ANTONIO FERRER SAIS

RAMÓN GORRIZ VITALLA

La reforma laboral no va a fomentar la creación de puestos de trabajo, ni va a implantar políticas de formación y empleo, ni va a favorecer la reducción de la dualidad del mercado de trabajo. El empleo estable será más vulnerable pero, además, se socava la autonomía de los interlocutores para pactar las condiciones de trabajo, rompiendo el marco de relaciones laborales al incidir en aspectos determinantes de la negociación colectiva.

Se permite de forma generalizada que, por acuerdo en la empresa, se modifique el contenido de los convenios de ámbito superior, eliminando la necesidad de causa para llevar a cabo esta modificación y ampliando las materias sobre las que la empresa puede disponer. Se amplía el poder empresarial al reconocerse que los pactos y acuerdos de empresa pueden ser modificados unilateralmente por el empresario, convirtiendo en papel mojado lo negociado. Afecta a todas las materias y se amplían las causas por las que se pueden aplicar, como la de “mejora empresarial”. Por tanto, no se precisa la concurrencia de ninguna causa y se elimina el control judicial sobre la motivación. Se pretende convertir a la representación sindical en figura irrelevante y se envía al baúl de los cacharros la flexibilidad negociada. Todo esto, los trabajadores y trabajadoras lo conocemos, da lugar a pérdidas de derechos y a un empeoramiento de las condiciones laborales.

Hasta ahora, la negociación en la empresa disponía de un espacio frente a la negociación sectorial (el 79% de los convenios firmados son de ámbito empresarial), en el cual se podía establecer una regulación que mejorara las condiciones y los derechos laborales. Las medidas de la reforma tienen un único objetivo: eliminar la eficacia vinculante que ha desempeñado hasta ahora la negociación sectorial y consagrar en la cima de la jerarquía normativa la decisión unilateral del empresario. Nunca se ha planteado de forma tan directa una involución de los derechos laborales hasta el punto de subordinarlos a la decisión del patrón.

La negociación colectiva en el ámbito sectorial permitía a los empresarios planificar una estrategia de inversión, de mejora de la competitividad, pero no mediante el dumping social que supone competir en reducciones salariales. En la formación, la investigación y la especialización productiva está la salida de la crisis. La negociación colectiva es un instrumento de democracia en la empresa, de flexibilidad interna negociada frente a la desregulación, de participación de los trabajadores en el crecimiento económico y productivo de la empresa, de compromiso de futuro con ella. En este sentido, reformar la negociación colectiva en nuestro país exige hablar de la inmediata y urgente adaptación de su estructura, reforzando la representatividad y el poder negociador de los agentes implicados sobre todo en las pymes, dotándolos de seguridad y certidumbre jurídica, atributos que no ofrece la reforma laboral del Gobierno. Los sindicatos CCOO y UGT rechazamos esta reforma y entregamos una propuesta a CEOE y CEPYME el 6 de mayo, que hasta hoy no han contestado pese a sus declaraciones contradictorias.

Facilitar el descuelgue permitirá recuperar beneficios empresariales, pero no la creación de empleo ni la ruptura de la segmentación del mercado de trabajo. Porque del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012 la parte que se ha cumplido es la moderación salarial, pero el apartado del empleo ni se vislumbra siquiera. Los últimos datos indican que en los convenios se están firmando incrementos salariales del 1,29%. Esto hace que la participación de la renta de los excedentes empresariales (y rentas mixtas) se haya elevado en 1,6 puntos desde el segundo trimestre de 2007, mientras la participación de la remuneración de asalariados ha crecido en el mismo periodo 0,9 puntos, casi la mitad.

Y ante las perspectivas sobre el IPC (algunas previsiones apuntan a que terminará el año cerca del 2,5%), resulta fundamental que se firmen cláusulas de garantía salarial que permitan mantener el poder adquisitivo a los trabajadores, sobre todo ante las posibilidades de incumplimiento, como sucedió en 2009. Entonces hubo retrasos en las revisiones de convenios plurianuales por el conflicto provocado por la patronal sobre las previsiones de inflación, lo que el Tribunal Supremo resolvió dando la razón a los trabajadores sobre la existencia de una previsión oficial del IPC. La reforma es una pieza más del giro político emprendido por el Gobierno en materia económica y social, una medida regresiva e injusta que tendrá continuidad, como ha anunciado Zapatero, con la reforma del sistema público de pensiones. Estas políticas no son las únicas que se pueden adoptar para remontar la grave situación actual y son profundamente injustas en lo social y claramente regresivas en lo económico, atacando sólo a los trabajadores y trabajadoras y a los sectores más débiles de la sociedad. La mejor forma de retomar el crecimiento es recuperar el camino del Estado del bienestar, pues es lo que, a la postre, conduce a unos mayores ingresos por parte del Estado, permitiendo así el ajuste del déficit excesivo.

Por ello, CCOO y UGT pensamos que no es la hora de la resignación, sino de la respuesta democrática de la mayoría social, secundando la huelga general en defensa legítima de nuestros derechos y por una salida social y progresista de la crisis económica y del empleo.

Antonio Ferrer Sais es secretario de Acción Sindical de UGT

Ramón Górriz Vitalla es secretario de Acción Sindical de CCOO

Ilustración de Javier Olivares