madrid
Actualizado:El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha jurado su cargo ante el rey este martes en un acto celebrado en en el Palacio de la Almudaina de Palma. A la toma de posesión han acudido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.
García Ortiz, quien sustituye a Dolores Delgado, ha jurado el cargo sobre la Constitución, abierta por la página del artículo 124, el referido a la Fiscalía. La ceremonia, celebrada en el salón gótico del Palacio Real de la Almudaina, ha seguido el protocolo habitual de juras de cargo que normalmente tiene lugar en el Palacio de la Zarzuela. Incluso se han usado la misma mesa y ejemplar de la Constitución que se utilizan en Madrid, trasladados a Palma para el acto.
Tras superar el aval del Consejo General del Poder Judicial con doce votos favor frente a siete, el mismo resultado que obtuvo Delgado en su día, releva a la anterior fiscal general en su cargo después haber comparecido además ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
García Ortiz asegura que quiere garantizar la autonomía de los fiscales
El hasta ahora fiscal jefe de la Secretaría Técnica, que dejó la Unión Progresista de Fiscales (UPF) tras ser propuesto para el cargo, aseguró el pasado jueves ante la Comisión que quiere mejorar el régimen de toma de decisiones y formación de criterio en el FGE para "garantizar la autonomía" de los fiscales y que "exista el derecho a discrepar".
El fiscal también garantizó firmeza contra la "lacra" de la violencia machista y la trata de seres humanos, y un mayor refuerzo del área de menores y la Fiscalía antidroga. Además, afirmó que la investigación emprendida por el Ministerio Público sobre la "tragedia humana" de Melilla será "exhaustiva".
García Ortiz llega a la dirección de la Fiscalía después de una carrera fiscal desde 1999, tras desarrollar su grueso en Galicia. En esta autonomía fue fiscal delegado de Medioambiente y coordinador especial de incendios, además de defender los intereses públicos en el caso Prestige.
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