PALMA.- Nada más tomar la palabra, Jesús María Silva Rodríguez, abogado de Cristina de Borbón, ha conseguido este lunes poner contra las cuerdas la misma figura de la acusación popular con el fin de exonerar a la infanta del juicio del caso Nóos.

En su intervención ha apelado a los popes de la historia del derecho procesal español, con el fin de fijar una idea: el hecho de que la acción popular acuse en solitario a la infanta supone “una de las peores pesadillas” de los expertos.

Es más, ni siquiera la acción popular es una figura constitucional ni existe en los países de nuestro entorno cultural, ha asegurado Silva Rodríguez.

El abogado ha recurrido a los especialistas más respetados en Derecho, en un intento de apabullar a las magistradas del tribunal que juzga el caso Nóos y a los juristas presentes en la vista oral. Y, posteriormente, se ha anclado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para pedir la nulidad del procesamiento de Cristina de Borbón.

La acción popular –que ejerce Manos Limpias- actúa en solitario frente a la infanta, para la que pide 8 años de cárcel como supuesta cómplice de dos delitos fiscales cometidos junto a su marido, Iñaki Urdangarín. Ahora bien, ni el ministerio fiscal ni la abogacía del Estado –que representa a la Hacienda Pública- acusan a Cristina de Borbón.

“Este es el escenario de una de las peores pesadillas de Don Emilio Gómez Orbaneja, nuestro gran procesalista”, ha arrancado Silva Rodríguez en alusión a uno de los intelectuales y juristas con más influencia en el Derecho procesal y constitucional.

La defensa de la infanta sostiene que la admisión de la acusación popular vulnera sus derechos fundamentales a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.

Tras la estrategia de dejar caer nombres de grandes juristas y de repartir pescozones y collejas –no comprende “el activismo del profesor Enrique Gimbernat” y su paradójico apoyo a Manos Limpias desde sus artículos-, el abogado de la infanta ha entrado a matar la figura de la acción popular.

“¿Pedimos la aplicación de la 'doctrina Botin'? Pues no. Esa es una afirmación que no se compadece con la realidad”, ha continuado el abogado, en tono desafiante. 

Silva Rodríguez no se ampara en la 'doctrina Botín', sentada por el Tribunal Supremo en el año 2007 y con la que se exoneró al banquero del caso de las cesiones de crédito porque no actuaba ningún accionista ni perjudicado contra él, sino sólo la acción popular.

El abogado de la infanta ha ido más allá, y ancla su reclamación en la sentencia del Tribunal Constitucional 2005/2013 que, en su opinión, cerró dicha doctrina y previene la pesadilla de Gómez Orbaneja.

En la sentencia, se excluye la acusación popular cuando va en contra de “la explícita voluntad del ministerio fiscal y del perjudicado”. Como es el caso de la infanta en este juicio que se celebra en la Audiencia de Palma contra ella, su marido y 16 altos cargos públicos por desviar 6 millones de euros de dinero público.

“Es curioso que esta sentencia tan clara y determinante del pleno de la Sala de lo Penal se obvie en este debate”, ha apostillado el abogado mientras aclaraba que se refería al debate suscitado en los medios de comunicación, donde se han cometido “auténticas injurias” contra magistrados del Supremo.

El abogado de la infanta ha defendido que esta doctrina ha sido consolidada por el Tribunal Supremo, ratificada por el Tribunal Constitucional y seguida “sin fisuras” por al menos siete Audiencias Provinciales en casos relativos a delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.

Su alegato ha concluido pidiendo a las magistradas que anulen el procesamiento de Cristina de Borbón para impedir que los grandes juristas de la historia del Derecho “se remuevan en sus tumbas”.

Previamente, los abogados de los acusados por supuestos delitos cometidos en Valencia han cuestionado la legitimidad del tribunal desde el punto de vista territorial y han pedido que sean juzgado por la Audiencia valenciana.

Luis Lobón, José Manuel Aguilar y Elisa Maldonado y Jorge Vela, el primero exresponsable de Eventos de la Comunidad Valenciana y los demás exaltos cargos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, sostienen que se está vulnerando los derechos constitucionales de sus defendidos; esto es, el derecho constitucional a ser juzgado por el juez predeterminado por la ley. En este caso, tendría que ser un tribunal de la Audiencia de Valencia.

El abogado de Lobón, Vicente Grima, ha incidido en que los supuestos delitos que se juzgan e cometieron “exclusivamente en la ciudad de Valencia”, por lo que considera que se está vulnerando el derecho al juez natural.

Grima rechaza que exista la conexidad necesaria como para atraer el caso de Lobón al banquillo de Palma, sino que debe ser juzgado en Valencia. “¿Dónde están los testigos de los hechos de Valencia? En Valencia”, se respondió.

Josefa Rossell, l:a abogada de Aguilar, ha incidido en que los hechos a juzgar son “totalmente escindibles” y no existe conexidad ni identidad de sujetos investigados, aspectos que exige la jurisprudencia para atraer el caso a Palma.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha tomado la palabra para dudar de la eficacia y conveniencia de la separación de la parte relativa a Valencia. De realizarse, se tendrían que volver a tomar declaración a las 200 personas que han prestado testimonio durante la instrucción de la causa. Además, se perdería la visión global de la trama.