía se prepara para retomar la iniciativa de la política memorialista con proyección estatal. Y el primer paso será la tramitación parlamentaria después del verano de la Ley de Memoria Democrática cuyo proyecto ultima el Gobierno de coalición PSOE-IU, una norma avanzada que contrastará con la desactivación de le Ley estatal de Memoria Histórica de 2007 por parte del Gobierno central del PP.

La Junta de Andalucía ha estado siempre a la vanguardia de las políticas para la recuperación de la memoria histórica, como lo demuestra su temprana reacción a las demandas de este movimiento social cuyo nacimiento se sitúa en el año 2000 a raíz de la primera exhumación con criterios científicos internacionalmente homologados -la de Priaranza del Bierzo- y la creación de la primera asociación memorialista, la ARMH surgida entonces en León. De hecho, la cuantía presupuestaria acumulada destinada por el Gobierno andaluz a este fin rondaría los 16 millones de euros: 10 de ellos en indemnizaciones a represaliados desde 2001 y los 6 restantes, en subvenciones concedidas a asociaciones, ayuntamientos y universidades para diferentes actuaciones (exhumaciones, investigaciones, publicaciones, documentales, monolitos, reconocimientos, etc.)

La presencia ininterrumpida de un Gobierno de izquierdas en Andalucía, sostenido por la configuración sociológica de la mayoría social, ha sido clave en la sensibilidad de estas políticas con las demandas de las víctimas y de sus herederos. Además, se da la circunstancia histórica objetiva de que Andalucía fue la región más masacrada por la represión franquista, con más de 50.000 mil fusilados, especialmente en su mitad occidental donde no hubo prácticamente guerra, sino represión pura y dura. El Mapa de Fosas de Andalucía -concluido en 2009 y costeado por la Junta- revela la existencia de 614 fosas comunes en toda la Comunidad, constituyendo el conjunto de varias de ellas situado en el viejo cementerio de Málaga el segundo más importante de toda Europa, tras la tristemente célebre de Srebrenica, en Bosnia.

Andalucía fue la región más masacrada por la represión franquista, con más de 50.000 mil fusilados La gestión política socialista andaluza de la memoria histórica comenzó en 2001 dependiendo de la Consejería de Presidencia para pasar en 2003 a la de Justicia, año del que data la regulación por decreto de las subvenciones actualmente vigente. En 2006 se creó el Comisario de la Memoria Histórica, una figura competente en la materia pero carente de estructura departamental definida. Hasta que el pasado año 2012, con la constitución del Gobierno de coalición PSOE-IU, las competencias memorialistas pasaron a manos de Izquierda Unida dependiendo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales encabezada por el vicepresidente de la Junta Diego Valderas. IU ha elevado el rango político de la memoria histórica con la creación de una dirección general específica de Memoria Democrática, aunque los recortes impuestos desde el Gobierno central han mermado considerablemente la disponibilidad presupuestaria con respecto a la etapa anterior bajo gestión socialista.

Sin embargo, pese a la escasez de recursos económicos, sí que se observa ahora un impulso político renovado en torno a la próxima Ley de Memoria Democrática, caracterizado por el consenso no sólo político, por la buena sintonía entre PSOE e IU tras el primer año de rodaje compartiendo responsabilidades de gobierno, sino también social. No en vano más de cien organizaciones especialmente vinculadas con la memoria histórica han participado en la gestación del anteproyecto a través de reuniones celebradas en las ocho provincias andaluzas durante los últimos meses, aportando sugerencias y enmiendas.

El documento base sobre el que se cimentará la futura ley tiene su origen en la proposición de ley para la recuperación de la memoria democrática en Andalucía que IU vio rechazada hace dos años -abril de 2011- por la fuerza aplastante de los votos de PSOE y PP. Pero como las rencillas en política no son eternas y la necesidad obliga, la coyuntura ha cambiado y desde el PSOE, su coordinador andaluz de memoria histórica Carlos Perales considera que "ha llegado el momento de que la Junta retome el impulso político a nivel estatal previo a la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica". Un Perales autocrítico con su propio partido precisa aún más al decir que "tenemos que aprovechar la oportunidad de la coalición con Izquierda Unida para abandonar esa cierta timidez que hemos tenido y cubrir las lagunas importantes que quedan por cerrar en la memoria histórica".

"La nueva Ley va a ser, sin duda, el marco legal más avanzado de España" Una de las novedades más importantes de la futura normativa legal hace referencia a las exhumaciones, con lo que dejará sin efecto el protocolo autonómico aprobado en 2009 que fue muy criticado por las asociaciones de la memoria histórica y que ha demostrado su ineficacia dada la arbitrariedad y desorganización con que se están realizando estas delicadas tareas en los últimos años, de espaldas en ocasiones a las administraciones y bajo la única supervisión de familiares con profesionales contratados al efecto.

La Junta quiere evitar con ello la privatización de estos procesos, porque "forman parte de las políticas públicas de memoria histórica", afirma Juan Francisco Arenas, secretario de memoria histórica del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y número dos de la Dirección General de Memoria Democrática andaluza. El Gobierno andaluz se personará como denunciante ante el juzgado correspondiente cuando se efectúe cualquier exhumación, a fin de ajustarse al protocolo de actuación de Naciones Unidas en estos casos. "Trataremos de dar satisfacción a los familiares que quieran exhumar, pero con mucho cuidado de no destruir la cadena de custodia de las pruebas de crímenes de lesa humanidad", enfatiza Arenas con la esperanza de que "en algún momento el ordenamiento jurídico español deje de amparar la impunidad del franquismo".

Otros aspectos sobre los que pretende incidir la próxima norma andaluza, que pretende irradiar sus efectos con transversalidad hacia otras consejerías, son: la educación, el acceso a los archivos, la eliminación total de la simbología franquista en los espacios públicos, los lugares y senderos de la memoria -a caballo entre turismo y medio ambiente-, un censo de las víctimas, un banco de ADN con colaboración de Sanidad, la reparación moral y el reconocimiento de colectivos, así como la creación de un Instituto de Memoria Democrática. "La nueva ley va a ser, sin duda, el marco legal más avanzado de España", concluye Juan Francisco Arenas.