Máriam Martínez-Bascuñán ha publicado recientemente en el diario El País (17/12/2023), en el que ejerce como directora de Opinión, el artículo titulado Contra el consentimiento. Es una prestigiosa politóloga, especialista en teoría política y teoría feminista. Mediáticamente, su opinión es relevante, particularmente en este momento de cambio de ciclo del feminismo institucional.

Por una parte, hace una valoración crítica del consentimiento como justificación de la ley de Libertad Sexual promovida por el anterior equipo del Ministerio de Igualdad, vinculado con Unidas Podemos, y, por otra parte, lo contrapone al objetivo de igualdad, como alternativa más adecuada para el feminismo. Esa contraposición entre consentimiento e igualdad se basa en la posición de Catharine MacKinnon, feminista radical estadounidense. Estamos, quizá, ante la pretensión de fundamentar los principios políticos y culturales de la nueva gestión gubernamental socialista del feminismo.

De entrada, diremos que no compartimos la dicotomía planteada, según se explica en el reciente libro Feminismos. Retos y teorías, el consentimiento es una garantía -de las mujeres- frente al abuso, la imposición y la prepotencia de una relación sexual -la mayoría de varones-. Dentro de la tradición contractualista expresa la necesidad de una relación voluntaria, libre e igualitaria, frente a la jerarquía y la voluntad del más fuerte y poderoso; criterio avalado además por el Consejo de Europa. Es un factor profundo de cambio igualitario en las relaciones sociales y en las actitudes y mentalidades. Se engarzan los dos aspectos centrales de una relación social equitativa: la igualdad y la libertad.

Sabemos de la existencia de profundas desigualdades sociales, particularmente, por la posición de clase social y de sexo -u opción sexual y de género-, y podríamos añadir otras circunstancias, como el origen étnico o la edad. Estamos ante un problema relacional con múltiples desequilibrios de estatus y de poder, así como de diversidad de gustos, deseos y preferencias. La desigualdad constriñe las condiciones y capacidades para la libertad, para el ejercicio voluntario del acuerdo, más o menos recíproco y mutuamente satisfactorio, en una relación sexual (y en un acuerdo colectivo, en general). Precisamente, el consentimiento refuerza la equidad y la capacidad de decisión femenina, contribuye a la igualdad relacional.

El objetivo de la igualdad en todas las esferas sociopolíticas, culturales y estructurales es consustancial al feminismo desde hace más de dos siglos. Desde el primer feminismo ilustrado que defendía, sobre todo, los derechos políticos y civiles igualitarios -el sufragismo-, así como las experiencias populares basadas en la solidaridad, la corresponsabilidad socio-comunitaria y laboral y la pertenencia cívica, hasta la segunda ola feminista -años sesenta y setenta-, por una igualdad más multidimensional, no solo jurídica, en el campo social, económico, familiar y de la sexualidad.

Tras la breve tercera ola feminista -años noventa-, influida por los cambios culturales e identitarios, más o menos postmodernos, y vinculados con los movimientos LGTBI, en los últimos años se expresa la actual cuarta ola de reafirmación de la dinámica emancipadora femenina (y LGTBI) contra la violencia machista y las ventajas patriarcales en las relaciones sociales, y también frente a las brechas laborales y las desigualdades de estatus y reconocimiento público.

El feminismo actual tiene un gran apoyo social en España: el 80% de la población es partidaria de la igualdad de mujeres y varones, y dos tercios de mujeres se consideran feministas, así como un tercio de varones, en este caso con un amplio campo intermedio y una minoría de hombres, que no llega a la cuarta parte, contraria al feminismo, y que se encarga de espolear la ultraderecha.

En definitiva, dentro de su diversidad, la mayoría del feminismo tiene una honda perspectiva transformadora, participativa y multidimensional o interseccional. Y a pesar de todos los intentos de división y descalificación, sigue gozando de buena salud, por su capacidad expresiva y articuladora, manifestada en las grandes convocatorias públicas, así como en la persistencia de una actividad sociocultural, solidaria y reivindicativa cotidiana y de base.

Un feminismo inclusivo e interseccional

Paralelamente a ese intento de fundamentación teórica de la orientación del nuevo Ministerio de Igualdad, se ha producido otro hecho significativo controvertido: el nombramiento, con el visto bueno del presidente Sánchez, de la nueva directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, con un currículo fuertemente crítico a la ley ‘trans’, avalada por el anterior Gobierno de coalición y el propio PSOE.

Como se recordará, un sector de feministas tradicionales, relegadas del poder gubernamental, en torno al colectivo elitista de Feministas Socialistas, se opuso firmemente a esa normativa. Esa fuerte oposición estaba articulada y representada por la cesada vicepresidenta Carmen Calvo y bajo el influjo doctrinal de la filósofa Amelia Valcárcel. Pues bien, tras la experiencia del recorte de la Ley de la Libertad sexual, con la relativización del consentimiento y el mayor punitivismo, de la mano de la derecha, ese sector vuelve a tener mayor influencia institucional y augura también un retroceso en los derechos de los colectivos LGTBI y un freno al desarrollo de la normativa aprobada.

La reafirmación gubernamental en su designación, aun con el intento de suavización discursiva, refuerza una posición excluyente, de imposición de lo que consideran su agenda feminista siendo previsibles el recorte de la Ley trans, una ley para la abolición de la prostitución, mayor punitivismo…, con puntos comunes con la política y el discurso de las derechas extremas, y de freno a nuevos derechos feministas. Supone una reagrupación de las corrientes internas socialistas, con una reorientación simbólica y material del Ministerio de Igualdad, inicialmente más comedida en esos temas divisivos, y un mayor distanciamiento con la mayoría del movimiento feminista de base y sus retos transformadores.

Ambos hechos, junto con la contundencia de la ruptura con la orientación transformadora y la gestión ministerial anterior de Unidas Podemos y aun con cierta ambigüedad de la nueva ministra socialista de Igualdad, expresan los fundamentos y límites del proyecto feminista del actual Gobierno de coalición, ante el que incluso manifiesta su incomodidad su socio Sumar.

Ello se complementa con la insuficiencia de las medidas anunciadas; en primer lugar, sobre la prioridad normativa de la Ley de Representación Paritaria, ya aprobada por el Ejecutivo, que hace hincapié en la mejora de la representación femenina en las altas instituciones políticas y empresariales, es decir, en agrietar el ‘techo de cristal’ que tienen las élites de las mujeres, y no en cambiar las desventajas estructurales, culturales y sociohistóricas que tiene la mayoría popular de las mujeres, en un estatus subalterno, o sea, para superar el ‘suelo pegajoso’ y avanzar en la igualdad respecto de los varones. Por tanto, un avance parcial positivo, en la medida que desenfoca o sustituye las prioridades feministas para la mayoría de las mujeres, constituye un gesto frustrante respecto de la igualdad real necesaria para la gran mayoría femenina, que necesita reducir desventajas y aumentar la redistribución y el reconocimiento.

Además, queda pendiente la necesidad del enorme esfuerzo aplicativo por las Comunidades Autónomas y demás entidades de la normativa aprobada en la legislatura anterior, en particular, todo el desarrollo preventivo, educativo y protector de la Ley de Libertad Sexual y de la nueva regulación del derecho al aborto, amenazado por el bloqueo de las derechas extremas. Sin un fuerte impulso ejecutivo y presupuestario, muchas de esas medidas legislativas pueden quedar aminoradas en su efectividad real, o sea, se mantiene el bloqueo en las relaciones desigualitarias y de prepotencia machista.

Un feminismo igualitario y transformador

Por otra parte, en la legislatura pasada se han promovido avances significativos en campos compartidos con otros derechos laborales y sociales, en una dinámica que podemos llamar interseccional, en los distintos ámbitos institucional, sindical y social. Medidas comunes como la mejora del salario mínimo, la restricción de la temporalidad, los permisos parentales o la conciliación de la vida profesional y personal/familiar tienen un impacto positivo comparativamente mayor para las mujeres. Igualmente, otras medidas favorables a la protección social o los servicios públicos como la potenciación de las escuelas infantiles, el apoyo público a los cuidados y la dependencia, así como otro tipo de medidas enmarcadas en el escudo social a personas vulnerables o la integración social y cultural de la inmigración pueden tener también un sesgo de género favorable para las mujeres, que hay que potenciar.

Son políticas públicas, de garantía de condiciones vitales dignas y con fuerte contenido social e igualitario, muchas de ellas compartidas con demandas sindicales, incluso en la negociación colectiva y amparadas en los planes de igualdad de las empresas.

No obstante, dada la debilidad de la capacidad contractual de los sindicatos y la dimensión de otras reivindicaciones sociolaborales, en particular, actualmente, la defensa de la capacidad adquisitiva de los salarios, se suelen quedar arrinconadas, y exigen una profundización reivindicativa. Si a eso le sumamos las restricciones presupuestarias, la falta de determinación institucional y el bloqueo promovido por las derechas en muchas Comunidades Autónomas, tenemos todo un campo fundamental, el de la igualdad sustantiva y real, aquejado de una insuficiencia reformadora.

Y como se avanzaba en el libro citado, este campo de la igualdad exige una dinámica transformadora de conjunto, con un fuerte impulso feminista y la exigencia de un potente marco global, una nueva ley de igualdad, que unifique y dé perspectivas a este proceso igualitario. Es dudoso que el nuevo equipo ministerial de Igualdad, con su feminismo moderado, retórico y amable, y el conjunto del Gobierno de coalición, con prevalencia socialista, se plantee un avance sustancial, precisamente, en este ámbito de la igualdad relacional, eje fundamental para este nuevo periodo, junto con la consolidación de los derechos frente a la violencia machista y la libertad de opciones sexuales y de género, ya regulados y pendientes de desarrollar.

Parece que los derroteros del nuevo Ejecutivo van por otro camino. Se está intentando poner las bases doctrinales, las responsabilidades ejecutivas y la distorsión de las prioridades feministas para dar soporte a un feminismo institucional alicorto, sin abordar convenientemente los grandes retos feministas. Su plan puede tener elementos positivos y de continuidad con el feminismo socialista anterior que, particularmente, en el primer gobierno de Rodríguez Zapatero (2004/2008) supuso unas reformas legales y simbólicas significativas, especialmente con la Ley de Igualdad, la Ley contra la Violencia de género y la Ley del matrimonio igualitario.

La evidencia empírica e histórica ha demostrado que, en estas dos últimas décadas, aquel feminismo institucional, levemente reformador y muchas veces solo retórico, superficial y formalista, se ha visto como insuficiente por la nueva y masiva conciencia feminista, especialmente de mujeres jóvenes, en unas condiciones desiguales insostenibles. Esa demanda igualitaria es la base social justificativa para el impulso renovador de estos años.

Precisamente, esa situación de bloqueo en la igualdad de género, con la persistencia de la subordinación femenina y el acoso machista, ha sido cuestionada y desbordada por las exigencias de la cuarta ola feminista de amplia base crítica y popular que, sobre todo, desde 2018, alumbró las nuevas demandas de derechos y condiciones igualitarias y emancipadoras para las mujeres y colectivos LGTBI.

De fondo, este feminismo transformador, real y sustantivo, ligado a la tradición igualitaria-emancipadora de los feminismos anteriores, ha constituido la mejor expresión sociopolítica y cultural progresista de los últimos años y una masiva dinámica popular reformadora de las relaciones sociales e institucionales. Es por lo que tiene enemigos poderosos, con estrategias de división, descalificación y distorsión de su dinámica liberadora.

Por tanto, el diseño de este feminismo institucional socialista, dentro de su tradición de un feminismo levemente reformador, formalista y retórico, empieza a distanciarse del necesario impulso y consolidación de los derechos feministas y el avance en la igualdad real. Se quedará en cambios superficiales, dirigidos a mejorar el estatus de ciertas élites y capas acomodadas y, en particular, a conseguir un aval legitimador del nuevo ministerio de Igualdad, sin remover mucho las relaciones desiguales, la persistente discriminación femenina y los abusos de poder patriarcal, así como evitar la amenaza de retrocesos promovidos desde sectores reaccionarios.

En definitiva, tras la mejora de los derechos feministas en la anterior legislatura, aun con sus controversias, el reto es el avance significativo en la igualdad real, sin rebajar la exigencia de consentimiento en las relaciones sexuales -la experiencia de Jenni Hermoso y las campeonas mundiales frente al beso no consentido de Rubiales ha sido muy ilustrativa-, como garantía de libertad y no imposición. Frente a los límites previsibles del nuevo ministerio de Igualdad y el feminismo institucional, se dibuja sobre todo una tarea transformadora para el conjunto del movimiento feminista y las fuerzas progresistas.