Alfredo Menéndez Navarro

Catedrático de Hª de la Ciencia de la Universidad de Granada

Montserrat García Gómez

Especialista en Medicina del Trabajo y en Medicina Preventiva y Salud Pública

El amianto o asbesto es el principal cancerígeno laboral. Según la OMS, todos los años fallecen en el mundo más de 100.000 personas por cáncer de pulmón, mesoteliomas (o cánceres de las membranas pulmonares) y asbestosis provocados por la exposición laboral a las fibras de amianto. La carga de enfermedad y muerte causada por la exposición al amianto seguirá aumentado en los próximos años incluso en países donde ha sido prohibido, dado el largo periodo de tiempo que trascurre entre la exposición y la aparición de estas enfermedades. Según la UE, de aquí al año 2030 medio millón de personas morirán en Europa por cánceres ocasionados por exposiciones al amianto ocurridas en los años ochenta y noventa del siglo pasado. El número de fallecidos crecerá con fuerza en aquellos otros países donde sigue siendo legal su consumo. Europa ha sido el epicentro de esta epidemia mundial de cánceres profesionales. Las estadísticas de mortalidad de la OMS reflejan que en Europa se han producido el 56% de todos los fallecimientos por mesotelioma y el 41% de las muertes por asbestosis registradas en el mundo, a pesar de que en ella sólo habita el 13% de la población mundial. Un doloroso legado consecuencia del consumo en nuestro continente de más del 55% de todo el asbesto comercializado a nivel mundial hasta la década de los ochenta del siglo pasado.

España no es una excepción. El consumo de amianto en nuestro país se intensificó en los años sesenta del siglo pasado hasta alcanzar su máximo a mediados de los setenta, fecha desde la que fue descendiendo hasta su prohibición definitiva en 2002. La consecuencia ineludible del consumo de 2.514.000 toneladas métricas de asbesto es el incremento del número de cánceres provocados por la exposición a sus fibras. Los cánceres de pleura, en su mayor parte mesoteliomas causados por el amianto, han crecido de forma ostensible a lo largo de las últimas décadas. Entre 1975 y 2010 fallecieron en nuestro país 6.037 personas por esta causa, más de una quinta parte de ellas en los últimos cinco años. La distribución geográfica de los fallecimientos muestra una clara asociación con la ubicación de las fábricas de amianto-cemento, de los astilleros y de las empresas dedicadas a la fabricación de frenos y embragues, y de material ferroviario, principales sectores en los que se produjeron las exposiciones al amianto. Las últimas estimaciones señalan que más de mil personas fallecerán en nuestro país por un mesotelioma pleural entre 2016 y 2020 y que las defunciones por cánceres del amianto se prolongarán hasta el año 2040. El número de cánceres pulmonares causados por el amianto es más difícil de rastrear ya que en su producción influyen otros factores causales como el consumo de tabaco. Hay consenso científico en que el número de fallecidos por carcinomas broncopulmonares debidos al amianto duplica con creces la cifra de mesoteliomas. A ello hay que añadir un número indeterminado de otros cánceres, como el de laringe y ovario. Podemos considerar que 700 personas fallecen anualmente en nuestro país por cánceres provocados por la exposición laboral al amianto.

Las víctimas del amianto en nuestro país lo son por partida doble. Además de perder su salud y fallecer por una causa evitable son víctimas de la falta de reconocimiento de nuestro sistema de seguridad social. Sólo el 6,4% de los hombres y el 4,4% de las mujeres que fallecieron entre 2007 y 2011 en nuestro país por mesotelioma pleural atribuible a exposición laboral al amianto han sido reconocidos como enfermos profesionales por la Seguridad Social. La tasa de infra-registro de los fallecidos por cáncer de bronquio y pulmón atribuibles a exposición laboral al amianto es aún mayor, el 98,8%. Que el reconocimiento se limite a menos de una de cada veinte víctimas de este tipo de cánceres tiene graves consecuencias. La primera y fundamental es la privación a las víctimas de sus derechos en términos de prestaciones y de reconocimiento social. La calidad ética de nuestra sociedad ha germinado sobre el reconocimiento ciudadano a colectivos vulnerables y víctimas de iniquidades como el terrorismo o la violencia de género. Las víctimas del trabajo, de los cánceres laborales con el amianto a la cabeza, siguen enfrentándose al drama de la pérdida de su salud ante la indolencia de nuestra sociedad. El infra-reconocimiento implica también la transferencia de los costes económicos provocados por la enfermedad desde las empresas responsables de las exposiciones laborales a la ciudadanía general y a nuestros Servicios de Salud. Por último, el masivo infra-reconocimiento de las víctimas provoca una grave distorsión de las estadísticas de enfermos profesionales. ¿Adoptaría la ciudadanía una posición diferente respecto a este problema si las estadísticas oficiales de reconocidos por cánceres del amianto reflejaran los 700 fallecimientos que se producen anualmente en nuestro país por esta causa? La concienciación de la ciudadanía, lograda gracias a estadísticas oficiales que reflejan cifras cercanas al número real de afectados y que otorgan visibilidad social al problema, es uno de los factores que ha posibilitado en países de nuestro entorno enfrentar este problema sin agravar el dolor de las víctimas. El Programa de Vigilancia de la Salud de los trabajadores que han estado expuestos a amianto (PIVISTEA) se ha revelado como un instrumento clave para que aflore la carga de enfermedad provocada por el amianto. Potenciarlo y lograr que su cobertura se extienda a la totalidad de trabajadores que estuvieron expuestos, muchos de los cuales ya han abandonado el mercado laboral, es una responsabilidad de los gobiernos de las comunidades autónomas. Se trata de una medida imprescindible pero insuficiente para los afectados si el Instituto Nacional de la Seguridad Social continúa limitando el derecho de las víctimas a su reconocimiento económico y social.