Los siete manifestantes de la huelga del metal de Cádiz procesados por desórdenes públicos y atentado a la autoridad han llegado este jueves a un acuerdo con la Fiscalía, antes de comenzar el juicio en la Audiencia Provincial, para así evitar ir a prisión. El Ministerio Público les había advertido, además, de que iba a elevar de tres a cuatro años su petición de cárcel para cada uno de ellos si no había acuerdo y se celebraba el juicio.

Finalmente, cinco de los acusados han aceptado una condena de un año y medio de prisión, que no conlleva la entrada en la cárcel si en el plazo de dos años no cometen ningún delito, uno ha sido absuelto tanto de desórdenes públicos como de atentado y otro ha sido condenado a un año únicamente por desórdenes, según ha explicado a Público el abogado de cinco de los procesados, Pedro Castilla, de Gestea Cooperativa Jurídica Andaluza.

Los hechos por los que están procesados se produjeron entre el 22 y el 24 de noviembre de 2021, durante la huelga indefinida en un sector que es, tras el de los servicios, el más importante de la provincia de Cádiz, con cerca de 25.000 trabajadores empleados en unas 700 pequeñas y medianas empresas, auxiliares y subcontratas de las compañías gigantes del sector aeronáutico y naval. El conflicto concluyó con la firma de un acuerdo para un nuevo convenio laboral entre los sindicatos CCOO y UGT y la patronal del metal gaditano FEMCA.

Los incidentes tuvieron lugar en la barriada obrera Río San Pedro de Puerto Real, donde hubo barricadas y lanzamientos de objetos, pelotas de goma y botes de humo entre manifestantes y fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, que llegó a recurrir a una tanqueta para disuadir las protestas, hecho que fue duramente criticado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los acusados participaron en los "disturbios" mediante la "colocación de barricadas para cortar el tráfico de la vía pública", con motivo de la huelga general indefinida del sector del metal, y lanzaron "botellas, piedras y otros elementos peligrosos a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

En el escrito, donde no se refiere ningún daño material o personal causado por el lanzamiento de objetos, la Fiscalía detalla el uso de contenedores de basura a modo de barricadas para impedir el despliegue de la Policía, el vuelco de un contenedor de reciclaje de vidrio para usar su contenido como "proyectiles" y el corte de vías públicas. Esos hechos, a su juicio, son constitutivos de los delitos de desórdenes públicos y atentado, para los que se han acordado finalmente la imposición de una pena de un año de prisión, en el primer caso, y seis meses, en el segundo.

La defensa, sin embargo, sostenía que los enfrentamientos tuvieron su origen en "una concentración pacífica de trabajadores para la protección de sus derechos laborales", a la que las fuerzas de seguridad respondieron con una "innecesaria represión" que "puso en riesgo y alteró, de forma absolutamente temeraria y muy grave", el orden público y la normal convivencia pacífica en una barriada obrera.

Concentración a las puertas de la Audiencia

Decenas de personas se han congregado este jueves delante de la Audiencia Provincial de Cádiz en solidaridad con los acusados, convocados, entre otras organizaciones, por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM). Su portavoz, Jesús Galván, ha manifestado a Público que comprende que los acusados hayan aceptado el acuerdo con la Fiscalía por la presión que suponía una petición de prisión tan elevada, aunque el resultado de este procedimiento judicial no haya sido satisfactorio para su sindicato.

Según Galván, la lucha de los trabajadores para defender sus derechos no puede ser objeto de una represión como la que han sufrido los siete procesados en este caso. "Lo que pretenden es frenar al movimiento obrero, pero los sindicatos alternativos estamos cada vez más organizados y no vamos a consentir este ataque brutal", ha subrayado.

Por su parte, Pedro Castilla ha mostrado su satisfacción por el resultado del acuerdo, que ha permitido reducir en más de la mitad la pena de prisión que solicitaba la Fiscalía y absolver a una parte de los procesados. El coste personal que afrontaban estas personas, ha destacado el abogado, era muy elevado, con una petición de cárcel que podía llegar hasta los cuatro años, sumada a un proceso judicial muy largo que se inició en 2021 y que les ha causado mucho "sufrimiento y una estigmatización social importante".

Sin embargo, a juicio de la defensa de los procesados, los "flagrantes incumplimientos laborales que suceden a diario" en el sector del metal de Cádiz no han sido perseguidos "ni con una cuarta parte del ímpetu con el que se está intentando criminalizar y castigar" a esos mismos trabajadores por exigir únicamente unas mejores condiciones laborales.

Los acusados consideran que han sido objeto de una "evidente criminalización", hasta el punto de que, según su abogado, se llegó a filtrar datos personales de ellos a los medios de comunicación, muchos de ellos inciertos, vulnerando la Ley de Protección de Datos Personales. Además, fueron detenidos, a su juicio, de forma irregular en una operación que llevó a cabo la Policía con un dispositivo "brutal" en la barriada Río San Pedro pocas semanas después del fin de la huelga.

Aquella intervención fue muy criticada por el vecindario y la mujer de uno de los detenidos denunció, incluso, que su marido había sido arrestado cuando llevaban a la hija al colegio, un hecho que la Jefatura de Policía de Cádiz tuvo que matizar en un comunicado, donde afirmó que el arresto se había producido cuando el hombre regresaba de dejar a la menor en el centro escolar.

La intervención de la Policía durante la huelga del metal fue denunciada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal ante la Fiscalía, pero el ministerio público decidió desestimar la demanda. El sindicato había solicitado investigar el lanzamiento, a su entender desproporcionado, de 900 pelotas de goma contra los manifestantes en tan solo dos días, de 50 a 60 botes de gas lacrimógeno por día y de 800 disparos de salva en una mañana.

En la resolución de sobreseimiento de la denuncia, firmada por el fiscal jefe provincial, el ministerio público argumentó así su decisión de archivo: "El que durante momentos de conflictividad socio laboral como el vivido en Cádiz durante el mes de noviembre de 2021 se produzcan hechos como los mencionados en la denuncia no es nada inhabitual y no refleja tampoco la existencia de un diseño policial que entrañara tintes de tipicidad penal".

En noviembre de 2023, un juzgado de instrucción de San Fernando absolvió por falta de pruebas a otro de los manifestantes procesados por las protestas de la huelga del metal, a quien se acusaba de quemar un vehículo camuflado de la Policía. En ese caso, el ministerio público no recurrió el sobreseimiento de la causa, en la que el acusado, bombero en una compañía de prevención de riesgos laborales que hace trabajos para empresas del metal, estaba imputado por los delitos de daños y desórdenes públicos durante su participación en un piquete.