La escalada de presiones desde el Gobierno al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, va en aumento. Las maniobras de los aledaños monclovitas buscan su dimisión del cargo, ya que sólo puede cesar a petición propia mientras dura su mandato.

Las presiones gubernamentales y las maniobras filtradoras intentan que Torres-Dulce salte para nombrar a un Fiscal General del Estado que tenga la misma línea que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá. Pero ha sido nombrado para cuatro años y tiene la intención de terminar su mandato.

 Hasta varios ministros han expresado su descontento con él en comidas off the record con periodistas. La razón estriba en que consideran injustificada su decisión a que sean los fiscales de Barcelona los que planteen una querella contra Artur Mas por la consulta alternativa del 9-N. Tampoco ha gustado su distanciamiento de las investigaciones que afectan al PP, como el caso Gürtel.

 Incluso en el Gobierno se ha llegado a filtrar nombres para facilitar la ‘palanca' con la que hacer saltar a Torres-Dulce, como es el de Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Al mismo tiempo, se hace correr la voz de que su intención es pasar a la empresa privada, a un despacho de renombre.

 En fuentes del entorno del Fiscal General del Estado desmienten que vaya a dimitir o que esté planeando su salida a raíz de las presiones del Gobierno.

 El Fiscal General del Estado llevaba meses sin hablarse con el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hasta el punto que éste último ni siquiera enviaba a la Fiscalía reformas en las que hubiera sido aconsejable la opinión previa del ministerio público porque afectaba directamente a su función.

 Al mismo tiempo, Torres-Dulce hacía crecer sus críticas públicas, al reivindicar más presupuesto para el ministerio público, un aumento de los miembros de la carrera fiscal nunca satisfecho y reiterar la necesidad de asesores especialistas para investigar delitos de especial relevancia, como la corrupción, mientras expresaba abiertamente su cuestionamiento al nuevo Código Procesal Penal.

 En vista de esta situación tan tensa, el propio Torres-Dulce intentó dejar el camino libre al entonces ministro Gallardón y se promovió para magistrado del Tribunal Constitucional en sustitución de Enrique López, que dimitió el pasado junio tras ser pillado ebrio en moto, mientras se saltaba un semáforo.

 Sin embargo, el PP optó por nombrar al fiscal Antonio Narváez como magistrado del Tribunal Constitucional, y Gallardón ni siquiera tuvo la deferencia de comunicar a Torres-Dulce con antelación el nombramiento de este subordinado suyo. No hay más cargos alternativos en el horizonte.

 El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, tampoco ha hecho buenas migas con Torres Dulce, con el que mantiene una fuerte discrepancia en especial respecto a la presentación de la querella de la Fiscalía contra Mas por la consulta alternativa, la extensión de la querella y los delitos que se pretenden incluir.

En el Gobierno causó malestar que el Fiscal General del Estado no transmitiera instrucciones a los fiscales en la jornada del 9-N sobre cómo proceder ante las sucesivas querellas que se iban presentando contra la consulta. No había instrucción previa frente a la desobediencia de la suspensión cautelar sobre la celebración del 9-N dictada por el Constitucional.

Por su parte, entre los fiscales ha sentado mal que la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anunciara el mismo martes la presentación de una querella del ministerio público, sobre la base de un borrador que manejaban. Incluso la Unión Progresista de Fiscales se pregunta cómo es posible que Sánchez-Camacho tuviera el documento con antelación. Los tiempos judiciales son distintos de los tiempos políticos o mediáticos, replicó Torres-Dulce al ser preguntado por el motivo de que no se presentara la querella anunciada por la popular.

El pasado miércoles Torres-Dulce se reunió con los fiscales catalanes, quienes se resisten a la presentación de la querella. Seis de los nueve fiscales que integran la Fiscalía Superior de Catalunya estarían en contra de dicha inciativa y le transmitieron que la consulta alternativa del 9-N es más un asunto político que penal.

Los fiscales barajaron la presentación de una querella de mínimos. El Fiscal General del Estado dejó en manos de los fiscales de Catalunya la decisión final. Otro punto más en su contra. En el Gobierno se preguntan cómo es posible que no salga en defensa del Estado para ejercer el principio de dependencia jerárquica que rige en la Fiscalía y obligar a los fiscales en Catalunya a presentar la querella.

La propia vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó este viernes que la Generalitat catalana había vulnerado la legalidad al saltarse la suspensión dictada por el Constitucional de la consulta y recordó que el ministerio público 'debe someterse en su actuación a los principios de unidad de actuación, bajo la dependencia jerárquica del fiscal general del Estado'.

Torres-Dulce tiende a respetar el criterio de los fiscales del territorio, lo que ha levantado ampollas en el Consejo de Ministros en otros casos donde no han visto que la Fiscalía siga la línea gubernamental. Esta actitud también levantan ampollas en la dirección del PP de Génova, donde viven con sobresalto los sucesivos autos judiciales que se dictan en la instrucción del caso Gürtel en el que están imputados sus tres extesoreros.