Sediciosos populares

En los tiempos del proceso al Procés, confieso que durante meses hice guardia frente al televisor solo por escuchar al entonces presidente Mariano Rajoy pronunciar, al más puro estilo del Pijus Magnificus de los Monty Python, aquello de los “sesenta y seis sediciosos de Cesarea”. Sea porque hasta él mismo dudaba de semejante imputación o por miedo a dislocarse la lengua, me quedé con las ganas de oírle llamar “sezidiosoz” al prófugo Puigdemont.

Ahora que, años después, al fin se tramita en el Parlamento la reforma del delito de sedición, ese artículo decimonónico de nuestro Código Penal ante cuya derogación los populares se rasgan las vestiduras de Armani, caigo en la cuenta sin embargo de que ellos son los principales beneficiados. Cómo si no puede ser calificada su contumaz negativa a renovar los altos cargos del poder judicial según mandato constitucional, sus constantes desafíos a la Ley de Memoria Democrática o su insistencia en negar, por activa y por pasiva, la legitimidad del Gobierno surgido de las urnas, sino como actos de sedición.

La vaporosa y caduca redacción del artículo 544 dice, textualmente: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Vamos, que a nada que te descuides eres reo de sedición, lo mismo si entras en el Congreso disparando al techo y gritando “¡se sienten, coño!” que si te opones al desahucio de tu vecina Encarna, o das por culo en clase impidiendo que la maestra (funcionaria pública) acabe su explicación (el legítimo ejercicio de sus funciones). Y por eso, hasta ayer, te podían encarcelar entre ocho y diez años. A Oriol Junqueras que, ante los jueces y abogados de la acusación y Ortega Smith togado, esgrimía consternado “¡Pero si soy católico!”, le cayeron trece años por una mascarada plebiscitaria una noche de farra con los colegas: una rebelión con la puntita nada más. Y cuando no te salva ni Dios, te salva el Diablo, o séase, Pedro Sánchez.

La inclusión de este delito en el Código Penal data de 1822, año en el que nuestro primer régimen constitucional agonizaba entre las amenazas de las revueltas absolutistas y la radicalización de las sociedades secretas. Por entonces se sucedían los pronunciamientos militares y golpes de Estado, las invasiones francesas, las guerras civiles, las revoluciones y contrarrevoluciones o las homilías de curas fanáticos que te amotinaban al populacho armado con rastrillos frente a un nuevo orden constitucional más frágil que una figurita de Lladró, así que más valía precaverse. Y ahí nos legaron el fantasma de ese “alzamiento tumultuario”, ¡Uhhh! Porque, ¿qué demonios significa tumultuario?

La RAE, que fija, limpia y da esplendor pero no aclara mucho, se limita a definirlo como “tumultuoso”, y tumultuoso es el “que causa tumultos”. Elemental, querido Watson. “Tumulto”, ahora sí, es un “alboroto producido por una multitud”: el botellón con altavoces que se está celebrando debajo de mi ventana por ejemplo, culpable del insomnio que me lleva a escribir estas líneas, es un tumulto. Los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos de reunión, manifestación y huelga, tumultos todos. La final de la Europa League o las rebajas de enero en el Primark, más tumultos. Se libra el vagón de metro en hora punta porque, más que alborotados, casi todo el mundo va medio dormido.

En cuanto a su segunda acepción, “confusión agitada o desorden ruidoso”, no se me ocurre mejor ejemplo que el de Isabel Díaz Ayuso cada vez que hace una declaración pública. Ella en sí misma es tumultuaria, que cuando no te monta un dumping fiscal o te niega el cambio climático, otorga contratos públicos a su hermano mientras deja morir a los ancianos en las residencias. O acusa al Gobierno de pretender instaurar una dictadura a la nicaragüense (bolivariana ya no, que como se ha visto en la cumbre del clima de Sharm El-Sheikh, ese nuevo Foro de Davos con sol en vez de nieve y a cuenta de las cosas del petróleo, Maduro es el nuevo amigo americano). O impide a los médicos (funcionarios públicos, comunistas todos) el legítimo ejercicio de sus funciones con acuerdo a su juramento hipocrático, cuya observancia de las buenas prácticas médicas no incluye el diagnóstico por videoconferencia. Por algo será que tumultuaria rima con tabernaria.

Tras el anuncio la pasada noche de Pedro Sánchez en la entrevista de La Sexta a Ferreras, adelanto en exclusiva y muy bien orquestado, de la tramitación al día siguiente en el Congreso de una propuesta de ley para la derogación del delito de sedición y su sustitución por el de “desórdenes públicos agravados” (algo más acorde con las jurisdicciones penales de nuestro entorno europeo, donde no existe tal delito y sus equivalentes son castigados con penas mucho más reducidas), me fui a tomarle el pulso no a la calle, que no eran horas, sino a las hacendosas abejas obreras de Elon Musk, esa bandada de pajarracos siempre de guardia a la que ha quedado reducida hoy aquello que se dio en llamar la esfera pública. Y lo que allí me encontré no fue ninguna sorpresa.

De manera fulgurante, los tuiteros, con la boca hecha espumarajos, habían elevado el término de “traidor” a trending topic (consigna voxera de contagio inmediato). En honor a la verdad, la palabra “traidor” figuraba en lo más alto del ranking porque, si media España acusaba al presidente Sánchez del delito de alta traición y pedían su encarcelación, medio México hacía lo propio con su presidente López Obrador. Por una vez, preferí no enterarme de qué había hecho ahora el bueno de AMLO, no fuera a ser que me saliera otra columna distinta a esta.

La derecha mediática carga las tintas sobre el hecho de que para su tramitación el Gobierno ha optado por la vía de la proposición de ley desde el Congreso y no desde el Consejo de Ministros para saltarse el procedimiento del informe consultivo previo del Consejo General del Poder Judicial. El mismo CGPJ que ejerce en funciones su mandato caducado desde hace cuatro años porque el Partido Popular se niega a renovarlo, qué casualidad. Y no acuerdan su renovación, dicen ahora, porque el Gobierno reforma el delito de sedición. Como argumentación tautológica o monólogo de Cantinflas tiene un pase, y sin embargo les va a salir un I have a dream.

Antes adujeron que si la despolitización de la justicia, argumento inexistente cuando ellos ostentaban mayorías. En 2018, una plataforma de más de 350 juristas y académicos de Derecho Penal criticó la acusación por delito de sedición de la Abogacía del Estado a los líderes del Procés tachándolo de “peligrosa banalización de la ley” y “potencial atentado contra derechos fundamentales”, mientras destacaba la ambigua y deficiente redacción del tipo delictivo, penado además de forma desproporcional y por tanto contraria a derecho.

En aquel mismo año, recién estrenado en la Moncloa, Pedro Sánchez ya anunció su voluntad de derogar el delito de sedición, aunque ahora le llamen, además de traidor, mentiroso. Antes ya lo tildaron de “felón” o “insensato sin escrúpulos”: los insultos que le dirigen están a la altura de su pasado baloncestista. Aunque fuese Cuca Gamarra quien desvinculase un día las negociaciones para el acuerdo del CGPJ de la reforma del delito de sedición, y al día siguiente dijese donde digo Diego.

Todos se jactan de que esta reforma de la ley se ha gestado en los despachos de ERC, aunque donde deberían estar descorchando botellas de cava catalán es en la sede de Génova. De entre los miles de tuits que acusaban a Sánchez de traidor (porque los verdaderos patriotas son como Millán-Astray: tuertos), hubo uno que llamó particularmente mi atención porque no relacionaba la traición con la reforma del Código Penal, sino con la rendición del Sahara Occidental al Reino de Marruecos. Su autora parecía conocer los motivos ocultos y tenía las pruebas: Begoña Gómez, esposa del presidente, no solo sería transexual, sino una peligrosa capo del narcotráfico internacional detenida en Marruecos: la arena del desierto del Sahara a cambio de tapar el escándalo, barato le salió.

El mundo de la conspiranoia, entre el terror y el ridículo, resulta fascinante: empiezas con cosas como esta e inexorablemente acabas en la conjura de los necios de los chemtrails. Había uno incluso que insistía en que los vuelos comerciales no existían, y toda esa gente tirada que vemos en la T4 son actores contratados. Si usted, amigo lector de este diario, cree haber subido a un avión alguna vez para irse de vacaciones, sepa que aquello no ocurrió y fue solo el efecto lisérgico tras escuchar cualquier comparecencia de Ayuso.

Por el camino también aprendí que el logo de las latas de Coca Cola esconde el perfil de Belcebú, con cuernos de carnero y todo: calcadito a Sánchez. Soy inmenso y contengo multitudes, escribió el poeta Walt Whitman. Multitudes tumultuarias, en el caso del PP. Si la presidenta de Madrid tuviese algo de razón y este Gobierno quisiera encarcelar a la oposición, este es sin duda el momento, antes de que se deroguen las penas por sedición. Lástima que la justicia de este país sea tan lenta, y su órgano rector, el tercer poder del Estado, lleve ya una legislatura secuestrado por los sesenta y seis sediciosos de Génova.