El malestar es creciente en los foros de jueces a cuenta de un macroconcurso de 373 destinos en los Juzgados y Tribunales que debía de haberse convocado allá por octubre-noviembre, con el fin de que el 1 de enero de 2015 estén todos los jueces en sus nuevas plazas.

Casi 400 jueces están pendientes de destino porque quieren participar en este concurso que no llega, mientras los más jóvenes están pendientes a su vez por ocupar las plazas que quedarían libres.

Todo apunta a que el calendario no se va a cumplir, y que el 1 de enero el macroconcurso no estará resuelto aunque se convoque el 9 de diciembre, como sostienen distintas fuentes judiciales. No en vano transcurre una media de dos meses desde que se convoca hasta que se adjudican las plazas.

La razón del retraso estriba en que el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había previsto incluir en el lote la plaza del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que hoy ocupa de forma interina Pablo Ruz en sustitución de su titular, Miguel Carmona, quien ejerce como magistrado de enlace en Londres y cuya jubilación está próxima.

Los planes pasaban por convocar esta plaza por el mecanismo de provisión ordinario, en lugar de por medio de una comisión de servicio que es como ha estado Ruz en los últimos tres años y medio. Con este mecanismo, la vacante se cubre por un juez por concurso hasta que llega el titular del juzgado, quien retoma su plaza y su sustituto queda adscrito al órgano judicial (en este caso, la Audiencia Nacional). Es la fórmula habitual prevista en el artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero las consecuencias del reciente auto del juez Ruz que finaliza la pieza troncal del caso Gürtel levantan ampollas. En el PP están que trinan porque ha provocado la dimisión de Ana Mato, la ministra de Sanidad que se benefició de los viajes y regalos de la trama y que se sentará en el banquillo como responsable civil por este dinero recibido indebidamente gracias a las relaciones de su entonces marido con la trama.

Por si fuera poco, diversos periodistas han iniciado una recogida de firmas en change.org para pedir que se renueve a Pablo Ruz otros seis meses al frente del juzgado central 5 y que la plaza no se saque a concurso. Ya llevan 5.000 firmas de apoyo.

Ruz cumplirá en junio cuatro años ejerciendo de forma interina al frente del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Una prórroga ahora por otros seis meses más permitiría al juez terminar con la instrucción de las piezas 'menores' del caso Gürtel, como los papeles de Luis Bárcenas y la supuesta mordida de 200.000 euros utilizados para financiar la campaña electoral de Dolores de Cospedal en 2007 a través de la adjudicación a Sacyr del contrato de basuras del ayuntamiento de Toledo, según el extesorero del PP.

Aquí la madeja se enreda aún más. El macroconcurso de traslados lo convoca la Comisión Permanente del CGPJ, controlada por el sector conservador por mayoría de 4 frente a tres. Y uno de los vocales de este sector en la Permanente es Gerardo Martínez Tristán, casado con Marta García de la Calzada, consejera de de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha y afectada por lo que ocurra con el contrato de Toledo.

La Permanente y su presidente, Carlos Lesmes, se sitúan así ante un dilema de complicada solución: si Lesmes saca la plaza a concurso, habrá quienes interpreten que es una represalia contra Ruz, y si no la sacan habrá quienes interpreten que hacen una excepción por tratarse del caso Gürtel.

Estaba previsto resolver el dilema en la reunión del martes 2 de diciembre, pero no se ha incluido en el orden del día y se espera que se apruebe el día 9.

Mientras tanto, Lesmes provocó este viernes la dimisión de Mercé Pigem, la vocal de la Permanente por CiU después de que se filtrara que había sido descubierta por la Guardia Civil saliendo de Andorra con 9.500 euros que, según ella, se los había dado su madre. Ahora el Senado debe designar al sustituto de Pigem, que aprobó en 2013.

El sustituto, del sector conservador, tiene un archivo provisional de una causa penal. Es el decano del Colegio de Procuradores de Madrid Antonio Álvarez-Buylla, quien hasta el pasado jueves ha estado querellado por un posible delito de falsedad. Los querellantes han anunciado que recurrirán el archivo provisional dictado por el juzgado de instrucción la víspera de la dimisión de Pigem.

De confirmarse este recurso, Álvarez-Buylla no podría ser nombrado vocal. Los vocales del CGPJ se han regido a lo largo de la historia de este órgano constitucional con las mismas exigencias que, a su vez, ellos requieren a los jueces, no en vano tienen la competencia disciplinaria.  El artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a un juez ejercer en el caso de estar procesado o inculpado por un delito doloso hasta que sea absuelto o el caso sea sobreseído.

El espíritu de este artículo se tendría que aplicar en el caso de Álvarez-Buylla, a no ser que el Senado dilate en el tiempo su decisión hasta que el recurso lo resuelva la Audiencia de Madrid.

Mientras, el sector progresista del CGPJ pide a Lesmes que tenga el mismo nivel de exigencia con el sustituto que el que ha tenido con Pigem.

... Y sigue corriendo el calendario.

En España, los jueces acceden a los nuevos destinos a través de un concurso objetivo que convoca la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. La base para lograr una plaza es el lugar que se ocupa en el escalafón de los jueces ejercientes, por el que se va ascendiendo por antigüedad, mérito y capacidad. Y transcurren unos dos meses de media desde una convocatoria hasta que se adjudican las plazas.

En esta ocasión el concurso va a ser masivo, porque se incluyen las 282 nuevas plazas anunciadas por el Gobierno que, en teoría, iban a empezar el 1 de enero de 2015 pero que es muy posible que arranquen con retraso porque aún no se ha convocado el macroconcurso.

Estas plazas las ocuparán otros tantos jueces que estaban en espera de destino -no se han hecho convocatorias en los últimos años-, aunque trabajaban de refuerzo en los juzgados más sobrecargados. Esto es, no se crean nuevos juzgados, ni plazas para luchar contra la corrupción como ha vendido el Gobierno, sino que la mayoría se adscribirán a las Audiencias Provinciales.

También se sacan a concurso otras 91 plazas. Entre ellas hay destinos para jueces de adscripción territorial -no tienen un juzgado y trabajan de refuerzo en un territorio- y 38 plazas cubiertas de forma interina, por comisiones de servicio, como ocurre con el juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

La decisión de la convocatoria la adopta la Comisión Permanente del CGPJ compuesta por seis personas: el presidente de este órgano, Carlos Lesmes, junto con los vocales conservadores Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández, ambos magistrados.

Los dos progresistas suelen votar con Lesmes, y son Álvaro Cuesta (exdiputado del PSOE) y María del Mar Cabreja (magistrada). La sexta era la dimitida Mercé Pigem.