El error que cometió este miércoles el Ministerio del Interior ha levantado la indignación de la Policía y la Guardia Civil, que no se explican cómo se pudo enviar un comunicado relatando la operación antes de que se produjera. Gracias a la equivocación del ministerio, los objetivos pudieron borrar y destruir documentos que podrían haber sido utilizados como pruebas en el juicio. 'Es un hecho gravísimo y sin precedentes. Ha habido otros deslices, pero no de la magnitud de este', afirma a este diario José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Por esta razón, asegura que 'el ministro Jorge Fernández Díaz y su jefe de prensa deben dimitir o ser cesados. Y habría que abrir una investigación judicial para determinar responsabilidades penales si las hay'.

Mientras, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) afirman que ha sido 'un error muy grave que perjudica a quién lo ha cometido y todos los cuerpos de seguridad'. Sin pedir la cabeza del ministro, como el SUP, Juan Antonio Delgado, secretario general de comunicación de la AUGC, asegura que 'debe dar la cara, se tiene que explicar lo que ha pasado de forma urgente' y, más tarde, valorarán si han de pedir o no la dimisión.

Fruto de esta actuación, ocho personas vinculadas a la mediación con los presos y sus abogados fueron detenidas en pleno proceso de tránsito del 'frente de presos' de ETA hacia el abandono de su 'estructura militar' y la asunción de sus responsabilidades, como han puesto de manifiesto los sucesivos comunicados de los presos y los expresos. Estos arrestos también llegan tres días antes de la manifestación contra la dispersión convocada por la red ciudadana Tantaz Tanta (gota a gota, en euskera).

José Antonio Delgado (AUGC): 'Esto nos retrotrae a cuando se avisó a etarras del Faisán antes de ser detenidos''Esta operación lleva meses abierta en colaboración con los jueces de la Audiencia Nacional. No está relacionada con la conyuntura política', asegura Delgado, lamentándose de que 'cuando ya está todo a punto y se van a producir las detenciones nos encontramos con esto'. '¿Por qué se produce este error? ¿Quién ha enviado el comunicado?' se pregunta. Además, no entiende que el ministro priorice su estrategia comunicativa sobre la propia operación en curso. 'No había ninguna urgencia por informar', añade, puesto que 'lo más importante es la operación y que salga bien y no que se conozca inmediatamente'.

'Este caso nos retrotrae a cuando se avisó a los etarras antes de ser detenidos' recuerda Delgado en referencia al caso Faisán, en el que dos agentes de Policía han sido condenados por revelación de secretas por el chivatazo de una redada. Este hecho encendió también la ira en el cuerpo puesto que, supuestamente, una actuación política a favor de las negociaciones desembocó en que se culpara a los agentes que cumplían órdenes.

José María Benito (SUP): 'No entendemos qué ha pasado. No creo que se debiera a un simple error'

En esta línea, el portavoz del SUP también afirma que 'no entendemos qué ha pasado. No creo que se debiera a un error'. 'La Policía y los ciudadanos necesitamos una explicación que convenza' añade. Y  lamenta que 'los detenidos tuvieron tiempo para actuar', poniendo en riesgo toda la operación. 

En declaraciones a Efe, Santiago López, de la Unión de Guardias Civiles, asegura que, tal y como le han explicado agentes que han participado en la operación, 'muy desanimados', se han perdido pruebas fundamentales como pendrives, discos duros y documentación en papel. Lamenta que 'tan solo se ha realizado un tercio de las detenciones que se esperaba' y que se ha perdido el efecto sorpresa porque 'esta gente -en alusión a los detenidos- conoce cuándo hay un comunicado de Interior por las redes sociales', de ahí que se haya perdido mucha información'. Por ello, pide al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha ordenado las detenciones, que abra diligencias informativas sobre la actuación del Ministerio 'para saber quién filtró ese comunicado'.