Otro 'golpe institucional' para controlar RTVE

El desprecio con que el Gobierno, PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV ignoraron en el año 2018 el concurso público que, en cumplimiento de la ley, habían convocado las Cortes Generales para elegir la Presidencia y el Consejo de Administración de RTVE fue escandaloso. El descaro con que ahora han modificado esa ley para volver a repartirse los sillones de ese órgano es, además de escandaloso, una vergüenza en democracia.

Para renovar el Consejo de Administración y resolver la situación de cinco años de interinidad en la Presidencia de RTVE, el Gobierno y el PP han hablado durante meses con un único objetivo: repartirse, de nuevo, los 10 puestos. Y, como no alcanzaron un acuerdo porque hace tiempo que el PP no está dispuesto a colaborar en nada, el PSOE negoció con Sumar modificar la ley para no tener que llevar a cabo la elección en los términos previstos en la que estaba vigente desde 2017.

Pero, como el Grupo Socialista y el Grupo Plurinacional Sumar no tienen en el Congreso los votos necesarios para aprobar esa modificación, el Gobierno decidió por real decreto ley ampliar de 10 a 15 el número de integrantes del Consejo de Administración, para que sus socios parlamentarios pudieran colocar a personas de su confianza en ese órgano y votar a favor, como han hecho hoy en el pleno de la Cámara Baja.

El Gobierno sabía que el PP no iba a apoyar la modificación de esa ley, y que Junts podría salir por los cerros de Úbeda o por donde ordenara Carles Puigdemont, según le convenga. Ante esa alta probabilidad de fracaso, el Ejecutivo ha buscado una bochornosa solución: aumentar el número de puestos en el Consejo de Administración, recuperar que cobren una asignación mensual -en algunos casos puede superar los 100.000 euros anuales- y no solo la dieta por asistencia a una o dos reuniones mensuales que percibían hasta ahora y permitir que puedan ser reelegidos una vez y permanecer 12 años cobrando esa sustanciosa cantidad. Eso sí, el cargo será incompatible con otras actividades profesionales, faltaría más.

Y no solo eso. Ya puestos a modificar, el Gobierno ha incluido en el real decreto ley unas disposiciones que conceden mucho más poder al futuro presidente de la Corporación, quien, entre otras atribuciones, podrá adjudicar directamente costosos contratos a productoras externas sin que tenga que aprobarlos el Consejo de Administración.

El Gobierno, el PSOE y sus socios justifican esta modificación de la ley diciendo que lo hacen para romper el bloqueo que mantenía el PP en la renovación de la cúpula de la radiotelevisión pública y para aumentar su pluralismo. ¿Desde cuándo es pluralismo colocar a personas de confianza, la mayoría con un claro sesgo partidista, al frente de RTVE?

En el año 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta del PP en el Congreso, modificó por real decreto el sistema de elección de la Presidencia y el Consejo de Administración de RTVE, para que fuera posible hacerlo por mayoría absoluta en segunda votación si no salía en la primera por los dos tercios de votos necesarios, el PSOE tachó esa decisión de "golpe institucional" y la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Ahora, con la aceptación de Sumar -a pesar de las reticencias de algunos integrantes de esta coalición, que han defendido hasta el último momento el concurso público como el mejor método de elección-, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha hecho exactamente lo mismo que hizo entonces el PP. ¿Ya no es un "golpe institucional" modificar la ley para poder elegir una cúpula de confianza en la radiotelevisión pública por mayoría absoluta (176 votos) y no por mayoría cualificada de dos tercios (232 votos)?

En septiembre de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad (345 votos a favor, ninguno en contra y una abstención) la Ley 5/2017, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Ese era su objetivo, según consta en el nombre que dieron a esa norma.

En cumplimiento de lo que establecía la disposición transitoria segunda de esa ley, las Cortes Generales aprobaron unas normas para elegir el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE "por concurso público con la participación de un comité de expertos designados por los grupos parlamentarios". El Congreso y el Senado cumplieron ese mandato y convocaron el concurso. Se presentaron un centenar de candidaturas, cada una con un currículo sobre sus méritos profesionales y con su proyecto para gestionar RTVE.

El comité de expertos también hizo su trabajo: examinó todas las candidaturas presentadas, seleccionó a 95 que reunían los requisitos exigidos, evaluó sus méritos profesionales y sus proyectos de gestión y seleccionó los 20 nombres de quienes habían tenido las mejores puntuaciones. Todo lo hicieron tal y como se establecía en las normas acordadas por las mesas del Congreso y el Senado.

Quienes no cumplieron esas normas ni la ley que habían aprobado por unanimidad, y tampoco respetaron el trabajo del comité de expertos, fueron el Gobierno y los grupos parlamentarios de PSOE y PP, a los que se sumaron los de Unidas Podemos y el PNV cuando les brindaron la posibilidad de proponer nombres. Esos cuatro partidos ignoraron los 20 nombres seleccionados y se repartieron los 10 puestos del Consejo de Administración.

Como ejemplo de la tomadura de pelo que significó ese desprecio al trabajo del comité de expertos puede servir este caso. Entre las personas que eligieron esos partidos estaba Elena Sánchez, que años más tarde sustituyó a José Manuel Pérez Tornero en la Presidencia de RTVE. Ella no había sido seleccionada por los expertos, porque quedó en el puesto 58 de los 95 aspirantes, con una puntuación de 46,5 puntos sobre 100. El comité dijo que su proyecto para la radiotelevisión pública "parece un manual copiado de Wikipedia", pero a los cuatro partidos políticos citados eso les dio igual, porque lo importante era colocar a personas de su confianza y afinidad política.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), como otras organizaciones, siempre ha defendido que la cúpula directiva de las radios y televisiones públicas -tanto la estatal como las autonómicas, provinciales o locales- sea elegida por concurso público de méritos. Pero los dos partidos mayoritarios siempre se han repartido esos puestos, y a ellos se han sumado otros con menos representación en el Congreso para tener personas de su confianza en el Consejo de Administración.

También han defendido el concurso público más de un centenar de docentes de Periodismo y Comunicación Audiovisual de diferentes universidades,y muchos profesionales de los medios públicos, que en mayo último firmaron una declaración en la que pedían que fuera convocado. El sistema de elección por cuotas de los grupos parlamentarios, dijeron, «ha demostrado su ineficacia, tanto a la hora de erradicar la asociación profesional entre RTVE y el partidismo político como para afrontar los retos de futuro que comparte con otras corporaciones de servicio público europeas en un entorno de desorden informativo». No les han hecho ni caso quienes ahora han modificado la ley.

Desde la llegada de la democracia a España con la Transición, todos los gobiernos han intentado controlar RTVE. La única excepción en que mejoró esa situación fue la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando los profesionales de la radiotelevisión pública pudieron trabajar con más independencia y menos presiones.

El "golpe institucional" que dio el PP en 2012 para volver a una "televisión de partido", según denunció entonces la Ejecutiva socialista, lo han dado ahora el Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios. Los 11 nombres propuestos por esos grupos han sido aprobados hoy en el Congreso por los 179 diputados y diputadas que han votado (no han participado los del PP y Vox). La próxima semana, el PP aprobará en el Senado los cuatro que ha propuesto, alguno de ellos con tanta afinidad política inhabilita a Alberto Núñez Feijóo y su partido para criticar lo que han hecho los otros grupos. Sin olvidar que el PP -y no es el único que lo hace- controla y manipula las televisiones públicas de las comunidades autónomas donde gobierna, como vienen denunciando sus trabajadores y distintos organismos desde hace años. Ya lo dice el refrán: muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno pero no vemos la viga en el nuestro.

Hay que reclamar, porque es una exigencia democrátrica, que durante la tramitación del real decreto ley como proyecto de ley algunos grupos presenten enmiendas para mejorar esa norma modificando varias disposiciones de las que contiene. Entre otros temas, para eliminar la excesiva atribución de competencias al presidente para no tener un modelo de RTVE presidencialista, recuperar competencias que ha perdido el Consejo de Adminstración y garantizar el derecho de acceso.