La alarmante cadena de fallos judiciales de los últimos años ha vuelto a poner de relieve las fragilidades del sistema. Los "errores" saltan a la vista cuando los casos implican a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Joana Sales recibió una paliza por parte de un mosso en noviembre de 2022. El agente la denunció por un presunto delito de atentado contra la autoridad y pide para ella dos años de cárcel y 1.200 euros de multa. El juicio arranca esta semana, pero las expectativas de la joven son prácticamente nulas. "La vida me ha enseñado que no puedo tener fe la Justicia", reconocía en una conversación con este diario. La hemeroteca no hace más que reforzar sus declaraciones.

Hace cinco años, Santiago Abascal y la cúpula de Vox llenaron por primera vez el Auditorio de Zaragoza. El mitin formaba parte de la campaña de la extrema derecha para las elecciones generales, aunque por aquel entonces todavía no tenía representación en la comunidad. El movimiento antifascista de la capital aragonesa convocó una protesta en las inmediaciones del recinto. La manifestación se saldó con cargas policiales y con la detención de seis jóvenes, conocidos como los seis de Zaragoza. 

La Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) condenó a cuatro de los chavales a cuatro años y nueve meses de cárcel por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y "lesiones a varios policías". El alto tribunal desestimó los recursos presentados por la defensa de los jóvenes, que llevan 58 días en prisión. "Esto no es una lucha de David contra Goliat, sino de David contra muchos Goliat. El sistema te intenta aplastar cuando tú solo pides que se respete la presunción de inocencia. Mi hijo entró en el juicio siendo culpable, con el reto de demostrar que era realmente inocente", señala Francho Aijón, padre de uno de los seis de Zaragoza. 

En febrero de 2021, la represión policial se cobró una nueva víctima: una activista que participaba en una marcha contra la detención de Pablo Hasél en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra lanzaron varios proyectiles para contener los disturbios y uno de ellos impactó en su cara. La joven, que perdió un ojo, denunció la actuación de los agentes. El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona no solo archivó la causa, sino que respaldó a los antidisturbios, considerando que la mujer merecía "cargar con las consecuencias" por haberse puesto a sí misma "en peligro". 

"Lo que hizo el magistrado es una absoluta aberración, porque tenemos evidencias de que el disparo fue antirreglamentario. El foam es un arma de precisión, es decir, los mossos no pueden disparar por encima de la cintura. El tiro se realizó de la forma más lesiva y en condiciones de poca visibilidad", señala Xavier Muñoz Soriano, abogado de la víctima. El protocolo de la Policía catalana permitía disparar a 20 metros de distancia, mientras que los fabricantes no recomendaban hacerlo a menos de 30 metros.

El letrado recuerda que el caso salió a la luz porque había varios periodistas en la zona que fotografiaron a la joven tras la "mutilación ocular" y pone el foco en los riesgos de criminalizar el derecho a la manifestación. "El juez puede considerar que fue un accidente y que entra dentro del protocolo de actuación, pero no archivar la causa sin emitir una sentencia. El fiscal ha tenido un rol absolutamente inexistente y la acusación ha llevado todo el peso de la investigación. Estos despropósitos son habituales en los casos en los que hay policías enjuiciados", añade el abogado. La defensa de la víctima ha presentado un recurso y confía en reabrir la causa.

El Tribunal Supremo decidió imponer una pena de un mes y medio de cárcel e inhabilitación especial para el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. Los magistrados declararon probado que el parlamentario de la formación morada había golpeado a un antidisturbios durante una manifestación en La Laguna (Tenerife) contra la Ley Wert, que supuso un amplio paquete de recortes para la educación pública. El Tribunal Constitucional aceptó más tarde el recurso del exdirigente de Podemos y terminó reconociendo que se había vulnerado su derecho a la representación política. La resolución llegó cuando Alberto Rodríguez ya había perdido su escaño en el Congreso.

Isa Serra también protagonizó una de las sentencias más polémicas de los últimos años. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a la dirigente de Podemos a 19 meses de prisión por los altercados producidos durante un desahucio en el centro de la capital. Los hechos ocurrieron hace una década. Ese día, distintos grupos de activistas habían convocado una protesta contra el desalojo de un hombre de 50 años, enfermo y sin alternativa habitacional. La manifestación terminó con cargas policiales. Los agentes denunciaron a algunos asistentes por un delito de lesiones y atentado contra la autoridad. 

La Policía defendió durante el juicio que Isa Serra había sido una de las instigadoras del lanzamiento de objetos –macetas, zapatillas y mandarinas, entre otros– contra los antidisturbios. La dirigente de Podemos, los vídeos del incidente y distintos testigos negaron durante todo el proceso esta versión. "La interpretación del juez fue absolutamente contraria a la presunción de inocencia. Los testigos aportaron pruebas que la situaban [a Isa Serra] lejos de la zona del conflicto, pero el magistrado prefirió darle credibilidad a la declaración de los agentes. La condena se basa en los testimonios de los policías", recuerda Daniel Amelang, abogado de la política y miembro de Red Jurídica. 

"Los agentes no dieron ningún detalle en el juicio, dijeron que no recordaban los hechos con exactitud y se remitieron a un atestado lleno de irregularidades. La brigada de información sacó sus conclusiones antes de tomar declaración a los policías. El juez ignoró todas las imágenes y testigos que aportamos", continúa el letrado. El problema se agudiza cuando las víctimas son personas racializadas, fundamentalmente porque no disponen de los recursos necesarios y rara vez llegan a denunciar. En cualquier caso, la Justicia tiende a revictimizar a los policías incluso cuando las pruebas apuntan en la dirección contraria. "Soy inocente y lo defenderé hasta el final de los días, pero, sinceramente, me cuesta mucho confiar", sentencia Joana Sales, la última víctima del aparato policial.