Teresa García Cao

Presidenta del Comité de Empresa de Telemadrid

Desde que el pasado 5 de diciembre la dirección del Ente Público Radio Televisión Madrid presentó su propuesta de despedir a 925 de los 1164 trabajadores, fundamentando su decisión 'en causas de carácter económico derivadas de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación del correspondiente servicio público', no se ha movido prácticamente de su posición inicial, negando la negociación y con ello evitar cualquier posibilidad de acuerdo con la representación sindical de los trabajadores.

La decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, largamente buscada y preparada por los gestores del Ente Público Radio Televisión Madrid, es la de un medio de comunicación que de público solo mantiene su titularidad y que privatiza ('externaliza', dicen ellos) la programación para ofrecérsela en bandeja a las productoras privadas, limpias, eso sí, de plantilla y de derechos laborales.

Con el fin de mantener las apariencias, al tiempo que sirven a la mayor gloria de quien manda, básicamente salvan de esta carnicería a los directivos (los más de 40 existentes permanecen en sus puestos, sin contenido pero con sus salarios) y a una parte de la redacción, aquella que se ha mantenido dócil a los dictados del poder político.

Intensos pero estériles han sido los intentos de la representación de los trabajadores, por abrir vías de negociación, con propuestas y alternativas, como intensa, ejemplar y masiva viene siendo la participación de la plantilla en la extensión y popularización de la necesidad de una radiotelevisión pública independiente de todos y para todos.

Las propuestas que ha presentado la representación sindical parten de las consideraciones previas que legalmente deben enmarcar el despido colectivo pretendido por el Ente Público Radio Televisión Madrid:

1. Apostar por el acuerdo para encontrar, a través de la consulta y negociaciones previas, la posibilidad de evitar o reducir como mínimo los despidos colectivos, y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento (RD 1483/2012, art 7)

2. Con independencia de nuestra opinión al respecto, sujeción al presupuesto de 86 M/€ aprobado para 2013 por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, así como a las demás normas que regulan la estabilidad presupuestaria para las empresas públicas.

3. Encaje del conjunto de las propuestas en un Plan de Negocio o de Viabilidad a medio y largo plazo, elemento este ausente de la propuesta empresarial a pesar de haber sido solicitado con insistencia a lo largo del periodo de consulta

La propuesta empresarial para el masivo despido manifiesta basarse, de manera exclusiva, en causas económicas derivadas de insuficiencia presupuestaria. Sin embargo todos sus argumentos tienen como origen y destino final causas esencialmente organizativas que en ningún momento han sido explicitadas, moviéndose en la más absoluta de las opacidades. Quieren, y así se ha venido planteando, sustituir un modelo -el actual- que se hace con plantilla y producción propia en todo lo posible por otro del cual se niegan a informar de cómo y con qué medios materiales y humanos se realizarán, del que solo se nos cuenta que se hará con empresas externas que se ajustarán a los presupuestos.

Han incumplido el compromiso de negociación asumido inicialmente por el Presidente del Gobierno de la Comunidad, y los pasos que han dado, lo han sido solo en la dirección de evitar a toda costa un acuerdo en la negociación.

Las propuestas de la representación sindical han intentado conciliar la situación económica general y la particular del EPRTVM, la continuidad en la prestación de un servicio público legalmente exigible y el mantenimiento de la mayor parte de puestos de trabajo posibles a través de medidas concretas que se contemplan para su negociación en un Plan Social de acompañamiento, cuyos elementos esenciales, entendidos siempre de manera flexible con el fin de no predeterminar negativamente un posible acuerdo, se han reiterado hasta la saciedad:

1. Recolocación de un número aproximado de 150 puestos de trabajo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en línea con lo hablado a este respecto entre el Presidente y los sindicatos más representativos de la misma, teniendo que proceder la Comunidad a ampliar los perfiles necesarios, más allá de los puestos con perfil administrativo, para recolocar a los trabajadores.

2. Bajas incentivadas voluntarias, que en función de la indemnización ofrecida pudieran acoger a un número mínimo aproximado de 100 personas.

3. Prejubilaciones para personas con edad igual/superior a 55 años durante los tres próximos años, en términos similares a los ofertados por la representación empresarial (neto 80%, tasa revalorización del 2.5% y enlace jubilación a 64 años), dentro de un plan cuyos costes se distribuirían en varios años.  Aproximadamente y por los datos aportados por la dirección unas 120 personas podrían resultar afectadas por esta causa

4. Apuesta por cambiar la flexibilidad externa pretendida por la empresa, concretada en el despido del 80% de la plantilla, por otra de carácter interno que, renunciando a las bajas no voluntarias, apueste por la adopción de medidas concretas de flexibilidad en y para la plantilla con el fin de facilitar un modelo de gestión empresarial que concilie el necesario y exigible equilibrio entre presupuesto disponible, plantilla existente y modelo público a prestar, entre ellas:

- Reducciones temporales de jornada, al 50 % y/o al 25%, durante un periodo de dos años

- Renegociación de aquellos aspectos del Convenio Colectivo que resulten necesarios a los fines perseguidos, tanto desde el punto de vista de la masa salarial y su distribución en salarios u otros complementos como de las condiciones de trabajo pactadas, todo ello en un marco de transitoriedad por el tiempo que se acordase y con el fin último de la estabilidad en los empleos que se mantienen

5. Todas estas propuestas son efectivamente posibles en el marco presupuestario acordado por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que respetamos aún no compartiéndolo, y constituyen a nuestro juicio las bases para un preacuerdo suficiente que mantendría el equilibrio y la proporcionalidad exigibles entre las medidas deseadas por cada una de las partes. Con el fin de concretar y ultimar con acuerdo definitivo la presente negociación se vuelve a reiterar la necesidad de prolongar las conversaciones en unos días, más allá de los estrictos plazos, como así se ha hecho en negociaciones de otras regulaciones de empleo -también en el ámbito de la empresa pública- que han finalizado con acuerdo. Solo ha faltado la voluntad política para querer acordar, una vez que la representación de los trabajadores ha allanado el camino.