ESTEBAN IBARRA

En esta jornada del 21 de marzo que la ONU instituyó como Día Internacional contra el Racismo para rememorar a sus víctimas, bien sean de la discriminación, odio o violencia, resulta oportuno recordar que España no progresa lo suficiente frente a esta lacra. Es lo que manifiestan informes oficiales internacionales que insisten en la falta de reconocimiento del problema y en la inexistencia de estadísticas oficiales sobre incidentes racistas y xenófobos, de denuncias y de acciones judiciales sobre delitos de odio. Unos meses antes, el Consejo de Europa señaló que un bajo número de sentencias puede ser un indicador no sólo del temor de las víctimas a represalias, sino de la falta de confianza para interponer denuncias ante la Policía y operadores jurídicos o de una insuficiente sensibilización.

Recientemente, el organismo de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU calificó de discriminatorias las disposiciones relativas a las mujeres extranjeras que padecen malos tratos y no tienen la documentación en regla existentes en España y solicitaba al Gobierno revisar la Ley de Extranjería para acabar con su situación de desprotección. Hecho que también sucede con las víctimas de la violencia racista porque, en caso de no tener “papeles”, suelen preferir no denunciar antes que sufrir un proceso de expulsión. Hipótesis más que veraz que hemos podido comprobar.

Sin embargo, la tranquilidad embarga a nuestras instituciones, al contrario de lo que sucede en Alemania, que reconoce más de 20.000 delitos de racismo e intolerancia; o Gran Bretaña, con más de 60.000 incidentes; o las investigaciones de la agencia de derechos fundamentales europea, que señala varios millones de incidentes en la Unión. En España parece que el problema nos afecta escasamente o al menos eso dan a entender quienes no responden ante los requerimientos de datos de estos organismos. Además, la ONU pide al Gobierno que erradique los controles de identificación de inmigrantes en base a criterios étnicos y raciales en barrios de alta concentración de personas extranjeras y que se garantice el buen funcionamiento de los centros de internamiento, recordando que los irregulares que cumplen 60 días de internamiento en estos centros quedan en la calle con una orden de expulsión, en situación extremadamente vulnerable ante abusos y discriminaciones.

Socialmente, mientras las encuestas denotan un crecimiento de intolerancia latente, de prejuicios y actitudes contrarias hacia la inmigración y hacia nuestra principal minoría étnica, el pueblo gitano, nuestros conciudadanos no tienen conciencia de los comportamientos racistas que anidan entre nosotros. Muchos consideran la inmigración “excesiva” y depredadora de recursos, olvidando que los inmigrantes crean riqueza, y también se afirma una identidad excluyente que niega derechos culturales y religiosos al diferente. Se normaliza el rechazo al marroquí, la marginalización del gitano, la superioridad frente al negro, la fobia ante el musulmán, el reproche antisemita, y ya se sabe, en un contexto de crisis y mundo convulso, “los españoles primero” y a guardar para otro tiempo el principio de igualdad de trato. Pero, eso sí, no somos racistas.

En diversas ocasiones, estos organismos internacionales han reclamado el cierre de web xenófobas, pero en España tienen su origen más de 400 de las miles accesibles en Internet, también que se ilegalice a organizaciones racistas, pero aquí tenemos a partidos xenófobos que se manifiestan sin problema, y que se sancione penalmente la incitación al odio, pero en España se realizan decenas de conciertos neonazis con impunidad, también que se retiren símbolos de ese tenor en los campos de futbol, pero aquí persisten las gradas ultras pese a su prohibición legal. Además recuerdan que hay que adecuarse en materia penal al requerimiento de la Declaración Marco de la UE contra el racismo, pero nuestro Código aún no lo ha hecho; se exhorta al desarrollo de instrumentos eficaces para su persecución, pero sólo tenemos dos servicios de Fiscalía para delitos de odio en Barcelona y Madrid, y desde luego suelen recomendar “formación intensiva en derechos humanos” a los funcionarios, en especial a las fuerzas de seguridad, encargados de aplicar la ley.

Estos organismos no se olvidan de reclamar atención a las víctimas y apoyo a sus asociaciones, de pedir un uso responsable de los medios de comunicación, a fin de evitar la difusión de discursos que inciten al odio y de revisar los procesos de admisión a las escuelas públicas y privadas para garantizar una distribución equitativa de alumnos y alumnas de todas las etnias, evitando la segregación. También recuerdan los peligros del populismo xenófobo en épocas de confrontación electoral y de la amenaza del neofascismo identitario que crece por Europa; para muestra, la reciente encuesta en Francia que otorga una elevada proyección a Le Pen, la emergencia ultraderechista en Suecia o la fuerza del temido Jobbik húngaro, como algunos rostros del tsunami xenófobo europeo.

En fin, en un día de lucha como hoy es necesario recordar nuestro compromiso ante el racismo, y no olvidar al asesinado Nobel de la Paz, Martin Luther King, cuando nos trasladaba que, aunque “cada uno de nosotros puede haber llegado en un barco diferente, ahora estamos todos en el mismo bote”.

Esteban Ibarra es presidente de Movimiento contra la Intolerancia

Ilustración de Iker Ayestaran