Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Una de las lecturas generalizadas de la estructura social del capitalismo avanzado es que el 1% de la población que tiene mayor propiedad de capital y tiene mayores rentas, es la nueva clase dominante, tanto a nivel mundial como dentro de cada país. Tal 1% se le considera constituido por los propietarios y gestores de las compañías transnacionales pertenecientes a la economía productiva (donde se realiza la producción y distribución de bienes y servicios) y/o a la economía financiera (como las grandes entidades bancarias y las compañías de seguros), que a través de su enorme influencia en las instituciones políticas de carácter representativo ?y en los grandes medios de información?, ejercen un poder supuestamente omnipotente sobre el resto de la población, es decir, sobre el 99% restante.

Aparecen así eslóganes, dentro de los movimientos sociales de sensibilidad progresista, sobre la necesidad de movilizar el 99% de la población frente al 1%. En EEUU, por ejemplo, el Movimiento Occupy Wall Street hizo suyo el eslogan que el conflicto básico en EEUU era el que existía entre el 99% de la población y el 1%. Y en España (incluyendo Catalunya) han aparecido movimientos que utilizan el mismo eslogan o el mismo principio, asumiendo que el conflicto es entre la gran mayoría de la población, referida frecuentemente como el pueblo, contra este 1%.

Esta visión, sin embargo, es extraordinariamente simplista y no ayuda a las propuestas de transformación de la sociedad, pues no configura correctamente la lectura del mapa estratégico que los movimientos sociales y políticos transformadores deben realizar para separar los adversarios (es decir, personas o grupos sociales que defienden intereses opuestos a los de los agentes transformadores) de los aliados (personas que tienen intereses semejantes y/o compatibles con los de las fuerzas transformadoras).

Esta distinción –adversario versus aliados- es clave, pues el proyecto progresista requiere de una amplia alianza de fuerzas que representen a la mayoría de la población, y muy en especial a las clases populares. Pero tal mayoría no es, ni mucho menos, el 99%, pues hay al menos un 20% de la población que está sirviendo al 1% en su función controladora y reproductora de las relaciones de poder, y cuyos intereses están íntimamente ligados al famoso 1%. Este 20% juega un papel clave en la pervivencia del sistema de poder, donde el 1% superior controla los ejes del poder económico y financiero, y desde ahí los ejes del poder político y mediático.

La imagen del 99% frente al 1% no refleja esta realidad y erróneamente asume la posible alianza de las clases populares (que constituyen casi el 80% de la población) con este 20% que tiene intereses opuestos a los de las clases populares. De ahí la necesidad de recuperar categorías científicas de la estructura social -como clases sociales- que han sido abandonadas por “anticuadas”, y cuyo abandono ha sido resultado del gran domino del 1% (es decir, de la clase capitalista) sobre la sociedad, de manera que a mayor poder tiene tal clase, menor es la aparición de tales términos en la narrativa del discurso hegemónico de la sabiduría convencional.

La clase profesional (The professional class)

Un componente clave de este 20% de la población es la clase compuesta por profesionales, la mayoría con educación superior, que configura la sabiduría convencional del país y que beneficia al 1%, puesto que, como he dicho en la sección anterior, está a su servicio. Thomas Frank ha escrito un libro, Listen, Liberal (Escucha, liberal), que define muy bien la naturaleza de esta clase profesional, la cual ha configurado la cultura política y mediática del país, definiendo lo que se considera “aceptable” y “respetable” y lo que no lo es, confirmando la situación que habían ya adelantado, hace ya años, con gran certeza Noam Chomsky y Edward S. Herman en su excelente libro Manufacturing Consent (“Fabricando el consentimiento”).

Los componentes de esta clase proceden en su gran mayoría de las clases medias de renta alta que han ido a los colegios privados en España (con subsidios públicos) y a las universidades de élite, tanto en España como en EEUU, y que trabajan intelectualmente para hacer aceptable la distribución de poder en la sociedad actual, basada en la supuesta meritocracia. Y, en su mayoría, los miembros de esta clase comparten toda una serie de valores que pueden definirse como liberales (en el sentido europeo de la palabra, pues, en EEUU, la expresión liberal sirve para definir las sensibilidades socialdemócratas, como la del actual candidato a la presidencia, el senador Bernie Sanders. La falta de aclaración de esta distinción por parte de los corresponsales de los medios de información españoles crea unas enormes confusiones).

Estos valores liberales aparecen en las diferentes dimensiones del quehacer público. En educación consideran la educación privada mejor que la pública, pues permite la mejor expresión de un elemento muy valorado por tal clase, que es la reproducción de una distinción jerárquica y social. En España, el porcentaje de la población que acude a la escuela privada (con subsidio público) es el 30% de la población, que incluye, además de la burguesía y pequeña burguesía, predominantemente la clase media profesional.

Los dogmas de tal clase

En economía, tal clase social suele ser la defensora del famoso “hombre económico” que, a través de su mano invisible, permite la expresión de la libertad. Desfavorece políticas públicas que tengan como objetivo la redistribución de los recursos por considerarla irrelevante. Atribuye su posición en la jerarquía de poder social al mérito de sus propias cualificaciones, y tiene un enorme respeto y docilidad hacia el 1%, compitiendo por sus favores. El componente gestor dentro del 1% procede en su mayor parte de esta clase. Los directivos y gestores de las grandes empresas del país pertenecen a esta clase.

En sanidad, favorece, de nuevo, como en la educación, el sistema privado, por considerarlo más eficiente (en contra, por cierto, de toda la evidencia existente, como muestro en mi artículo “Las enormes limitaciones del modelo neoliberal: el caso de la sanidad estadounidense”, Público, 22.03.16), y, aunque no se opone a la responsabilidad pública de garantizar el acceso a la sanidad pública, ve esta responsabilidad como asistencial y/o residual, favoreciendo el aseguramiento sanitario privado (aunque con subsidios públicos), enfatizando la responsabilidad individual en el mantenimiento de la salud, y exigiendo una contribución en forma de pago por la utilización de servicios, sobre todo para evitar el supuesto “abuso” en la utilización del sistema sanitario público por parte de las “masas populares”.

Gran parte de los aparatos de los partidos conservadores (PP) y liberales (Ciudadanos y Convergència), incluyendo socioliberales (sectores del aparato del PSOE), son un ejemplo de este pensamiento. Cuidadores de su palabra, para respetar el lenguaje políticamente correcto, se le escapan de vez en cuando sus maneras elitistas y clasistas. Ejemplos claros de este comportamiento son los fundadores y dirigentes de Ciudadanos, el partido que representa mejor tal mentalidad y tal clase profesional.

Las declaraciones del Sr. Félix de Azúa –fundador de Ciudadanos- en referencia a la alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau, diciendo que en lugar de alcaldesa debería estar trabajando en un puesto de venta de pescado en el mercado, expresan claramente su menosprecio para tal tipo de trabajo, clasismo enormemente prevalente en este grupo profesional. Su deseo de encajar en el lenguaje políticamente correcto y su aspiración de distanciarse de los iconos culturales e ideológicos (como la Iglesia Católica) de las derechas tradicionales españolas (como el PP o Unión Democrática) les convierten en la derecha laica liberal. Otro ejemplo de clasismo es su frecuente referencia a la clase trabajadora como la “clase baja”, expresión muy utilizada en la cultura política y mediática del país, que constantemente define la estructura social de España (incluyendo Catalunya) en clase alta, clase media y clase baja. Ver los discursos de Albert Rivera como muestra de la utilización de tales términos.

El obstáculo mayor para el cambio es mucho más grande que el 1%

Este 20% significa uno de los mayores obstáculos para que se realice un cambio sustancial progresista en este país. Y ello se debe a que sus intereses, como he indicado anteriormente, están claramente relacionados con los intereses del 1%. Uno de los mejores ejemplos de ello es la polarización del Estado del Bienestar por clase social en España.

El sistema educativo, polarizado por clase social, que ocurre en España (y muy acentuado en Catalunya), con el 30% de la población infantil (perteneciente a esta clase profesional en su mayoría) educándose en las escuelas privadas (subvencionadas con fondos públicos), y el 70% educándose en las escuelas públicas (con un coste por alumno más bajo que en la privada), no puede, desde una visión progresista, defenderse y/o mantenerse, a lo cual se opondrán, no solo el 1%, sino el 30% (que tiene un enorme poder), grupo que apoyará al 1% con toda intensidad, pues sus beneficios dependen de la reproducción del sistema en el que el 1% establece las normas que hacen permisible esta polarización por clase social.

Y ahí está el error de algunos sectores, bien intencionados, pero profundamente equivocados, de algunas fuerzas progresistas de este país. Establecer una estrategia de cambio basado en este entendimiento de que el conflicto de intereses es el 99% frente al 1%, es profundamente errónea, pues este 20% ó 30% tiene intereses contrapuestos, más ligados al 1% que no a los intereses de la mayoría de la población. De ahí su error. Así de claro.