Andalucía Espadas se mete en el charco de los regadíos de Doñana y se distancia del Gobierno de Sánchez

En el PSOE andaluz siempre hay opiniones para todos los gustos, análisis más o menos sesudos sobre los acontecimientos. En esta ocasión, no es diferente. En amplios sectores del partido cundió primero una sensación de estupor, incomprensión y desconcierto (que poco a poco va calmándose ante la necesidad de unidad, si se quiere volver al Gobierno) debido a la decisión de Juan Espadas, el secretario general, de abstenerse en la votación que admitió a trámite una proposición de Ley sobre la ampliación de regadíos en Doñana, impulsada por el PP, junto con sus socios, Vox y Ciudadanos.

Los votos del PSOE no eran decisivos porque la mayoría de las derechas se bastaba (y se bastó, de hecho) por sí misma para sacarla hacia delante, pero al abstenerse (con suspense y en contra del criterio de varios diputados, que apostaban claramente por el no), Espadas atrajo los focos hacia él y los retiró de Juanma Moreno, el presidente, donde estaban hasta entonces. Moreno estaba asumiendo un desgaste con este asunto, que cuestionaba la imagen de político moderado y centrado que pretende dar, y la decisión de Espadas, por un momento, le quitó presión. La ley, además, tiene claros tintes electoralistas, porque es muy posible que no se apruebe antes de que termine la legislatura.

Esa proposición de ley solo beneficia en realidad a unos cuantos propietarios y empresas del entorno del espacio natural y podría terminar por legalizar casi 2.000 hectáreas para el riego, si se hace caso a los detallados datos que ha aportado esta semana la ONG conservacionista WWF.

Desde que el PP registró en la Cámara las iniciativas, a principios de enero, los ecologistas dieron la voz de alarma y la norma generó preocupación e inquietud en la Unesco, en la Comisión Europea, que amenazó a España con pedir multas al Tribunal de Justicia de la UE (que ya condenó a España hace unos meses por no cuidar adecuadamente el agua de Doñana) si se veían afectados los acuíferos del Parque, y, en consecuencia y con toda lógica, en el propio Gobierno de Pedro Sánchez.

La vicepresidenta Teresa Ribera, que habló en algunas ocasiones con Espadas de este tema en las últimas semanas, envió un día antes de la votación una carta muy contundente a Moreno, en la que le instaba a desistir de su plan, "ante los enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales, y también para la imagen de España en el exterior" y le advertía de que la proposición suponía una invasión de competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La vicepresidenta alertaba también a Moreno de que, en el caso de que la ley diera lugar a multas, acabaría por generar un perjuicio económico a la propia Junta de Andalucía. El mismo Espadas pidió a Moreno que diera marcha atrás.

La misma tarde del miércoles, la vicepresidenta Ribera y Espadas hablaron de nuevo e intercambiaron pareceres sobre la posición del PSOE de Andalucía de abstenerse. Según las fuentes consultadas por Público, la conversación fue en términos razonables, nunca de discusión entre ambos y las cosas quedaron claras. La posición del ministerio, fuera como fuese esa conversación, es muy clara y queda explícita en esa carta: lo que pretenden las derechas en Andalucía es imposible, causaría tremendos desperfectos y deben, por tanto, desistir. Este viernes, en efecto, Ribera se mantuvo firme en su posición y aseguró que, de aprobarse como está, la ley sería inmediatamente recurrida al Tribunal Constitucional.

El charco

¿Por qué Espadas se metió pues en un charco en el que chapoteaba Moreno? ¿Por qué lo hizo de un modo además en el que su posición le distanciaba y se podía interpretar como una desautorización de la vicepresidenta y de su criterio meridianamente contrario a la norma del Gobierno de Sánchez? Comprender al 100% la decisión de Espadas requiere comprender el carácter del secretario general del PSOE, quien verdaderamente cree en la moderación, el equilibrio y el diálogo constructivo como elementos esenciales de la política, aun en contextos tan complejos e inflamables como el de los regadíos de Doñana.

Por un lado, Espadas rechaza la propuesta del PP tal y como está, pero sí está abierto a negociar una solución para los regadíos de Doñana, hablando con todos los actores de la zona, incluidos los ecologistas. "[Moreno] engaña a los agricultores de la zona y les genera unas expectativas que no se van a cumplir. Deteriora la imagen de Doñana, algo que es peligrosísimo, [y abre la puerta] además a las eventuales consecuencias que se puedan producir de decisiones que tome la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia" de la UE, considera Espadas.  

Así, puntualizan fuentes del PSOE andaluz: "Nuestro voto no era relevante para nada. Las derechas tenían ganada la votación. Otra cosa es que hubiera sido determinante. Entonces no hay discusión. Lo hubiéramos parado".

Por otro lado, en este caso concreto, Espadas considera que el plan aprobado en 2014, que contribuyó sobremanera a pacificar la zona, no resolvió todos los problemas, al dejar fuera de los regadíos a algunos propietarios en esa zona de Huelva.

"Los socialistas sabemos que había dos opciones: o darle la espalda al problema y, por tanto, a los agricultores y a la comarca, o buscar una solución y sentarnos a discutir todos desde el diálogo, la búsqueda de un acuerdo y desde lo que jurídicamente sea posible", afirmó Espadas este jueves. "Si hubiera habido un bloque de voto sí y otro de voto no, hoy no habría diálogo ni nadie se sentaría con los agricultores, ¿La derecha se va a sentar con los agricultores? No, hombre, no", analizó el secretario general.

"Doñana no se toca. No se puede proteger Doñana sin la población y la gente del territorio. El PSOE no va a permitir ninguna barbaridad en Doñana, pero va a trabajar con el territorio", agregó.

Por último, en el examen que hizo sobre el asunto Espadas estaba también el temor a dejarse votos en la gatera: la reflexión de que votar en contra de la proposición en Andalucía en este momento, a las puertas de las autonómicas, era dejar el campo abierto a Vox en la comarca. "El PP buscaba el ventajismo político de sacar unos votos y sacar al PSOE de la ecuación", reflexionó Espadas. "La derecha salió muy preocupada del voto del PSOE: la idea era arrasar con la interlocución del voto de los socialistas en el territorio. También le salió mal a Moreno esa cuestión. Votamos por el diálogo, por una solución de verdad al problema", añadió.

Y en clave interna, Espadas afirmó que espera que "ya le haya quedado claro a alguna gente que yo no vengo aquí a ser la marca de nadie". "Por delante está siempre Andalucía, y después cualquier otra cuestión", dijo. No obstante la abstención y el ruido generado, la sangre no llegará al río en el PSOE andaluz, que aborda un comité director en próximas fechas, según las fuentes consultadas por Público. "Se ha equivocado y ya está. Hasta ahí", asegura a Público un dirigente crítico con la decisión. Fuentes de San Vicente indicaron que en Ferraz, en la dirección del partido, son sensibles a los argumentos electorales que maneja Espadas.

El triple del valor

En el año 2014, se cerró el plan de regadíos en Doñana, que es lo que hoy pretenden modificar las derechas. Ese plan pacificó sobremanera la zona, pero dejó fuera a un grupo de propietarios, que se quedaron fuera de aquel acuerdo y, durante años, jaleados por el PP, presionaron a los gobiernos del PSOE. El consejero de Medio Ambiente de Susana Díaz, José Fiscal, no se movió un milímetro de la ley, a pesar de las tremendas presiones de todo tipo que sufrió de los agricultores (él y otros dirigentes socialistas).

Hay un asunto económico real y tangible. Una hectárea de secano forestal en la zona puede venderse por unos 20.000 euros, mientras que una regable puede valer, de media, tres veces más, hasta 60.000, según WWF, lo que implica que el cambio de uso de suelos triplica de un plumazo el valor de una finca. Los freseros de Huelva son un poder fáctico en la provincia, que mueve más de mil millones de euros cada año.

Sobre los derechos históricos y la reivindicación de quienes se quedaron fuera en 2014, Juanjo Carmona, de WWF afirma: "Regar sin ningún tipo de autorización administrativa y realizar una actividad ilegal durante años no otorga ningún tipo de derecho. El Plan de la Fresa nació fruto de un largo proceso de búsqueda de consenso que duró siete años. Es más, de los aproximadamente 160 recursos contenciosos que se han presentado estos años contra el Plan de la Fresa, ningún Tribunal ha considerado que haya un solo artículo anulable, ni que los requisitos del plan fueran ilegales".

Para los ecologistas, abrir este melón es un error. "Las consecuencias se están viendo ya. Si en Doñana se vinieran aplicando las normas, hoy en día el acuífero no estaría sobreexplotado. Los agricultores legales van a ver ahora el problema, si esto es así [si se aprueba la norma], las dotaciones tendrán que reducirse. Van a ver a su vecino regando ilegal y ellos con el contador y no van a tener agua. Ya hay competencia desleal. Ahora más. La competencia es tremenda", afirmó Felipe Fuentelsaz, técnico de WWF, esta semana. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, entre 2019 y 2020 ha cerrado al menos 170 pozos ilegales y ha revisado el sellado de otros 250.