CRISTINA NARBONA

El tratamiento de los paraísos fiscales ha sido uno de los aspectos más interesantes –y polémicos– de la reciente cumbre del G-20. Es la primera vez que se acuerdan, en este ámbito, las sanciones a adoptar contra aquellos países que no cooperen en materia fiscal, de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y adoptados en 2004 por el propio G-20.

La existencia de agujeros negros en la economía global constituye uno de los elementos más perversos desde el punto de vista social, ya que da cobertura a flujos de capital ligados a la evasión fiscal, a la corrupción y a actividades ilícitas, y reduce las posibilidades de desarrollo de los países de origen de tales flujos. Ello resulta especialmente dramático en el caso de los países menos desarrollados, donde los recursos evadidos hacia los paraísos fiscales superan ampliamente la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Los paraísos fiscales han contribuido a agravar las profundas

desigualdades sociales que muchos analistas sitúan en el origen de la actual crisis , acentuando además la falta de credibilidad de las instituciones –públicas y privadas– formalmente garantes del buen gobierno.

Los paraísos fiscales tienen también importantes efectos económicos al reducir los ingresos potenciales de los países de origen de las actividades que se acogen a sus condiciones ventajosas y al impedir el adecuado control por parte de los organismos de supervisión, contribuyendo así al fracaso masivo en la gestión de los riesgos financieros.

La crisis económica genera una intensa demanda de fondos públicos, así como de mayor regulación y supervisión de la actividad financiera. Ello explica la atención prestada durante los últimos meses a los paraísos fiscales en el contexto de un clamor social creciente contra los excesos de la globalización. Resulta urgente realizar cambios profundos en el funcionamiento de la economía mediante nuevas reglas globales de gobernanza basadas en la transparencia y en la rendición de cuentas; reglas que deberían garantizar los derechos fundamentales –entre otros, el derecho a un trabajo decente– de todos los ciudadanos del planeta. Los acuerdos del G-20 suponen un primer paso hacia una gobernanza global, para cuya consolidación es necesario –aunque no suficiente– acabar con los paraísos fiscales.

Conviene situar en este análisis más amplio la lucha contra los paraísos fiscales frente a quienes minusvaloran los avances registrados en este campo, debidos, en gran medida, al esfuerzo de la OCDE. La OCDE, creada hace 50 años para impulsar el crecimiento económico y el comercio internacional, se encuentra hoy comprometida en la construcción de una economía “más fuerte, más justa y más limpia”. Ese es el enfoque actual conforme a la voluntad expresada por su Secretario General, Angel Gurría, de combatir “el lado oscuro de la globalización” mediante el establecimiento de códigos de conducta que mejoren la gobernanza pública y privada.

La OCDE inició en 1996 su trabajo sobre las prácticas fiscales perjudiciales, cuyo seguimiento es objeto de un informe anual. En 1998, la OCDE fijó los criterios a tener en cuenta para definir un paraíso fiscal: Baja o nula tributación; ausencia de información adecuada sobre los beneficiarios de su sistema fiscal ausencia de transparencia en la aplicación de las normas fiscales y no exigencia de actividad empresarial relevante como requisito para las ventajas fiscales a empresas allí constituidas.

En 2002, la OCDE aprobó también el Modelo de Acuerdo sobre Intercambio de Información Fiscal sobre transparencia fiscal, principal referencia a escala internacional –adoptada por Naciones Unidas– y a la que se han adherido un número creciente de países a través de más de 2.000 convenios. Desde 2006, la OCDE publica anualmente un informe sobre el cumplimiento por parte de más de 80 países de las exigencias del citado modelo, a efectos de evaluar los avances, en el ámbito de un foro global especializado. Esto significa que unos cien países quedan aún fuera de este análisis, al no participar en este foro y no suministrar a la OCDE la información necesaria. Es el caso, por ejemplo, de la India, donde, sin embargo, la eliminación de los paraísos fiscales ya se ha convertido en un tema de debate político.

En los últimos tiempos, al calor de la propia crisis económica y de las mayores exigencias de transparencia sobre los flujos financieros, se han multiplicado los compromisos explícitos de adhesión a las exigencias internacionales por parte de numerosas jurisdicciones consideradas por la OCDE como paraísos fiscales. Ello ha comportado su paso desde la conocida como “lista negra” –jurisdicciones que no aceptaban dichas exigencias– a la “lista gris” –jurisdicciones que no cumplen, pero que se han comprometido a modificar su legislación para adecuarse a las mismas, y siguen siendo consideradas paraísos fiscales, aunque aparecen en una categoría que refleja sus compromisos actuales. En esa categoría se encuentran, entre otros, Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Austria, que hasta ahora se habían negado a aceptar el artículo 26 del modelo de Acuerdo de la OCDE pero que acaban de comprometerse a revisar sus convenios para adecuarlos a dichas exigencias.

La OCDE realizará una nueva evaluación el próximo mes de junio.

Queda, sin duda, mucho camino por delante. Sin embargo, se multiplican iniciativas impensables hace no mucho tiempo. Sarkozy ha instado a las empresas francesas a que verifiquen –por su propio interés– que los paraísos fiscales donde mantienen sucursales avanzan hacia el levantamiento efectivo del secreto bancario y en EEUU se tramita una legislación muy exigente en la materia.

Cristina Narbona es Embajadora de España ante la OCDE