Muchos han sido los obstáculos. Ni los más optimistas albergaban una victoria tan rotunda. La votación no defraudó, salvo por la abstención. Acudieron 7.562.173 electores de un padrón superior a los 15 millones de inscritos. Las condiciones tampoco eran las mejores. Hay medio millón de contagiados por Covid 19 y supera los 14 mil muertos. Chile se ubica por encima de Brasil con 22,5 personas fallecidas por millón. En otras palabras, el miedo se apoderó de muchos votantes, sobre todo mayores de 55 años que desistieron de acudir a votar. Pero en contraposición, la juventud tuvo un alto nivel de participación, superando con creces las expectativas. Algo está cambiando, el relevo generacional y la participación política de los jóvenes indica un nivel de compromiso elevado con un proyecto capaz de dar carpetazo al pinochetismo sociológico.

Hay motivos para estar contentos. Las urnas han decidido. Un 78, 27 % aprueba elaborar una nueva constitución y un 79,22 % decide sea mediante elección popular al 100%. Son los datos. Los valedores del continuismo no han sobrepasado en 22% de los votos emitidos. Si en principio se auguraba un distancia de 10 o 20 puntos porcentuales en favor del cambio, superar los 60 puntos es de por sí un espaldarazo a la convención constituyente. Pero quienes votaron el apruebo no conforman un grupo homogéneo. Los partidos firmantes del Acuerdo por la paz social y una nueva constitución (15-XI-2019) responden a una lógica partidista anclada en las negociaciones por arriba y profesan ideologías contrapuestas. Conservadores, liberales, democristianos, reformistas, socialistas, socialdemócratas o progresistas. Una mayoría se oponen a reconocer derechos al pueblo Mapuche (Estado pluriétnico); otros rechazan un rol protagónico del sector público en la elaboración de las políticas sociales en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones o desoyen el compromiso con el medio ambiente. Además, fueron los mismos que aprobaron en diciembre de 2019 la aplicación de leyes represivas contra los manifestantes durante las jornadas de protestas. En definitiva, no todo lo que votó Apruebo se inscribe en un proyecto trasformador que camine hacia una democrática participativa y menos rupturista con el orden patriarcal. Podríamos, asistir a un maquillaje político en el cual la nueva redacción sea una visión edulcorada del neoliberalismo, avalada por unos constituyentes espurios, y sostenida por las viejas oligarquías que hoy controlan los partidos.

Recordemos, que el triunfo del Apruebo no es resultado de la voluntad política de las dos coaliciones que han gobernado Chile desde 1990. Por el contrario, su origen es la rebelión popular iniciada el 18 de octubre de 2019, y la movilización social, que en plena pandemia, no ha cesado. Un desborde popular que ha dejado fuera de juego a los partidos políticos, cuyo grado de confianza y aceptación por la ciudadanía, no supera el 2,4 de una horquilla de 1 a 10. Igualmente, el triunfo tiene una cara que no se debe olvidar: la represión. Fue la violencia la respuesta gubernamental a las demandas de una nueva constitución y el rechazo a las políticas neoliberales. Así, atestigua el Informe de la Fiscalía Nacional de 15 de junio de 2020. Desde octubre de 2019 hasta el 1 de abril de 2020, se han computado 8.510 víctimas de violaciones de derechos humanos. Se han interpuesto 5.645 denuncias por violencia policial. Existen 664 casos de violencia sexual. 258 desnudamientos, 67 abusos diversos, 12 violaciones, y 27 de amenazas de tocamientos. Además, se contabilizan 411 víctimas con lesiones oculares, y otros 615 casos con traumatismos graves. Todos, perpetrados por las fuerzas armadas y carabineros, siendo 466 de sus miembros identificados como autores materiales de alguno de ellos.

No es una concesión, ha sido una lucha sin cuartel, donde las víctimas pertenecen a las clases populares el origen del triunfo. Es un grito de dignidad, como ha sido rebautizada la Plaza Baquedano, centro neurálgico de las protestas en Santiago donde se reúnen cientos de miles ciudadanos, reclamando el fin del neoliberalismo y un nuevo orden social. Una síntesis de cuarenta años de bregar por los cambios que una y otra vez fueron ninguneados por quienes aceptaron el pacto de transición con las fuerzas armadas. Los mismos que desmovilizaron a la sociedad civil, traicionaron el espíritu del No en el referéndum de 1988 y en 1990 se hicieron con el poder. En 1990, la Concertación, Demócrata Cristianos y Socialistas, fundamentalmente, mantuvieron la constitución pinochetista y las reformas neoliberales se profundizaron. Incluso la patronal no tuvo inconveniente en designar al entonces presidente Ricardo Lagos como el mejor aliado de sus intereses. Tampoco Michelle Bachelet se enrojeció al aplicar la ley antiterrorista contra el pueblo Mapuche. Y todos juntos, unieron sus esfuerzos para impedir que el dictador sea juzgado, clausurando la posibilidad de justicia y reparación. Hambre, corrupción y miseria, es el legado del post-pinochetismo y su Constitución. En 2016, la OCDE designo a Chile como el país más desigualen de su membresía. Por ello, las elecciones a constituyentes a celebrarse el próximo año, abril de 2021, no puede ser un calco de los acontecimientos vividos en 1990. Sobre todo si la convocatoria coincidirá con las elecciones municipales y de gobernadores regionales. La historia no puede repetirse.

Hay que seguir movilizados, articular programa y definir estrategias, presionar, impedir que sean los mismos que se han negado a reconocer sus vergüenzas, quienes administren el triunfo y elaboren la nueva constitución. Se ganó una gran batalla, pero no se puede bajar la guardia. Las victimas del golpe de Estado cívico-militar, los miles de detenidos desaparecidos, torturados, exiliados, no son fantasmas. Son la memoria viva sobre la cual se asienta este triunfo. Sin olvidar, los más de 2500 detenidos durante la rebelión popular, acusados de disturbios, terrorismo, agresión y resistencia a la autoridad. También presos políticos.

Esta es la primera ocasión que una Convención Constituyente en Chile será electa por votación popular, además de paritaria entre hombres y mujeres y una representación para los pueblos originarios. Pero ello no garantiza que los constituyentes sean representantes de las organizaciones y movimientos sociales que en primera línea se han fajado por conquistar el derecho de elaborar una nueva carta magna. Las candidaturas están amarradas a las coaliciones existentes. Presentar candidaturas independientes es un camino tortuoso. Las listas de partidos pueden cerrar el paso a candidatos provenientes de la sociedad civil que han dado origen al referéndum. Además, será necesario contar con 2/3 de los 155 constituyentes para aprobar cambios estratégicos. Y la complicidad, entre la Democracia Cristiana, la socialdemocracia y la derecha tradicional, cuando se trata de salvar el edificio neoliberal, ha sido la norma.

Estamos en presencia de un proceso político caracterizado por la movilización popular. El gobierno y una parte de la oposición, podrán revertir su derrota si logran controlan la constituyente. Es obligo estar vigilantes y sin retroceder. Hoy es el momento de disfrutar del triunfo, pero aún no se ha logrado nada desde el punto de vista de una carta magna democrática. Ello está en el aire. Se avecinan tiempos de confrontación. Las fuerzas son desiguales. Los partidos tradicionales cuentan con canales de financiación, copan las instituciones y las fuerzas armadas los defienden, se juegan mucho, hacen piñata. La corrupción les une. Desde abajo será necesario construir proyecto, buscar romper la telaraña tejida durante cuarenta años. No es extraño que Piñera y muchos de quienes avalaron el apruebo se froten las manos, pensando que serán sus representantes quienes controlen la convención constituyente. Salvador Allende tuvo un pensamiento premonitorio, al señalar que sólo cuando: “el pueblo (…) entienda que no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción de donde debe nacer la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano.” Ese es el dilema, pueblo soberano o pueblo intervenido. Allende no erró, ahora toca cumplir su mandato. Hacer una constitución democrática desde abajo. Ese es el reto.