Aitor Martínez, abogado de Assange: "¿De verdad pensamos que el 'establishment' de Inteligencia no le someterá a un trato inhumano al llegar a EEUU?"

Minar la credibilidad de Estados Unidos en materia legal, de compromisos internacionales, de protección de los derechos humanos y la libertad de prensa serán los argumentos más relevantes de la apelación que, en los próximos días, los abogados de Julian Assange expondrán ante la Corte Suprema de Londres, para intentar revertir la resolución que da vía libre a su extradición.

La sentencia del alto tribunal británico trae a un primer plano algo más que la incomodidad que para las grandes potencias y sus Gobiernos supone el ejercicio libre del periodismo como herramienta social fiscalizadora de la acción de sus gobernantes. Y, más en concreto, sienta un peligroso precedente que permitiría que cualquier periodista, en cualquier lugar del mundo y de cualquier nacionalidad, pudiera ser considerado un objetivo a capturar por la inteligencia norteamericana o de otro Estado, por el simple hecho de desvelar acciones secretas o incómodas, como los crímenes de guerra o la corrupción de las élites.

Exactamente lo mismo por lo que se persigue actualmente a Julian Assange y que se teme, a corto plazo, pudiera alcanzar a la red de colaboradores de WikiLeaks.

El fallo de Londres

La Corte de Londres tenía dos opciones para posicionarse respecto a Julian Assange, basadas en dar respuesta a cinco puntos que eran objeto de valoración legal. Tres de ellos argumentados por la defensa ponían sobre la mesa el pésimo estado de salud del periodista, quien desde 2012 no había podido tener una vida normal. Los informes médicos aportados al tribunal, supervisados por relatores de Naciones Unidas, ponían de manifiesto el alto deterioro de su salud física y mental por tantos años de cautiverio, que podrían derivar en suicidio en caso de extradición.

Y, por otro lado, la opción que finalmente fue asumida por la Corte de Londres para permitir la extradición del fundador de WikiLeaks. Consideraban y daban por creíble que Estados Unidos "habría proporcionado un paquete de garantías de que Assange no estará sujeto a SAMS (Special Administrative Measures, en inglés) ni será encarcelado en ADX (alta seguridad con 23 horas diarias en celda de aislamiento) a menos que el reo hiciera algo posterior al ofrecimiento de estas garantías que justifiquen la aplicación SAMS o la designación a ADX". Igualmente, "Estados Unidos también ha asegurado que dará su consentimiento para que el señor Assange sea trasladado a Australia para cumplir cualquier sentencia de prisión que se le imponga".

"La CIA planeó asesinar a Assange"

Para Aitor Martínez, abogado del fundador de WikiLeaks, la decisión de la Corte de Londres es un tremendo error porque el compromiso aportado por los representantes de Estados Unidos no es creíble. "¿Alguien piensa que Julian Assange no sería encerrado en una prisión de máxima seguridad o se le aplicaría un tratamiento penitenciario durísimo?", señala Aitor Martínez. "Estamos hablando de la persona a la que la CIA planeó asesinar, de acuerdo con revelaciones recientes en la prensa norteamericana", añade.

El abogado del equipo legal de Assange insiste en que "hablamos de la persona que publicó los documentos de Vault 7 , un paquete de información sensible de la CIA sobre intromisiones sistemáticas en los dispositivos tecnológicos de los ciudadanos, causando un gran impacto en la agencia. ¿De verdad pensamos que el establishment de inteligencia no someterá a Assange a un trato inhumano al llegar allí?".

El letrado hace referencia a la investigación periodística de Yahoo News en Nueva York, en la que una treintena de testimonios de exmiembros de la Inteligencia y del servicio secreto de Estados Unidos dan cuenta de los planes diseñados por la CIA en 2017, con Donald Trump en la presidencia, cuyo propósito era capturar a Julian Assange, vivo o muerto, dentro de la Embajada de Ecuador en Londres.

Los Ina Papers para presionar a Lenin Moreno

La operación fue diseñada al mismo tiempo que se investigaban otras vías y medidas de presión que sirvieran para sacar a Assange de dicha embajada. Planes que incluían también al presidente electo de Ecuador, Lenin Moreno, y su familia, en busca de debilidades que utilizar para forzar al mandatario a expulsar al "huésped", como se identificaba al fundador de WikiLeaks refugiado en la embajada desde 2012, además de convencionales contactos diplomáticos entre ambos países.

En febrero de 2019 se difundían casualmente los llamados Ina Papers, documentos que acreditaban la existencia de empresas offshore y cuentas millonarias en paraísos fiscales, como Panamá y Belice, y propiedades en España a nombre de la familia del presidente de Ecuador. Dos meses después, el 11 abril, tras la difusión de vídeos y fotos de Julian Assange en la prensa y canales de televisión de todo el mundo, a través de una organización criminal asentada en España, el periodista y activista era finalmente expulsado de la embajada por orden de Moreno y detenido.

Los casos Mendoza y Biondo

El letrado del equipo legal de Julian Assange señala también que "Estados Unidos ha violado repetida y sistemáticamente las garantías diplomáticas en el marco de extradiciones con múltiples países europeos, y por tanto sus garantías no son creíbles".

Según el abogado español, "se han recopilado multitud de casos con diferentes países europeos en los que Estados Unidos se obligó mediante garantías diplomáticas a cumplir lo acordado con ciudadanos extraditados, pero, una vez entregada esa persona, Estados Unidos incumplió esas garantías". Recuerda Martínez un ejemplo de ello, entre tantos otros, como "es lo sucedido con la jurisdicción española y el caso Mendoza, quien fuera entregado a Estados Unidos con la condición de cumplir la eventual condena que se le impusiera en España. Tras ser sentenciado en Estados Unidos, se negaron a su traslado a España. El escándalo fue tan mayúsculo que el Tribunal Supremo condenó al Gobierno español por no haber podido conseguir que Estados Unidos cumpliera con la garantía diplomática otorgada a su ciudadano".

Este caso del que habla el jurista se refiere al caso de David Mendoza. Este hijo de españoles era residente en Estados Unidos cuando se cometieron los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales los que se le acusaba. En 2007 renunció a la nacionalidad estadounidense y adquirió la española.

Estados Unidos reclamó entonces su extradición por estos delitos y la Audiencia Nacional puso como condición para su extradición, aprobada por el Consejo de Ministros, que pudiera cumplir su condena en España si, en caso de ser condenado, así lo solicitaba. David Mendoza fue entregado a las autoridades estadounidenses el 30 de abril de 2009 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras ser juzgado, fue condenado a 14 años de prisión y encarcelado en una prisión de New Jersey. En febrero de 2010, el reo solicitó cumplir la pena en España, pero Estados Unidos rechazó su petición de traslado a nuestro país. Ni la Justicia española ni el Gobierno de Rajoy entonces lograron la repatriación.

Pero, como recuerda el abogado de Assange, este no es el único caso en España. Destaca el del ciudadano italiano residente en España Gabriele Biondo, acusado de delitos de narcotráfico en Estados Unidos, que solicitó su extradición y fue entregado a pesar de los recursos y la intervención del Tribunal de Estrasburgo.

"Y son sólo ejemplos de múltiples casos de violaciones a garantías diplomáticas", señala Aitor Martínez. "Básicamente, violaciones que, además, pivotan sobre una misma realidad. Y es que las garantías que pueda dar el Departamento de Justicia de Estados Unidos son papel mojado, ya que posteriormente la persona será sometida a un órgano judicial que no está obligado por esas garantías dadas por otro órgano ante el que no están vinculados. De ahí que esas garantías se violen repetidamente en Estados Unidos".

El recorrido del caso Assange aún podrá prolongarse durante algunos meses y con la mirada puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como último recurso, si llegado el momento Reino Unido accede a la extradición de Assange a Estados Unidos para ser juzgado y, previsiblemente, condenado de facto a una cadena perpetua.

Assange está reclamado por la Justicia de Virginia, sede de la CIA

El abogado del despacho de Baltasar Garzón apunta que "la alegación de Estados Unidas de que Assange tendría un juicio justo e, incluso, podría ser declarado inocente, choca con la realidad judicial que este se encontraría allí".

Aitor Martínez señala que el fundador de WikiLeaks "está reclamado por el Distrito Este de Virginia, un órgano judicial que reside en la misma localización que las grandes agencias de inteligencia del país". Señala que "de hecho, los jurados están compuestos, mayoritariamente, por personas vinculadas al establishment de la Inteligencia del país".

En este sentido, añade que "las estadísticas en ese distrito hablan por sí solas. Es prácticamente imposible salir inocente de aquella jurisdicción, toda vez que las personas que componen esos jurados son normalmente trabajadores de las agencias, familiares de esos trabajadores o personas vinculadas"