Magdalena Nogueira, Yolanda Valdeolivas y Gregorio Tudela.

​Catedráticas/o de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UAM(1).


¿Son los sindicatos “dinosaurios en vías de extinción”? ¿Conviene protegerlos en “reservas jurídicas”? ¿Deben evolucionar y adaptarse para sobrevivir o debemos dar su ciclo por cumplido y proclamar su irrelevancia social? Parafraseando a Monterroso, cuando despertemos ¿los sindicatos todavía estarán allí? Estas cuestiones sitúan a los sindicatos ante importantes retos de futuro y exámenes inmediatos, inmersos ya en un nuevo proceso de elecciones sindicales con fuertes dosis de incertidumbre.

Crítica situación agravada por las severas tensiones territoriales, el cuestionamiento de instituciones claves de nuestro sistema democrático y los casos de corrupción. En ese marco, las elecciones sindicales vienen trufadas de sindicatos corporativos, plataformas y coaliciones electorales e, incluso, con un nuevo sindicato surgido al calor de una tendencia refractaria a los instrumentos tradicionales de representación, cuya importancia real está por constatar.

Los sindicatos son pieza nuclear e insustituible de todo el sistema democrático de relaciones laborales, su médula ósea. Su desaparición encuentra un infranqueable límite en el diseño constitucional del Estado Social, aunque, interesadamente, se les presente como algo caduco e inadaptado al “progreso” socioeconómico, exacerbando deliberadamente sus debilidades, con campañas públicas de desprestigio promovidas por sectores proclives a su desaparición o debilitamiento a fin de aumentar el poder empresarial y retornar a los principios más rancios del liberalismo.

En España, la apuesta por el convenio colectivo de eficacia general (convenio-tipo para el establecimiento de condiciones de trabajo uniformes para todos los trabajadores) y la fijación de distintos niveles de representatividad sindical (atribuyendo al sindicato más representativo el ejercicio de importantes funciones en el conjunto del sistema de relaciones laborales) contribuyen a retraer la afiliación sindical y a la burocratización sindical, repercutiendo sobre sus mecanismos directos de financiación (las cuotas) y generando un progresivo distanciamiento de las bases sindicales.

Ello se intentaría paliar o justificar a través de mecanismos alternativos de financiación (patrimonio sindical, subvenciones públicas, canon por negociación colectiva, etc.) y de procesos de concertación social (implicándoles en la elaboración de las políticas legislativas estatales y en la gobernabilidad social del sistema) hoy con síntomas de agotamiento, tras los reiterados fracasos de las mesas de diálogo social previas a los últimos procesos de reforma laboral (2010, 2011 y 2012).

Iniciados los 90, se vieron arrollados por los acontecimientos, sumando a problemas tradicionales (déficit de afiliación y merma de su función reivindicativa e influencia en el diseño de las políticas sociales) una pérdida de credibilidad agravada por su conexión con casos de corrupción bien conocidos. Todo ello en el marco de profundas trasformaciones del sistema productivo y de expansión del pensamiento neoliberal. El resultado es un sindicato con escasa fuerza innovadora y cercado por un estado de opinión muy escéptico sobre sus posibilidades de mejorar las condiciones de vida y trabajo, si no alejado de las preocupaciones reales de los trabajadores y ensimismado en su propia dinámica. Urge, pues, un proceso de reconversión histórica que mantenga y refuerce su presencia en las relaciones laborales y su contribución al gobierno del sistema socioeconómico, adaptándose a fenómenos que hace tiempo dejaron de ser coyunturales.

La tradicional separación entre trabajadores públicos y privados se va difuminando progresivamente, profundizándose la brecha entre trabajadores fijos (especie en extinción) y temporales (en progresivo ascenso y excusa para minorar los derechos de los primeros),

El impacto de las nuevas tecnologías sobre los procesos productivos, la internacionalización económica, el predominio del capitalismo financiero sobre el tradicional capitalismo industrial son fenómenos subyacentes a lo que, asépticamente, llamamos globalización, cuyas consecuencias más inquietantes, en clave laboral, son bien visibles. Los cambios operados en el modelo productivo obligan al sindicato a una rigurosa revisión de sus formas de actuación. La acción sindical se desarrolla entre turbulencias provocadas por tendencias contrapuestas (centralización-diversificación, agrupamiento-descentralización) y debe combinar la reivindicación nacional con los requerimientos de una economía globalizada y la expansión internacional de algunas empresas, dentro de las exigencias de competitividad impuestas por la UE, para lo que los sindicatos no parecen bien engrasados. Simultáneamente, el abandono tradicional de las pequeñas empresas, de importancia creciente en la tensión concentración-disgregación empresarial, recomienda reajustar la acción sindical. Los centros de trabajo deben recuperarse como ámbito de actuación cotidiana, especialmente en momentos económicos críticos, de recomposición del tejido productivo, acompañados de cambios normativos que remiten a aquellos la negociación de condiciones vitales para el conjunto de trabajadores.

Tales cambios afectan a sus estrategias de acción, que no pueden ceñirse a la negociación colectiva y a exteriorizar el conflicto, sino ampliarse al diálogo social y a cierta cooperación en el marco de la empresa, con la ampliación de los derechos de información y control, hoy básicos en las relaciones laborales, junto a una promoción de la composición extrajudicial del conflicto. No pueden permanecer ajenos a nuevas demandas en materia de ecología o a problemas de los trabajadores de países menos desarrollados o emergentes, ni a la transformación del significado del trabajo en la sociedad actual, donde el conflicto laboral ya no es el único que acapara las energías sociales. Y en la que, en ocasiones, el ejercicio del derecho de huelga, especialmente si afecta a servicios esenciales de la comunidad, se percibe por la ciudadanía como una excesiva manifestación de un limitado poder sindical.

Las transformaciones del modelo productivo quebraron, hace tiempo, el concepto unitario de trabajador. La tradicional y nítida separación entre trabajadores públicos y privados se va difuminando progresivamente, profundizándose la brecha entre trabajadores fijos (especie en extinción) y temporales (en progresivo ascenso y excusa para minorar los derechos de los primeros), proliferan nuevas categorías de “trabajadores” (autónomos económicamente dependientes), cuando no se buscan “modernas” denominaciones para viejas fórmulas de prestación de actividad laboral (“emprendedores” o “teletrabajo”). Se ha roto la homogeneidad de la clase trabajadora, fisurada hace más de tres décadas, al resquebrajarse el modelo industrial sustentador. Los centros fabriles que concentraban un gran número de trabajadores con demandas uniformes son ya un recuerdo que solo evocan las grandes empresas y el sector público (educación y sanidad, especialmente). Y, aun en aquellos ámbitos, se rompen valores tradicionales, como la solidaridad, por la multiplicidad de pretensiones convergentes que fragmentan los intereses de los trabajadores y reclaman la atención a colectivos específicos (mujeres, desempleados, precarios, jóvenes, inmigrantes o trabajadores que superan cierta edad, enfrentados a las concertinas del mercado laboral). La presencia sindical apenas alcanza al 5% del conjunto de empresas (Eurostat-2013). Ello, junto a un desempleo desbocado, limita las posibilidades de acción de los sindicatos, mermando gravemente su potencial negociador e incrementando el poder empresarial.

los sindicatos afrontan una comprometida situación, en un contexto económico amorfo y cambiante, a la que no son ajenas sus propias deficiencias estratégicas.

Conviene rediseñar las estrategias sindicales para entablillar esas fracturas, atendiendo a los grupos y sectores más desfavorecidos con prioridad al núcleo cada vez más reducido de trabajadores a tiempo completo en ámbitos donde más cómodamente operan los sindicatos (administración pública y grandes empresas), adaptando las estructuras de negociación, información, control y conflicto a esas nuevas necesidades. Sin olvidar el fenómeno de los grupos de empresa, que resalta la importancia de la proyección internacional del sindicato, especialmente en el espacio europeo, como elemento corrector y reequilibrador de “egoísmos” nacionales, que se traducen en graves déficits económicos y sociales del maltrecho proyecto europeo, especialmente en su vertiente social. Un mercado global no puede controlarse sólo a través de instrumentos jurídicos nacionales. La idea de supranacionalidad debe presidir el establecimiento de unos derechos fundamentales básicos que no admitan infra regulaciones. El sindicato debe adecuar sus estructuras y estrategias para una “alianza global”, coordinada con sindicatos de otros países, con movimientos sociales (grupos de género o ecologistas, por ejemplificar), con asociaciones de consumidores, con plurales plataformas y sindicatos de diverso cuño, para afrontar globalmente la indisimulada desarticulación global de derechos laborales trabajosamente logrados.

La ampliación de la base afiliativa pasa por recuperar a los jóvenes, sin cuyo concurso no hay futuro. Jóvenes con nuevos intereses, planteamientos y perspectivas, que no son una mera masa de desempleados sin futuro inmediato, sino futuros trabajadores que no han de ver en él una rémora del pasado y un discurso sindical que solo pálidamente refleja sus inquietudes. Hay que saludar e impulsar las propuestas de rejuvenecimiento de los cargos sindicales y fomentar la participación activa del colectivo en el diseño de las estrategias sindicales, porque los jóvenes conocen y padecen directamente la realidad y dificultades de su entorno. Ellos, con visión y lenguaje distintos, pueden desplegar toda la potencialidad de las nuevas tecnologías como medio de acción sindical, compaginando los medios tradicionales con las redes sociales, fomentar la formación on line, utilizar las nuevas tecnologías para informar, aprovechar el impacto de los testimonios en la red, impulsar en ella las protestas, fomentar el videosindicalismo, el cyberactivismo y cualesquiera otros mecanismos que la propia evolución de las tecnologías de la información y la comunicación vayan paulatinamente ofreciendo. Ejemplos no faltan. Son los jóvenes quienes pueden conectar con un nuevo segmento de trabajadores de diverso signo que dependen crecientemente de la telemática para efectuar su trabajo, sometidos a un nuevo “cybertaylorismo” (el denominado “cybertariat” o ciberproletariado).

Los cambios esbozados sitúan al sindicato ante un laberinto cuya vía de salida requiere adecuar, afianzar y aplicar efectivamente valores tradicionales del movimiento sindical, como la solidaridad y la prioritaria defensa de los más desfavorecidos, utilizando nuevos instrumentos de acción. Y ello en un entorno ideológico profundamente individualista.

Como otras organizaciones, los sindicatos han de regenerarse éticamente con el máximo de trasparencia y rigor interno frente a eventuales desviaciones de un código ético efectivo (no programático) que está en su genética tradicional, permitiéndoles recuperar y sustentar a futuro su credibilidad, dañada por algunas situaciones conocidas, inaceptables y a erradicar. Es una responsabilidad colectiva que han de asumir los máximos órganos de dirección de la organización, con especial celo por prevenir, investigar y neutralizar cualquier comportamiento censurable y, ante dudas razonables o indicios fundados de comportamientos contrarios a la ética sindical, reaccionar con contundencia.

Conviene reflexionar, en fin, sobre la exigencia constitucional de funcionamiento democrático de los sindicatos o, desde otra perspectiva, sobre su burocratización y alejamiento de sus bases, militantes y sociales, porque lo que se reclama razonablemente a otras organizaciones públicas –partidos políticos o privadas organizaciones empresariales o empresas , tampoco puede ignorarse por quien lo reclama.

En síntesis, los sindicatos afrontan una comprometida situación, derivada de factores múltiples, en un contexto económico amorfo y cambiante, pero a la que no son ajenas sus propias deficiencias estratégicas, así como su aún escasa atención a nuevas capas de trabajadores y su dificultad de penetración en sectores y actividades en expansión. Ello favorece el surgimiento de organizaciones corporativas y escasamente solidarias de sector y empresa, acentuándose el egoísmo o individualismo de amplias capas de trabajadores. La historia, el papel institucional y la grave situación económica y social exigen transformaciones capaces de recuperar en el sindicato su función de reequilibrio colectivo en unas nuevas condiciones ciertamente adversas. La opción es renovarse o quedar sumidos en un coma profundo e irreversible, que arriesgaría la defensa consensuada y eficiente de los plurales intereses de los trabajadores, ineludible en momentos de grave crisis económica.

En un sistema democrático de relaciones laborales, la negociación colectiva, los derechos de información y control en la empresa y el diálogo social son inexcusables puntos de apoyo para gestionar las profundas transformaciones operadas. Ello pasa por mantener unos sindicatos solventes, capaces de asumir sus importantes funciones constitucionales, contribuyendo a la adaptación de la organización del trabajo a los cambios objetivos del modelo productivo y garantizando, al tiempo, una eficiente democratización del sistema socioeconómico. Reflexionar sobre el sindicato implica interrogarse por la salud democrática de nuestro sistema de relaciones laborales.

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 (1)Suscriben el contenido del presente artículo Ana de Marcos, Andrés García, Antonio Arroyo, Antonio Rovira, Beatriz Gregoraci, Blanca Mendoza, Blanca Rodríguez Chaves, Borja Suárez, Clara Álvarez, Elena García Guitian, Esther Gómez Calle, Fernando Martínez, Isabel Arana, José Luis López, José María Blanch, José Ramón Montero, Juan Antonio Lascuraín, Julián Sauquillo, Manuel Sánchez Reinón, Maria Luisa Aparicio, Marta Lorente, Mercedes Pérez Manzano, Raquel Escutia, Soledad Torrecuadrada y Visitación Álvarez, profesores de la Facultad de Derecho de la UAM.