La Abogacía del Estado se persona en la causa que investiga al 'pequeño Nicolás'

La Abogacía del Estado ha presentado un escrito esta mañana en el juzgado de Instrucción número 2 de Madrid en el que solicita ser tenida como parte en la investigación que se lleva a cabo contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'el pequeño Nicolás' por supuestos delitos de estafa y falsedad, han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales.

Las mismas fuentes han señalado que esta personación se solicita en defensa de los intereses públicos y de las instituciones del Estado que han podido verse afectadas por la presunta actuación delictiva de este joven.

Ya el pasado martes el propio ministro de Defensa manifestó públicamente que los servicios jurídicos del Estado estaban analizando si las declaraciones públicas de Gómez Iglesias, "son constitutivas de algún tipo de infracción o delito", en tal caso "se personaría en las causas que están inicialmente abiertas" contra él.

"La Abogacía del Estado no investiga. Lo que está haciendo es analizar si estas declaraciones son constitutivas de algún tipo de infracción o delito contra los intereses públicos contra las administraciones contra el gobierno o algunas de las entidades que forman el sector público", ha precisó el ministro en esa ocasión.

El pasado viernes, el juez de instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, acordó la prórroga por un mes del secreto de las actuaciones relativas a la investigación que se sigue contra el "pequeño Nicolás'. La medida se a acordó a petición de Manos Limpias, acusación particular en la causa.

El joven de 20 años se encuentra en libertad aunque imputado por ambos delitos. Tras su detención, compareció ante la juez del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid por, supuestamente, haberse hecho pasar por asesor del Gobierno de España con documentación falsa. Esta juez se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, cuyo titular instruye las diligencias de origen.

El Grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía le acusa indiciariamente de los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas. Sin embargo, según su defensa, la jueza del número 24 habría rechazado inicialmente la imputación por este último delito.