Durante los próximos tres años, los inquilinos del sector privado estarán protegidos contra grandes los aumentos de alquiler en Países Bajos. El país ha aprobado una medida para el control de alquileres en el mercado libre, donde las rentas no podrán subir más de un 1%, además de la inflación.

La ley, presentada por el diputado laborista Henk Nijboer en el Congreso el 9 de febrero pasado, contó con el apoyo de todas las formaciones políticas salvo los ultraderechistas del Foro para la Democracia (FvD, en holandés) y el Grupo Otten. Aunque finalmente el Senado ha dado luz verde este martes a la propuesta de ley. 

Esta es la primera vez que se aplican reglas tan estrictas para el aumento de alquileres del sector privado, hasta ahora no ha existido límite legal alguno. El año pasado, 87.000 inquilinos enfrentaron una subida de precio del alquiler,  según el diario holandés Het Parool. 

Ahora, más de medio millón de viviendas, cuyo alquiler supere los 750 euros mensuales se verán afectadas por esta nueva ley que limita los alquileres y servirá para proteger a los inquilinos de gastos adicionales durante la pandemia.

Además de esta norma, el Senado también aprobó otros dos proyectos de ley que afectan a los alquileres y entrarán en vigor en 2022. Un proyecto de ley del ministro Ollongren que garantiza, entre otras cosas, que se aplique un límite de ingresos más alto a los hogares de varias personas, para las viviendas de alquiler social de las corporaciones de vivienda. 

Y, por último, otra que vincula los ingresos de los inquilinos con el predio del alquiler. Es decir, los inquilinos con ingresos altos pueden recibir un aumento de alquiler más alto que los inquilinos con ingresos medios.

Una imagen de la ley de la vivienda que contrasta con la de España. Este viernes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha insistido en que limitar el problema de la vivienda "a reducir el precio no es algo ambicioso". 

Una ley de vivienda a la que le está costando ver la luz y que debería haberse llevado al Consejo de Ministros en enero, tal y como firmaron el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de Presupuestos.