Los pactos con Bruselas recortan libertades en Túnez

El 25 de julio de 2021 el presidente de Túnez Kais Saied dio un autogolpe. Destituyó al Gobierno, suspendió el Parlamento e impuso un toque de queda. Había sido elegido un año y medio antes como independiente, al frente de una plataforma compleja que agrupaba a conservadores religiosos con sectores progresistas que se unieron a él por su discurso anticorrupción y su denuncia de las políticas neoliberales de su principal rival, el representante de la élite tunecina Nabil Karoui.

Tras el autogolpe, gobernó por decreto, reprimiendo las protestas, encarcelando a las principales figuras de la oposición, imponiendo la censura en los medios de comunicación y destituyendo a los miembros más críticos de la judicatura. En julio de 2022 se aprobó una nueva Constitución con sólo un 30% de participación, que centraliza el poder del Estado en el presidente. En las elecciones parlamentarias que se celebraron seis meses más tarde y que fueron boicoteadas por la oposición en bloque participó oficialmente el 11% de la población.

En este contexto, la Comisión Europea firmó un acuerdo con Túnez el pasado mes de julio que abarca diferentes ámbitos, incluyendo uno que la UE considera prioritario con su vecindad sur: la política migratoria. De hecho, de los 300 millones de euros de financiación que contempla el acuerdo, 105 millones irían destinados al control migratorio. La migración se ha convertido también en uno de los principales ejes de los discursos del presidente Saied desde hace meses, compartiendo parte de las recetas de una de las principales valedoras del acuerdo, la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Los discursos racistas del presidente tunecino contra los africanos subsaharianos que viven en Túnez, establecidos ahí o a la espera de cruzar a Europa, han desatado una oleada de violencia que ha provocado toda clase de ataques contra quienes han sido convertido en nuevos chivos expiatorios. La violencia policial contra ellos ha sido terrible, y se han documentado centenares de casos en los que se les ha arrestado de forma arbitraria, se les ha torturado en comisarías, y se les ha abandonado en las regiones desérticas del sur. Se habla de decenas de muertes, pero es imposible saber el número real.

Con este acuerdo, Túnez ha entrado de lleno en el debate político europeo. De hecho, la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo tenía previsto viajar al país entre el 14 y el 16 de septiembre. Con representantes de los diferentes grupos políticos que la componen, íbamos a reunirnos con las autoridades para poder escuchar de ellos sus reclamaciones y planes para el uso de los recursos europeos que recibirán, pero también con organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, y representantes de la oposición. Esto debió gustar menos al Gobierno, que la noche antes de nuestro viaje envió una comunicación a la representación de la Unión Europea en Túnez indicando que no nos permitirían la entrada sin aportar justificación alguna.

Este es el último movimiento de un Ejecutivo que se resiste a dejar a la vista su autoritarismo. Sin embargo, esta negativa contrasta con la relación privilegiada que mantiene con la Comisión Europea. Esta, más allá de hacer pública su sorpresa ante la decisión, no ha tomado ninguna medida.

Túnez no es el único país de nuestro entorno con el que se han reforzado relaciones pese a un deterioro autoritario evidente y unas vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos. Otros ejemplos son Turquía o Marruecos, y todos ellos tienen en común ser países que bloquean la llegada de personas migrantes y demandantes de asilo con extremada violencia para evitar que lleguen a suelo europeo.

El mensaje que ya ha lanzado Bruselas es claro: nos da igual el autoritarismo y la represión a vuestra propia población, nos da igual la brutal violencia contra quienes atraviesan vuestros países en su ruta hacia Europa. Sólo nos importa que los paréis.

Esta transferencia de recursos sin más contrapartida que mantener las puertas cerradas es ya el principal rasgo de la relación de la UE con su vecindad sur. De hecho, cabría reflexionar si con esta política la Unión Europea no está contribuyendo a consolidar y reforzar el modelo autoritario de Saied frente a los enormes esfuerzos que ha protagonizado el pueblo tunecino en la última década por construir una democracia. No son sólo los recursos económicos, sino también la cobertura política que recibe de la UE.

Ya se ha teorizado en muchas ocasiones que la Unión Europea, con acuerdos como el recientemente firmado con Túnez, ha asumido la posición política de una extrema derecha que impone sus tesis sin haber ganado en las urnas. Es una política que nos convierte en parte activa de la vulneración de derechos de personas migrantes y demandantes de asilo, aunque sea fuera de nuestras fronteras, y hace que contribuyamos a perpetuar gobiernos autoritarios

Pero ahora, ¿qué va hacer la Comisión Europea ante este agravio diplomático? Desde luego, los vínculos con Túnez le permiten ejercer diferentes fórmulas de presión, pero es más que probable que realmente compartan con el Gobierno tunecino la voluntad de que no haya un escrutinio democrático sobre el acuerdo de la vergüenza que han firmado. Pero si la Comisión permanece de brazos cruzados, nos confirmará que, como temíamos, son rehenes de la extrema derecha y de las propias políticas que se están imponiendo en los países del sur del Mediterráneo.