Los activistas imputados por el 'ahorcamiento' de Felipe VI denuncian persecución política

El temporal de nieve ha suspendido las declaraciones previstas este martes de doce activistas investigados por un presunto delito contra la Corona por el acto celebrado en Pamplona el pasado 12 de octubre, en el que se derribaron dos estatuas de cartón piedra de Felipe VI y de Cristóbal Colón. Las declaraciones, ordenadas por la Audiencia Nacional, se aplazan hasta el próximo mes de febrero y se realizarán telemáticamente desde el Palacio de Justicia de  Navarra.

El 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, antes denominado Día de la Hispanidad, varias entidades de migrantes y la formación política vasca Sortu, que forma parte de la coalición EH Bildu, organizaron unos actos alternativos en Pamplona para denunciar el pasado colonialista español, así como "el carácter imperialista del reino español" y el régimen del 78, en alusión al actual sistema político derivado de la transición democrática. A modo de performance, los participantes colocaron dos estatuas de cartón piedra de Felipe VI y de Cristóbal Colon en unos pedestales, tras lo cual les pusieron sendas sogas al cuello y después las derribaron, rompiéndose las cabezas de ambas figuras.

Junto con Sortu, participaron en el acto, en la plaza del Castillo de Iruña, miembros de varias entidades de migrantes: la nicaragüense Mujeres del Maíz,  Africa United, la comunidad ecuatoriana Compartiendo Raíces  y la asociación cultural boliviana Munata. Los días previos se habían llevado a cabo en varias localidades vascas actos de protesta contra el otrora llamado Día de la Raza, con el lema: "No tenemos nada que celebrar".  Pero el plato fuerte de la campaña fue el de la capital navarra, con los muñecos de tres metros de altura que representaban a Felipe VI y a Colón.

El acto transcurrió sin incidentes, amenizado con danzas étnicas y en un ambiente festivo. Pero tres semanas después, 16 personas que participaron en aquel acto fueron llamadas a declarar a la comisaría de la Policía Nacional en Pamplona, en la calle General Chinchilla. "Nuestra sorpresa fue tremenda -dice a Público Lur Albizu, una de las activistas investigadas-. No había mandamiento judicial. Fueron la Guardia Civil y la Policía Nacional de Navarra las que por su propia iniciativa decidieron abrir una investigación por el acto anticolonialista y de crítica política".

Albizu señala que tanto ella como sus compañeros no quisieron declarar, ya que "no había mandamiento judicial de ningún tipo". "Nos acusaron de hacer apología del ahorcamiento del rey, algo que es absolutamente incierto. Hicimos una performance, un acto simbólico de protesta. Creemos que es una persecución política", incide la portavoz de los investigados, vinculada a Sortu, quien además considera que el "ruido mediático que hizo la derecha tras el acto ha contribuido a que la Audiencia Nacional nos cite como investigados" de un presunto delito contra la Corona, penado con entre seis y veinticuatro meses de prisión. Entre los doce investigados, los hay que participaron en el derribo de la estatua de Colón, pero se les imputa igualmente por el presunto delito contra la Corona al participar en el acto en sí.

Estrasburgo aboga por la libertad de expresión

Como precedente más inmediato, la quema de las fotos del rey emérito y de la reina Sofía en Barcelona, en 2007, como un acto de protesta por la visita del entonces jefe del Estado, fue considerada libertad de expresión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos  (TEDH)en 2018. El tribunal con sede en Estrasburgo condenó a España por vulnerar ese derecho de dos jóvenes que habían sido condenados por delito de odio por la quema de las fotografías. Siguiendo los mismos argumentos que empleó el TEDH, este caso del 'ahorcamiento' simbólico del actual rey, "no puede ser considerado delito, sino un acto enmarcado en la crítica política y en la libertad de expresión", dice Lur Albizu.

El asunto llegó hasta el Parlamento de Navarra el día después de que se desarrollara el acto, a petición de la coalición conservadora Navarra Suma, integrada por Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Popular y Ciudadanos. El parlamento navarro rechazó los ataques a la figura del rey y expresó su apoyo a la monarquía, con los votos a favor de Navarra Suma y el Partido Socialista de Navarra (PSN), la abstención de Geroa Bai, y los votos en contra de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda Unida de Navarra (IUN-NEB).

En aquella polémica sesión parlamentaria, Navarra Suma reprochó a las entidades de migrantes haber participado en el acto, incidiendo en que "reciben subvenciones públicas" y pidió explicaciones al consejero de Políticas Migratorias, Eduardo Santos, quien sostuvo que "era un acto amparado en la libertad de expresión".

Al aplazarse las declaraciones de los doce activistas, han quedado suspendidas también las concentraciones, tanto en Pamplona como en Madrid, a favor de la docena de investigados por el presunto delito contra la Corona. El sindicato ELA ha pedido este lunes el archivo del caso, al que ha tildado como "persecución política", y ha reivindicado el carácter republicano y antimonárquico de Navarra. El sindicato CC.OO ha señalado que "esta imputación está fuera de lugar, ya que derribar una estatua del rey y otra de Colón puede ser de mejor o peor gusto, pero se enmarca dentro de la libertad de expresión y de la crítica política".

Por su parte, Sortu ha difundido un manifiesto a favor de la libertad de expresión, al que ya se han adherido Izquierda Unida de Navarra y EH Bildu, así como los sindicatos LAB, CGT y ESK, entre otros.